En medio del acercamiento del gobierno de Gustavo Petro a México, país que siempre vio como su aliado natural al proyecto del Progresismo en América Latina, primero con Andrés Manuel López Obrador y luego con su sucesora Claudia Sheinbaum, la cancillera se propuso abrir tres nuevos consulados en Tijuana, Baja California; Nuevo León en Monterrey, y un consulado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En la estructuración del proyecto jugó el entonces embajador de Colombia en México, Moisés Ninco Daza. La iniciativa quedó formalizada mediante el Decreto 1405 del 22 de noviembre de 2024, pero el embajador cuyo nombramiento fue demandando ante el Consejo de Estado no vio materializarse el plan porque tuvo que empacar maletas el 30 de septiembre de 2024.
Para las tres sedes, el Ministerio de Relaciones Exteriores proyectó inicialmente un presupuesto global que superaba los 60.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, buena parte de esos recursos no llegó a ejecutarse, debido a la ausencia de una planificación detallada sobre aspectos fundamentales como los arrendamientos, la cantidad de funcionarios o equipo de oficina.
Moisés Ninco, un activista petrista de primera línea, adelantó los trámites para establecer el consulado de Tijuana en la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en la Zona Dorada de esa ciudad.
La sede fue creada oficialmente el 22 de noviembre de 2024. Sin embargo, para entonces el embajador ya había salido de México, luego de que el Consejo de Estado anulara su nombramiento por irregularidades de forma y por no acreditar los requisitos de experiencia exigidos para el cargo. En el momento la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores era Luis Gilberto Murillo; sin embargo, la persona que continuo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores fue Laura Sarabia, Murillo renunció y dejó cargo de manera formal el 28 de enero de 2025.
Sarabia no pudo continuar como ministra de relaciones exteriores en julio de 2025 por que debió asumir la Embajada de Colombia ante el Reino Unido. Posteriormente se posesiona Rosa Villavicencio, quien justificó el consulado en Tijuana por el alto número de migrantes, y aseguró que la responsabilidad de sacar adelante el proyecto era la Dirección de Asuntos Consulares, es decir esa Dirección debía asegurarse de hacer el seguimiento del caso y dejar el lugar listo. Villavicencio lamentó el proceso de estancamiento que impidió la finalización de la obra.
Qué pasó con el plan de los consulados
En enero de 2026 fue designada como cónsul general en Tijuana Maryory Pabón, cuyo nombramiento previo en Calgary, Canadá, también había sido anulado. Pabón había trabajado desde Vancouver en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Tras no prosperar su designación en Canadá, fue trasladada a Tijuana, donde recibió cerca de 500 millones de pesos por concepto de salarios y viáticos. No obstante, la sede consular permaneció inconclusa y en obra gris.
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El caso de Monterrey. Allí ya existía un consulado honorario colombiano en Santa Catarina, municipio cercano a la capital de Nuevo León. Sin embargo, sus capacidades eran limitadas y no permitían prestar todos los servicios de un consulado general, como expedir pasaportes, autorizar escrituras públicas o tramitar visas para extranjeros interesados en viajar a Colombia. La transformación de la oficina representó un costo de 409,3 millones de pesos. Aunque no se realizaron adecuaciones físicas ni reformas grandes en el lugar, sí se amplió la oferta de servicios consulares disponibles.
Por último, el gobierno Petro justificó la apertura del Consulado General en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por ser la puerta de entrada de los flujos migratorios ilegales de este corredor hacia Estados Unidos.
La nueva oficina también pretendía reducir los desplazamientos y descongestionar la atención de los consulados de Ciudad de México y Cancún, que debían asumir solicitudes provenientes de zonas alejadas. Sin embargo, el proyecto nunca pasó del papel.
Ante las irregularidades y los resultados del proyecto, la Procuraduría y otros organismos de control abrieron investigaciones para establecer posibles responsabilidades. Por su parte, Ninco sostiene que la iniciativa no llegó a buen término por un supuesto sabotaje y no por ineficiencia, negligencia o costos exagerados.
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