‘Vivir sobre los Cerros Orientales no da estatus’: director de la CAR

En una entrevista, Néstor Franco aborda la problemática de las construcciones en las montañas de la Sabana bogotana, incluidos los Cerros Orientales

Por: Octavio Pineda
junio 16, 2016
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‘Vivir sobre los Cerros Orientales no da estatus’: director de la CAR

En años recientes, las montañas de la Sabana bogotana se han ido plagando de construcciones. Basta ver lo que ocurre, como caso lamentable, en los alrededores de Chía. Y los Cerros Orientales de Bogotá, aunque en menor grado, no han estado exentos de este flagelo.

En entrevista, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Franco, aborda la problemática de manera esclarecedora.

Y aunque señala como uno de los principales problemas la falta de conciencia ambiental de la ciudadanía en su conjunto --que ha permitido e incluso propiciado este fenómeno-- al final de la entrevista persiste la sensación de que falta por parte del Estado colombiano una postura más firme y comprometida en defensa del patrimonio ambiental y paisajístico que representan las montañas de la Sabana bogotana.

En la capital del país y la sabana, uno ve con tristeza que el patrimonio ambiental y paisajístico que representan los Cerros Orientales y otras montañas se ha ido deteriorando, ¿qué apreciación general tiene del tema?

Los Cerros Orientales son un área de reserva de interés no sólo distrital sino nacional y está legalmente protegida. Hemos tenido sobretodo en la década de los 80 y 90 algunos intentos de presión contra los Cerros, algo muy parecido a lo que ocurrió en Medellín, donde prácticamente se comieron todos los cerros.

Han habido diversos intentos de invadirlos, tanto en estrato uno y dos, por ejemplo detrás del Parque Nacional, como en estrato seis, en el costado oriental del Metropolitan Club, con el tema de Bagazal.

Los Cerros tienen medidas de protección legal y judicial (porque sobre ellos media una decisión judicial que impone al distrito la obligación de impedir la construcción a partir de una determinada cota, por fallo del Consejo de Estado), así que las herramientas legales las tenemos. Debemos armonizar el ejercicio de la autoridad ambiental urbana, que es la Secretaría de Ambiente, con las autoridades de Planeación y las curadurías urbanas, porque todo el problema de presión hacia los Cerros nace desde que un ciudadano se acerca a una curaduría urbana a legalizar su licencia de construcción y no se tienen las debidas precauciones para no expedirla en atención a que no es susceptible de expedición ninguna licencia de construcción en el área de Cerros Orientales. Tiene que haber una labor de coordinación muy fuerte entre Secretarías de Planeación y Ambiente del distrito, alcaldías locales (Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal, Chapinero y Usaquén) y autoridades de Policía para que nos garanticen desde lo urbano que no se genere ningún tipo de derecho a cualquier ciudadano en desmejora de los Cerros Orientales, junto con la CAR.

¿A qué se debe que muchas montañas al norte de Bogotá, como en Chía o La Calera, se han ido plagando de construcciones, si en teoría uno no debería construir ahí (ausencia de decreto de reservas, cambios irregulares de uso de suelo, tráfico de influencias, presión de constructores, corrupción)?

La problemática de los municipios de la sabana no puede mirarse de manera aislada de la de Bogotá. Cuando la ciudad tiene problemas de escasez de suelo o dificulta procesos de construcción en ella, ha estimulado que los constructores, como no se pueden quedar quietos, buscaran áreas colonizables y se generó prácticamente toda una estrategia de construcción de la sabana (La Calera, Sopó, Chía, Cajicá, Cota, Mosquera, Funza, Soacha, etc…) y las grandes empresas constructoras voltearon sus ojos hacia allá y encontraron unos municipios con una estructura administrativa muy pequeña, donde las oficinas de planeación son deficientes, porque apenas tienen escasamente un profesional en arquitectura, en desarrollo urbano o en ingeniería y se vieron inundados de peticiones de licencias, donde llegaba una gran empresa, con todo un equipo multidisciplinario, a convencer al funcionario de planeación o al alcalde sobre las “grandes ventajas o bondades”, entre comillas, de las nuevas implantaciones constructivas en esos municipios.

¿Por qué ahí la CAR, como autoridad ambiental, no ha podido hacer mucho al respecto para frenar ese fenómeno?

Porque no es un fenómeno que corresponda a una ola de uno o dos años, sino que se fue incubando desde finales de los 90, cuando se diseñaron los Planes de Ordenamiento Territorial (POTs), con una visión de 10 años (muchos fueron aprobados entre 2000 y 2002), con concertación de la CAR desde lo ambiental y se habilitaron cambios de uso de suelo bajo el predicamento de que esa era una mera expectativa para tener bancos de tierra disponible y posibilidades de desarrollo futuro, pero dada la escasez de suelo en Bogotá, de inmediato se aceleraron los procesos constructivos en la sabana.

Ahí lo que hemos hecho es no solo verificar el respeto a los POTs, sino que cualquier modificación tenga una detallada labor de concertación ambiental. Hoy no podría argumentar sobre situaciones de hace ocho o cinco años, porque la foto actual de la sabana de Bogotá es absolutamente distinta y ahí los municipios, con las dificultades presupuestales o fiscales que tenían, encontraron una muy buena fuente de financiamiento mediante el mayor licenciamiento de construcción.

También puede haber problemas de poca racionalidad, no descarto los temas que menciona de posible tráfico de influencias o corrupción, como lamentablemente ocurre en muchos quehaceres de la cosa pública, pero la causa más importante de este problema es no lograr hoy día una visión mancomunada o concertada de un proyecto de ciudad-región, zona metropolitana u otra figura que logre poner en una sola mesa a los 10 o 15 alcaldes de la provincia al mismo nivel del de Bogotá para que puedan discutir todos su visión de territorio, que es lo que trata de hacer ahorita la CAR.

En estrato seis, hay otros casos emblemáticos como Cerros de los Alpes, en Usaquén (C121-125), donde la ampliación del conjunto residencial se construyó en plena montaña. ¿Qué opina de ese caso en particular?

No puedo opinar mucho al respecto porque no tengo el expediente y tengo entendido que había una colisión de competencias entre la Secretaría de Ambiente de Bogotá y la CAR, pero ahí hay dos ópticas para analizar el problema. Uno es el problema de los derechos adquiridos derivados de las licencias de construcción; lamentablemente después de que la licencia es otorgada, los procesos judiciales o administrativos para derogar el licenciamiento pasan por lo menos por cuatro o cinco entidades.

Pero un problema mucho más complejo es que el constructor construye en la medida que el ciudadano compre; si el bogotano tuviera conciencia plena de que vivir en el oriente no le da estatus y de que tener una vista desde un piso 20 en los Cerros Orientales no lo hace mejor ciudadano, muy seguramente el constructor no construiría allá, sino en el occidente de Bogotá o las zonas planas de la sabana. La conciencia ambiental no debe predicarse unilateralmente.

Nosotros sí debemos hacer un llamado al ciudadano bogotano para que se baje del cuento de que vivir más alto o en los Cerros Orientales de Bogotá le genera más estatus o un plus a sabiendas de que no es así. Lamentablemente esta sociedad bogotana sigue todavía muy pegada del almidón, del qué dirán y del cómo me ven.

¿Qué pasa con la cantera de la calle 153, que literalmente se comió la montaña?

Esa cantera es de competencia de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, hay que verlo con ellos. Pero el problema de fondo es que Bogotá se construyó durante el siglo pasado (de inicios a mediados de 1900) sacando material de los Cerros Orientales, lamentablemente fue el sitio más cercano y de eso quedan unos remanentes o unas heridas a los Cerros que por fortuna ya son pocas. Estamos haciendo el ejercicio sobre algunas del borde de la séptima sobre la 200, donde tenemos competencia y venimos haciendo seguimiento y control y generando medidas, porque infortunadamente son canteras que en su oportunidad contaron con título minero y licencia ambiental.

Tomando en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que priorizan el cuidado de montañas y bosques, ¿no está Colombia muy lejos de poder alcanzar esos objetivos?

Lo podemos lograr, pero no solo desde una entidad pública: los objetivos que se traza Naciones Unidas o la comunidad internacional frente al medio ambiente no pueden ser impuestos ni depositados únicamente en las entidades públicas, sino ampliamente socializados y compartidos por el demandante y el prestador de servicios ambientales y las entidades responsables de mediar entre oferta y demanda, que somos las autoridades ambientales. Tiene que ser un trabajo muy compartido e interiorizado por todo el ciudadano.

Si la CAR detecta una irregularidad puntual por parte de alguna otra entidad, como ocurrió en 2005 con el Ministerio de Ambiente (que sustrajo 973 hectáreas de la reserva de los Cerros), ¿tiene atribuciones o facultades para compulsar copias de alguna investigación o solicitar investigación a la Fiscalía u otra autoridad competente?

No solo en ese caso. En cualquier caso donde la entidad o el servidor público detecte o establezca que hay una presunta irregularidad de una actuación de otra entidad o servidor público que atente o derive en daños a la comunidad, estamos en la obligación de denunciar, es un deber propio de todo servidor público.

En casos muy visibles o denunciados por la ciudadanía que enfrenten resistencia de los propios constructores con irregularidades, ¿han buscado o pensado en buscar el apoyo del presidente Santos para que tengan más fuerza las acciones de la CAR?

Aquí no se trata de quién ejerza como presidente de la República o director de la CAR, tenemos una distribución de competencias dentro del sistema nacional ambiental, donde cada entidad tiene una caja de herramientas que tiene que utilizar y el asunto es si el servidor público las utiliza de mejor o mediana manera o no las utiliza, pero las herramientas están ahí. En el caso puntual de Bagazal, cuando lo conocí, ofrecí en una reunión revisarlo y las competencias que tenía para actuar, y tras esa reunión en febrero o marzo evaluamos toda la situación de los expedientes y llegamos a las decisiones que hemos tomado a la fecha.

¿Es una muestra de que cuando la misma ciudadanía se organiza y pone en evidencia irregularidades puntuales se puede actuar mejor?

Claro, pero también depende mucho de cómo el funcionario público administre la caja de herramientas, porque usted puede tener ahí el alicante, pero tiene que saber si toca girarlo hacia un lado o hacia el otro.

 

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