De admirar ha sido la gestión del alcalde de Cali Alejandro Eder al frente de la catástrofe que el terremoto del pasado 10 de agosto ocasionó en Cali. A la cabeza de todos los frentes, primero el rescate de víctimas y cadáveres, luego la atención de quienes se quedaron en la calle con lo que tenían puesto, y ahora el plan de reconstrucción que es enormemente complejo tanto en su dimensión pública como privada. El hombre no durmió en días. Barbado y fatigado seguía confortando a las víctimas con un mensaje de aliento y su voluntad de ayuda.
Pasados los primeros días de duelo, la realidad que muchos habitantes de Cali enfrentan es muy dura. Anota con razón el alcalde Eder que el 70% de las víctimas son de estrato 3, 4 y 5, familias que habían construido un nivel de bienestar con su propio esfuerzo, sin ayuda de subsidios estatales, gentes del sector formal de la economía, empleados o pequeños empresarios, sin muchos ahorros, con su apartamento y su carro adquiridos con trabajo honrado. Una buena porción de ellos gente mayor viviendo de una jubilación con las necesidades básicas de sus vidas resueltas. Y a todos ellos en 90 segundos se les derrumbó su mundo material y afectivo. Anunció el alcalde Eder una primera reunión suya con aseguradoras, bancos y constructores, para encontrar la manera de hacer menos onerosa la carga financiera de la recuperación de las propiedades destruidas. Hay 610 edificios calificados como no habitables. Lo de los seguros, como lo sabe cualquier que haya hecho una reclamación, es un viacrucis de procedimientos que buscan establecer si el daño causado está cubierto por la póliza contratada. Como la mayoría de las viviendas destruidas hacían parte de unidades residenciales con régimen de propiedad horizontal hay que empezar por establecer qué daños están cubiertos.
Como regla general está cubierto solo lo que la póliza determine, seguros que son obligatorios para las áreas comunes de la propiedad hasta donde la letra menuda de la póliza lo indique. Si un apartamento en particular no tiene póliza independiente, el seguro no cubre esos daños. Si hay hipoteca, como el banco ha asegurado su deuda, en el evento de una indemnización tiene prioridad para cobrarla. Si más del 70% de la propiedad se destruye, se liquida el régimen de propiedad horizontal y a cada propietario le correspondería un porcentaje del lote proporcional al tamaño de su apartamento. Tocaría mal venderlo para recibir algún dinero en el evento de que haya un comprador que quiera arriesgarse a construir de nuevo en el lugar.
Como las compañías aseguradoras no son constructoras, lo que hacen es pagar una indemnización en dinero, por lo que estimen asegurado, con una retención del 3%. Si ese dinero no alcanza para el reforzamiento estructural y la reparación de mamposterías comunes la administración tendrá que acudir a créditos bancarios En cuanto al crédito hipotecario que requerirían las personas que lo necesiten para financiar su nueva propiedad, se ha propuesto que haya menores tasas de interés, que deberán ser compensadas con algún subsidio estatal para la banca, porque los bancos no son entidades de beneficencia, y que el usuario del crédito califique como deudor, lo cual como se trata de créditos a largo plazo no es probable que sea el caso de personas mayores con una expectativa de vida inferior al plazo del crédito.
En cuanto a las compañías constructoras, que tampoco son entidades de caridad, toca enfrentar la realidad de que, con los actuales altos costos de construcción de las edificaciones, con el dinero de la indemnización o el crédito solo podrían ofrecer unidades mucho más pequeñas que las que desaparecieron Esa es la triste realidad de la pequeña burguesía enfrentada a un despojo mayúsculo. Ojalá que con la voluntad y la coordinación del alcalde Eder puedan aseguradoras, bancos y constructoras encontrar maneras de aliviar esa carga que hoy parece insoportable.
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