Uno en la Procuraduría y en todas las instituciones que terminan en ía, no es que pueda confiar mucho. Pero alguna de vez en cuando resulta. Es el caso de la decisión que acaba de darse a conocer públicamente en cuanto al policía Ángel Zúñiga. La Procuraduría, en buena hora, lo absuelve.
Algunos recordarán que hacia junio de 2020, en pleno horror de la pandemia cuando todo agonizaba, Zúñiga se negó a cumplir una orden de desalojo de familias en una zona cercana a Cali. Lo hizo por razones éticas, por la convicción profunda de que no era posible en ese momento tirar más gente al abismo.
En su momento se reseñó así en estas páginas y por eso hoy produce descanso destacar la decisión de la Procuraduría:
“Zuñiga… su postura es madura, inteligente, eficaz para abrir un enorme agujero en la conciencia de los brutos, de los mansos, de los burócratas cuando tienden a hacer de la irreflexión y del sello oficial poderosa arma; su actitud enérgicamente humanitaria en un día cualquiera pone contra la pared tanta basura escrita por años en ruinosas tablas de la ley, en la ley misma la mayoría de las veces cargada de desteñida tinta y vacío.
Nuestro policía -Zúñiga ya lo es-, expresa contundente que está para defender derechos humanos, no para violarlos; no puede cumplir la orden de sacar a una señora de la casa que habita; le parece injusto e inaceptable que las máquinas retroexcavadoras tumben los sembradíos e improvisados cambuches de las familias contra las cuales recae la orden de desalojo, y más en este tiempo crítico de pandemia, sin que tampoco se ofrezca a aquéllas alguna alternativa de reubicación o amparo. Prudente y muy responsable ofrece a sus superiores entregarles el arma de dotación y quitarse el uniforme. Él no ha trabajado durante diez años en la institución para hacer cosas como esa, esto que le parece éticamente reprochable.
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En el pronunciamiento agudo que se oye en la grabación, este policía, que por supuesto tiene todo el derecho de hacerlo, expresa una objeción de conciencia protegida constitucionalmente
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En el pronunciamiento agudo que se oye en la grabación, este policía, que por supuesto tiene todo el derecho de hacerlo, expresa una objeción de conciencia protegida constitucionalmente y aceptada en las reglas básicas de los derechos humanos universalmente reconocidos. En el momento y lugar preciso argumenta ante la comunidad y frente a sus superiores motivos éticos claros para negarse a cumplir una orden que considera indigna, por encima del hecho de ser servidor público, o más bien, precisamente por la razón de serlo. Zúñiga no entra en el agujero oscuro de discutir si la orden es legal, pero sopesa con lucidez que se echa en falta en jueces y funcionarios oficiales y oficialistas, la legitimidad misma de tal orden, pone en la balanza bienes y derechos en debate y opta por situarse del lado de los más débiles, sobre todo en un momento de crisis que es de conocimiento y padecimiento general.
…No importa que ahora cuando lo investigarán disciplinariamente y escarbarán en su pasado para hallar alguna huella, acaso encuentren alguna; no importa, pues lo que hizo un día poniéndose del lado de la inteligencia vale por sí mismo, se queda para siempre, está imborrable para las familias que pudieron presenciarlo en carne, hueso y con uniforme convertirse en “defensor del pueblo”.
En cuanto a la Policía, cada abuso, cada agresión, cada nota de corrupción, el trancón, la bestialidad del crimen, el exceso de autoridad que termina por derruir la autoridad, cada hecho de uno se vuelve un acto de todos, el policía que hace alguna mala jugada es a fin de cuentas en la mente ciudadana la Policía.
En la bruma y en la calle se torna cómodo atribuirle la culpa de todo: la inutilidad del alcalde que echa volutas de humo, la corrupción del juez o del secretario.
Bueno, pues siempre viene bien destacar una. Zúñiga también es esa institución.
