Texto escrito por: Nerio Luis Mejia
Es una vergüenza para nuestra sociedad y ante el mundo que quienes tienen la responsabilidad de dirigir el destino del país —elegidos mediante el voto popular en lo que llamamos democracia participativa— hoy acumulen cuentas pendientes con la justicia y organismos disciplinarios.
Parece una historia macondiana, inverosímil: de los 286 congresistas que integran la corporación, 53 elegidos para el período 2026–2030 enfrentan investigaciones o sanciones disciplinarias. Es decir, casi un 20 %. Algunos ya han sido condenados por corrupción, como el caso del senador por Norte de Santander, Wílmer Carrillo. No es un chiste, es una tragedia: una democracia tan antigua como la nuestra se encuentra herida de muerte por la corrupción. Y todavía hay quienes se preguntan por qué tanta abstención electoral; la respuesta está en la conducta de quienes compran votos y acumulan promesas incumplidas.
Mientras un colombiano de a pie, en busca de empleo, debe presentar un currículo extenso y demostrar antecedentes limpios para aspirar a un salario mínimo, quienes ganan treinta veces más y trabajan menos tiempo exhiben expedientes penales y disciplinarios que reposan en el silencio cómplice de una justicia que se revuelca entre las sábanas con la corrupción. Procesos que llevan más de veinte años engavetados revelan que la crisis no es solo política: es también judicial.
Los principales medios de comunicación apenas rozan estas noticias, informan de manera general sin profundizar en las implicaciones. Pero la corrupción no se limita al Congreso: se extiende por todas las esferas del poder público —concejales, alcaldes, gobernadores— que continúan en funciones mientras son defendidos por poderosas firmas de abogados expertos en prescripción de términos. Los encorbatados disfrutan del saqueo del erario público mientras la salud, la educación y los servicios sociales se acercan al colapso.
La Comisión de Acusación de la Cámara es un chiste: un aparato que funciona con el pago de favores. A veces parece florecer la justicia en la Corte Suprema, pero tampoco escapa a señalamientos por el trato preferente hacia congresistas que eligen ternas de magistrados. Antes incluso de la posesión, algunos congresistas ya están privados de la libertad, como Wadith Manzur y Karen Manrique; otros, como la senadora Martha Peralta, han sido llamados a indagatoria. Los más hábiles, expertos en saquear la nación, esquivan la justicia con la dilación de procesos. Una completa vergüenza: los representantes del poder público son los responsables de herir de muerte a la democracia.
A pesar de las investigaciones, estos congresistas implicados en corrupción siguen ostentando poder en las regiones. Sus tentáculos alcanzan alcaldías y gobernaciones, convirtiendo la democracia en un mecanismo para enriquecerse a costa del pueblo. Lo más triste es ver a jóvenes profesionales que, con tal de mantener sus cargos, se acuestan con el mejor postor, semejantes a meretrices, sin importar el rumbo de sus vidas ni el señalamiento de la ignominia.
La corrupción no es solo un delito: es un cáncer que carcome las instituciones, destruye la confianza ciudadana y convierte la democracia en un cadáver que se pasea por los pasillos del poder.
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