Universidad Tecnológica del Chocó: Medidas, irregularidades y destituciones

Universidad Tecnológica del Chocó: Medidas, irregularidades y destituciones

La universidad sigue bajo vigilancia, y persisten las dudas sobre si el MinEducación busca proteger intereses particulares o garantizar una gestión transparente

Por: Paola Plazas Rios
septiembre 18, 2024
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Universidad Tecnológica del Chocó: Medidas, irregularidades y destituciones

Desde octubre de 2023, el Ministerio de Educación habría ordenado a David Emilio Mosquera, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), implementar varias medidas cruciales para la institución. Entre ellas, destacaba la creación de una fiducia para la administración de los fondos de la universidad.

El Ministerio también exigía un plan de mejoramiento orientado a implementar reformas, establecer procedimientos más rigurosos y asegurar un mayor control administrativo. Este plan debía ser ejecutado en colaboración con diversos sectores. En su momento, Mosquera, como rector y representante legal de la UTCH, aseguró en un comunicado oficial que acataría la Resolución No. 018742 del 6 de octubre de 2023, en la cual el Ministerio establecía medidas preventivas y una vigilancia especial sobre la universidad.

No obstante, la ministra de Educación, Aurora Vergara, reforzó dichas medidas mediante la Resolución 025526 del 27 de diciembre de 2023, aparentemente basándose en el informe de un inspector in situ.

Para febrero de 2024, la fiducia aún no había sido implementada en su totalidad, presuntamente debido a problemas técnicos y dificultades contractuales expuestos por Mosquera. Asimismo, la universidad se encontraba paralizada por huelgas sindicales que afectaban gravemente su funcionamiento. A pesar de esto, el plan de mejoramiento comenzaba a gestarse mediante mesas de trabajo con estudiantes, sindicatos, la comunidad educativa, la Gobernación del Chocó, entidades gubernamentales y órganos de control.

El 20 de abril de 2024, el plan discutido en esas mesas fue aprobado por la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las Instituciones de Educación Superior y enviado a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio para su revisión. Sin embargo, dos meses después, el 27 de junio, esta última informó que el plan "aún se encontraba en revisión", lo que evidenciaba aparentemente las demoras desde el Ministerio para el proceso de aprobación del Plan de Mejoramiento.

¿LA FIDUCIA: EXCUSA o RETÓRICA?

La demora en la implementación de la fiducia aparentemente aumentó la presión del Ministerio y en abril de 2024, se realizaría una nueva visita de inspección. Donde al parecer se evidenciaba que se estaría haciendo la gestión, pero al parecer seguía no estaba al 100%. En julio de 2024, la ministra Vergara decidió separar a Mosquera de su cargo mediante la Resolución 011010 del 5 de julio de 2024, destitución, que se habría ejecutado al parecer sin que a Mosquera se le brindara un debido proceso, negándole la oportunidad de defenderse antes de ser relevado de sus funciones.

DESIGNACIÓN RECTOR ENCARGADO

Antes de dejar su cargo, Aurora Vergara nombró a Vanessa Sánchez Ruiz, quien había sido su asesora entre mayo de 2023 y julio de 2024, como rectora encargada de la UTCH. Este nombramiento fue oficializado mediante la Resolución 012396 del 26 de julio de 2024, pocos días antes de la salida de Vergara. La designación de Sánchez ha generado controversia, en especial porque durante su breve gestión surgió denuncias sobre presuntos malos manejos de recursos de la Universidad que habría ordenado por un valor de doce mil millones de pesos. Según VeeduChocó, quien realizo la denuncia, estos recursos habrían sido gastados sin haberse implementado la fiducia, lo que genera serias dudas sobre los motivos reales detrás de la destitución de Mosquera por el Ministerio.

Como respuesta a la denuncia de Veeduchocó, Sánchez respondió en un comunicado que esos recursos habían sido girados en cumplimiento de compromisos laborales, contractuales y misionales que al parecer habrían sido adquiridos con anterioridad a su nombramiento y llegada. Asimismo, en un anexo que acompañó el comunicado de manera discriminada señaló los recursos que autorizo reconociendo haber pagado $7.150.667,198 millones de pesos y dejado proyectado para pago $2.368.217,537 millones de pesos, sumando un total de $9.518.884,735 millones de pesos en lugar de los $12.763.114,051 millones de pesos de la certificación expedida sobre el gasto solicitada por Veeduchocó a la Universidad, lo que deja un vacío del gasto ordenado por $3.244.230 millones de pesos.

LA DISPUTA

El 2 de septiembre de 2024, un juez administrativo de Quibdó ordenó el reintegro de Mosquera como medida cautelar, en medio de un proceso que este mismo inició contra el Ministerio de Educación por violación al debido proceso. A pesar de esta orden judicial y la supuesta notificación a los interesados, Sánchez Ruiz, a través de su cuenta de X, rechazó el fallo, argumentando que solo el Ministerio podría oficializar y que aún no había sido notificada.

Para el 5 de septiembre de 2024, sobre esta medida, el Ministerio de Educación, lejos de acatar la decisión judicial, solicitó al juez que aclarara la medida cautelar, argumentando que el proceso de vigilancia especial que llevó a la destitución del rector no es competencia del juez ni depende de su demanda. Además, el Ministerio enfatizó en su derecho a impugnar la medida cautelar, lo que en la práctica frenaría el reintegro.

A esto se suma también la solicitud del Ministerio al juez de Quibdó para que reconozca que dicho juzgado no tiene competencia territorial sobre el caso, argumentando que las decisiones del Ministerio de Educación deben ser evaluadas en Bogotá, no en Quibdó. Con estas acciones el Ministerio al parecer, trataría de alguna manera intentar dilatar el proceso y mantener a Sánchez en el cargo. Mientras tanto, las razones detrás de la insistencia del Ministerio en mantener a Sánchez en el cargo, a pesar de la orden judicial, estarían generando suspicacias entre la comunidad universitaria y población en general.  

En conclusión, aunque la Universidad Tecnológica del Chocó sigue bajo vigilancia, al parecer persisten las dudas entre la comunidad universitaria y la población en general sobre si las acciones del Ministerio de Educación están realmente orientadas a proteger intereses particulares o a garantizar una gestión transparente dentro de la UTCH.

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