Once años, $61.560 millones invertidos y las obras siguen sin terminar. Así va Arboleda Santa Teresita, el proyecto de vivienda de interés prioritario de la Caja de Vivienda Popular en San Cristóbal, que ahora tiene a la Contraloría de Bogotá, a cargo de Juan Camilo Zuluaga Morillo, imputando cargos fiscales por más de $2.860 millones.
La auditoría encontró que se pagaron obras de urbanismo en las torres, el salón comunal y el parque lineal que no se hicieron o que nunca se recibieron a satisfacción. Para el ente de control, hay un presunto detrimento al patrimonio. Por eso imputó a varios contratistas ligados a la ejecución y la supervisión, llamó a responder a las aseguradoras y seguirá con el proceso hasta que haya decisión definitiva. En juego están más de 1.000 viviendas para familias que salieron de zonas de alto riesgo.
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Todo arrancó en 2015, con Gustavo Petro en la Alcaldía. El gerente de la Caja, José Andrés Ríos Vega, le adjudicó a Odicco Ltda. el contrato 045: $45.000 millones para diseñar, construir, escriturar y registrar 1.032 viviendas. Eran 43 torres de seis pisos, con cuatro apartamentos por piso, 24 por torre. El plazo, 24 meses. Es decir, entrega en 2017, ya con Enrique Peñalosa sentado en el Palacio Liévano.
Nada de eso pasó. Odicco no cumplió el cronograma, las obras se frenaron una y otra vez y a ratos quedaron botadas. El contrato se prorrogó 12 veces y tuvo 4 adiciones presupuestales que estiraron los plazos hasta 2019. Y con todo y eso, el proyecto siguió con fallas técnicas en redes eléctricas, alcantarillado y acueducto.
Cuando Claudia López llegó a la Alcaldía, en 2020, encontró las obras paralizadas. Ese enero, la Caja demandó a Odicco y se echó el proyecto al hombro. En noviembre de 2021 llegaron las primeras 144 soluciones de vivienda, de las 1.032 prometidas, y también avanzaron el jardín infantil y el colegio Santa Teresita, con cupo para 1.000 estudiantes. Al terminar su gobierno se habían entregado 396 apartamentos en el sector II, que quedó a medias y con problemas de filtración y humedad.
Luego vino Carlos Fernando Galán, que recibió las obras abandonadas y sin plata. Tocó meterle $3.865 millones a través de la Caja. En lo corrido de 2026 ya se han entregado más de 250 apartamentos, la meta es llegar a 500 y la primera etapa va en 98%.
Pero la cuenta sigue creciendo. Entre retrasos, abandono, parálisis, prórrogas, adiciones y al menos 14 contratos nuevos desde 2015, ya van los $61.560 millones. Y todavía falta: la Administración Galán calcula que se necesitan otros $20.000 millones para terminar lo pendiente, entre eso los salones comunales y los parques recreativos.
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Por el proyecto ha pasado una fila larga de empresas. En 2015 estuvieron Odicco, Consultores Interventores Colombianos, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Noguera y Serrano S.A. y el Consorcio Arboleda. Con López, desde 2020, llegaron Rex Ingeniería S.A., Tayfer de Colombia Ltda., Consorcio J.A Coral II, Consorcio Plan Terrazas 2023, Proyectar R & J S.A.S., Consorcio Santa Teresita G J, Duvana S.A.S. y SHM Ingeniería S.A.S.Más de diez años después, la expectativa es que, ahora sí, las obras cierren en el gobierno de Galán.
Como antes, "pagos por obras que se realizaron" lo escribí como "que no se hicieron", porque entiendo que es el sentido del hallazgo. Confírmalo contra el pliego de cargos.¿Te ajusto los titulares y bajadas a este nuevo arranque?
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