Por lo que se ha visto, la llegada de la derecha al poder en Colombia no solo implica un manejo diferente de la economía y del papel del Estado, sino también una revolución cultural, que son palabras mayores puesto que se trata de proponer cambios en el comportamiento moral de la gente a través de políticas públicas.
El problema de esa propuesta es que la nueva moral pública que se propone no es un fortalecimiento de la educación cívica, de los derechos y deberes ciudadanos, del conocimiento de la historia nacional y de la Constitución, del respeto absoluto por los derechos humanos fundamentales, tan necesario en un país sin Dios ni ley, sino del rescate de los valores de la civilización judeo-cristiana, de la familia tradicional, de la religión, intención respaldada explícitamente en los nombramientos de los ministros de Relaciones Exteriores, de Cultura y de Educación.
El presidente de la República termina su discurso de posesión ante una guarnición militar con un viva a Cristo Rey, mientras su audiencia, que reunía a todos los poderes civiles de la República, al Congreso en pleno y a una docena de jefes de Estado, se quedaba oyendo oraciones de diferentes creencias en un escenario presidido por la Virgen de Fátima. Algo un tanto insólito en un Estado laico.
Si se quisiera marcar el punto histórico de quiebre en el proceso de formación del Estado moderno, ese sería la separación de la Iglesia del Estado. Fue un proceso lento, doloroso, cargado de odios y resistencias, con enormes capitales económicos involucrados. En el fondo, al menos en Occidente, puesto que Estados confesionales aún existen, fue la pérdida por parte de la Iglesia católica de su poder político, que en algún momento se consideró superior al poder civil. El argumento eclesiástico fue siempre que Dios estaba por encima de los hombres y por lo tanto estos debían sumisión a sus representantes en la tierra.
En Colombia el papel de la Iglesia católica fue fundamental en la construcción de la nacionalidad. Ese papel dominante se materializó en el Concordato firmado por Rafael Núñez en 1887 el cual entregó la educación a las comunidades religiosas, en desarrollo del carácter confesional de la Constitución de 1886. Tiempos idos de bárbaras naciones. Hoy las iglesias cristianas tienen más poder político que la Iglesia católica, con bancada parlamentaria incluida, lo cual quiere decir que tienen mayor capacidad que cualquier otra fuerza para imponer su revolución cultural, unida a los remanentes del viejo conservatismo hoy revivido.
Es cierto que existe en nuestra sociedad un grave problema para establecer los valores del comportamiento social. Un país rural y campesino se urbanizó a las volandas, perdió su tradición religiosa que le dictaba cómo comportarse y esa pérdida no fue compensada por el conjunto de valores ciudadanos que debería haberle proporcionado una sociedad laica a través de la educación. Esa es la tarea pendiente por hacer y quizás traer de vuelta como inspiradores de las políticas públicas a Dios y a la Virgen de Fátima no es la mejor idea para lograrlo.
El valor supremo para vivir en paz en una sociedad es la construcción de ciudadanía, el reconocimiento de derechos, la libertad de conciencia. En una sociedad liberal es un camino de nunca acabar, que se hace al andar. Usar como instrumentos de recuperación de la moral pública la tradición judeo-cristiana, la religión y la familia tradicional, que ya no existe, es un anacronismo sin futuro.
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