Tras los días de paro nacional del 28 y 29 de mayo de este 2025, en medio de una intensa agitación política, Colombia enfrenta una valiosa oportunidad para reflexionar colectivamente sobre su rumbo. Ya es claro que, a pesar de las dos grandes movilizaciones de 2019 y 2021, las reformas necesarias para enfrentar la creciente precarización de la población no han avanzado. Esto se debe, en parte, a que el debate público se ha empantanado en epítetos y señalamientos entre bandos que se perciben como irreconciliables, y a una profunda crisis de representatividad política que afecta el funcionamiento mismo de las instituciones democráticas. En este contexto, resulta fundamental reconocer en la movilización ciudadana signos de conciencia y comprensión de las rutas que el país necesita transitar.
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Hoy, dos narrativas se enfrentan de manera abierta: por un lado, la del gobierno y sus bases sociales, que defienden la urgencia de reformas para relanzar la integración nacional, actualizar las relaciones entre sociedad, Estado y mercado ante los retos de adaptación ecosistémica global, y superar las violencias y exclusiones históricas que profundizan las brechas sociales. Por otro lado, el relato de la oposición sostiene que el discurso gubernamental atenta contra las reglas del mercado, erosiona la confianza inversionista y genera una excesiva dependencia de la ciudadanía hacia el Estado mediante políticas paternalistas. Estas narrativas se enfrentan con creciente encono, lo cual no es necesariamente negativo si ese conflicto político se canaliza a través del debate democrático y se mantiene dentro de los límites de la no violencia.
La historia de Colombia muestra que, con frecuencia, estas tensiones terminan resolviéndose mediante la intensificación de las violencias políticas. Sin embargo, y pese a las tensiones sociales tanto en el campo como en las ciudades, así como a los conflictos armados que persisten en algunos territorios, el carácter pacífico y multitudinario de las movilizaciones recientes permite abrigar la esperanza de que estas disputas puedan resolverse a través de un proceso de maduración pública y de acción colectiva no violenta. Esto será posible en la medida en que todos los actores —gobierno, oposición, ciudadanía— fortalezcan sus capacidades de incidencia, argumentación y persuasión frente a sus conciudadanos y contradictores, sin caer en la tentación de demonizar al otro, enturbiar el ambiente colectivo o alentar enfrentamientos estériles.
Para superar las tensiones del país necesitamos un debate de ideas y propuestas
Hasta ahora, ese debate no ha tenido como escenario principal al Congreso, lo que plantea un serio problema de representatividad y gobernabilidad institucional. No obstante, la movilización ciudadana amplía el espectro de una democracia más abierta, y contribuye a que la opinión pública comience a vislumbrar alternativas y caminos posibles en el corto y mediano plazo. Es necesario insistir: en un entorno marcado por la violencia, la democracia no puede florecer; y sin democracia pluralista, es imposible erradicar las violencias. La única vía posible es fortalecer el debate público y la capacidad política de la ciudadanía para construir soluciones que no caigan en la demagogia, ni en la negación de derechos fundamentales
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