Propone el gobierno de Colombia retirarse de la Corte Penal Internacional, CPI, lo cual no es del todo una mala idea, dada la historia de ese tribunal. Desde su entrada en vigor en 2002 la CPI ha dictado un total de 17 sentencias de fondo sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. 13 han sido sentencias condenatorias y 4 absoluciones. Las principales condenas han sido: Thomas Lubanga Dyilo (República Democrática del Congo), condenado en 2012 a 14 años de prisión por reclutar y utilizar niños soldados. Germain Katanga (República Democrática del Congo), condenado en 2014 a 12 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad (ataque a la aldea de Bogoro). Ahmad Al Faqi Al Mahdi (Mali), condenado en 2016 a 9 años de prisión por destruir monumentos históricos y religiosos en Tombuctú. Bosco Ntaganda (República Democrática del Congo), condenado en 2019 a 30 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman 'Ali Kushayb' (Sudán), juzgado por atrocidades en Darfur y hallado culpable de múltiples cargos de crímenes de guerra y lesa humanidad. O sea, un tribunal que tiene La Haya como sede, especializado en juzgar crímenes de antiguas colonias africanas ¿Restos del colonialismo europeo?
La Corte ha recibido quejas de supuestos crímenes en más de 150 países, incluida Colombia, cuyas investigaciones preliminares han sido todas archivadas, pero solo ha adelantado investigaciones formales en países africanos. Ha adquirido recientemente actualidad noticiosa por las órdenes de arresto que ha emitido contra dos jefes de Estado, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, cuyos países no reconocen su jurisdicción y cuya efectividad es highly improbable.
Ese mínimo resultado en 24 años de funcionamiento, plagados de guerras y barbarie, puede explicarse por la razón misma de ser de la Corte y su limitado campo de acción. El artículo 5 del Estatuto de Roma, que la creó, le da jurisdicción sobre cuatro clases de crímenes: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, todos con una definición muy restringida. El genocidio debe ser cometido con la intención de destruir a toda una comunidad, los crímenes contra la humanidad deben ser actos cometidos como parte de un ataque extenso y sistemático dirigido contra la población civil, y los crímenes de guerra (violaciones al Derecho Internacional Humanitario) deben ser parte de un plan o una política, o parte de la comisión en gran escala de esos crímenes.
No se ocupa entonces la Corte de asuntos particulares o hechos aislados, sino de temas masivos como las limpiezas étnicas o la barbarie extendida y organizada, en especial por el propio Estado. No juzga gobiernos sino personas y fue creada para complementar los sistemas nacionales de justicia, pues solo puede actuar cuando las cortes nacionales no pueden o no quieren investigar los casos denunciados. Opera solo cuando hay una fallida justicia nacional.
Lo de Colombia se refiere a casi cien denuncias de organizaciones no gubernamentales sobre asesinatos múltiples, los cuales según la propia fiscalía de la Corte por estar siendo investigadas en Colombia y por su naturaleza no caen bajo su jurisdicción. Mucho menos podría decirse entonces de su eventual intromisión en la aplicación de la Justicia Especial para la Paz, JEP, lo cual necesitaría una autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como lo trató de hacer la fiscal africana en carta memorable a la Corte Constitucional en 2012 diciéndole que la JEP debería actuar según sus recomendaciones, todas contrarias a lo acordado en el proceso de paz. Como en Colombia la justicia cojea, pero a veces llega, no es tan descaminado proponer salirnos de ese tribunal inoficioso para que no nos sigan asustando con un tigre de papel.
También le puede interesar:
Anuncios.
