¿Vendetta tras la audiencia sobre el glifosato?

Luego del debate, Emilio Archila pidió la renuncia de una funcionaria del gobierno, al parecer porque sin querer ayudó a dejar mal parado al ministro de Defensa

Por: Juan Francisco Ruggiero Rodríguez
Marzo 13, 2019
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¿Vendetta tras la audiencia sobre el glifosato?
Foto: Twitter @EmilioJArchila

Tres ministros del gabinete del presidente Duque estuvieron el jueves 7 de marzo en una audiencia sobre el glifosato en la Corte Constitucional. Sin embargo, cuando fueron interrogados por los magistrados, la concurrencia debió preguntarse por qué fueron elegidos como representantes del gobierno si mostraron una enorme ignorancia en el tema. Si les encomendaron la misión de sostener la posición del gobierno, ¿no deberían haberse preparado?

La situación más ridícula la protagonizó el ministro de defensa, quien con descaro mintió dos veces al decir que fumigar una hectárea con aspersión aérea costaba dos millones de pesos y que la erradicación manual tenía un costo superior. Si no tenía conocimiento debió admitirlo con sensatez en vez de responder con una ocurrencia que poco después sería aplastada por Diana Rodríguez subdirectora de Dejusticia. Ella, con información obtenida con un derecho de petición a un programa de la presidencia, dejó en claro que entre 2005 y 20014 la erradicación de una hectárea con aspersión aérea tuvo un costo de 72 millones de pesos y que resultaba superior en más de tres veces al costo de la erradicación manual (23 millones).

Al finalizar la intervención, un funcionario del gobierno se acercó a Diana Rodríguez para indagar sobre el origen de sus informaciones. Esta persona era Emilio Archila, alto consejero para la estabilización, quien, según revela el portal de noticias Lasillavacía, al día siguiente, casualmente, pidió la renuncia a quien contestó el derecho de petición.

Para despejar el olor a retaliación, Archila dijo que la solicitud de renuncia se tomaba en razón a que dentro del marco de una reforma a la estructura de la presidencia pasaban a la consejería las funciones de la dirección del PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), o sea que se suprimía el cargo que era ocupado por Claudia Salcedo porque ya no era necesario. La insostenibilidad de esa dirección se hizo patente cuando se supo que la titular había firmado la respuesta al derecho de petición que sirvió para dejar indefenso a todo un ministro de defensa. ¿Quizás si el ministro hubiese incurrido en la insólita idea de preparar el debate habría respondido a conciencia?

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