Opinión

Un ejemplo de fuerza, valor y dignidad

La minga se moviliza por cuatro puntos, pero la respuesta de un gobierno con poder omnímodo ha sido displicente y autoritaria, los estigmatiza y pone su vida de peligro

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octubre 20, 2020
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Un ejemplo de fuerza, valor y dignidad
El Ejecutivo busca impedir la protesta social. Foto: Leonel Cordero/Las2Orillas

Tras un recorrido de seis días, llegó a Bogotá la minga indígena, campesina, popular y diversa, procedente de un territorio muy golpeado por la intensificación de la violencia. Se convirtió en una caravana multicolor de cientos de vehículos. Despertó solidaridad, emoción y esperanza en los empobrecidos caseríos y pueblos del camino y en un país conmocionado por múltiples problemas.

El viaje de cerca de 10,000 personas se produjo ante la negativa del presidente a reunirse personalmente con ellos en Cali. Pero insisten en que Duque los reciba, aunque hasta el momento no hay respuesta.

Minga de mink’a, en quechua, es una palabra que utilizan las comunidades andinas para referirse al trabajo agrícola colaborativo en beneficio común, muy arraigado en su cultura ancestral y en el concepto del Buen vivir. Este espíritu colectivo se proyecta en todos los campos de su vida y acción.

La minga se moviliza por la defensa de cuatro puntos: la vida, en rechazo a los asesinatos y masacres de las que han sido víctimas; el territorio, contra el desplazamiento y despojo de recursos por las multinacionales; la democracia, por el reconocimiento de los derechos de las poblaciones; la paz, y el cumplimiento del acuerdo de La Habana.

Son muchas las preocupaciones en torno a estos puntos. La reanudación de la fumigación aérea con glifosato en municipios como el Tambo y la zona del Naya en el Cauca y en otros departamentos; la falta de financiación del programa PNIS, orientado a la sustitución voluntaria de cultivos; también el fracking y la Consulta Previa.

Pero lo más grave son las matanzas que se han ensañado con sus territorios. Según la ONIC, al menos 167 indígenas han sido asesinados durante este gobierno, en especial, en Nariño, Cauca y Putumayo, las zonas de mayores cultivos de coca, pero también las de mayor presencia militar. Solo en Cauca han ocurrido este año nueve masacres, con un saldo de 36 muertos y 47 líderes/sas indígenas han sido asesinados.

Aunque hoy es más grave, la difícil situación de las comunidades indígenas viene de mucho tiempo atrás. La sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que declaró un Estado de cosas inconstitucional, señaló que la afectación de los pueblos indígenas por el conflicto armado era desproporcionada.

En el mismo sentido, los Autos 004 y 005 de 2009 consagraron la protección de los derechos fundamentales de estos pueblos, desplazados o en riesgo de serlo, y advirtieron sobre el riesgo de extinción de más de 30 pueblos indígenas. Pero hoy la ONIC informa que 65 están en ese riesgo.

Asimismo, la Corte ha insistido en que la Consulta Previa, acogida por el Estado colombiano mediante la Ley 21 de 1991, constituye un reconocimiento de los derechos de las comunidades, en particular las poblaciones indígenas y afrocolombianas, y del carácter pluriétnico y multicultural del país. Por ello tiene el carácter de derecho fundamental y guarda estrecha relación con los derechos culturales y territoriales de los pueblos.

Como en tantos otros casos, la respuesta del gobierno a la minga ha sido displicente y autoritaria, al tiempo que los estigmatiza y pone su vida de peligro. Fue la alcaldesa quien los recibió en Bogotá y les proporcionó las mínimas garantías.

Duque Insiste en que hay infiltración de los grupos armados. Uribe acusó a la minga de prepararse para la toma socialista del Estado. Lafaurie insinuó que las botas de los mingueros eran las mismas de la guerrilla. Miguel Ceballos les recomienda convertirse en partido político para ir al Congreso. La minga no es reivindicativa sino política, repite con insistencia la ministra del Interior.

Por su parte, los gremios expresan su preocupación por el riesgo de contaminación, con expresiones discriminatorias y racistas. Pero eso sí estimularon las peligrosas concentraciones de los días sin IVA.

Cuando la gran mayoría de los medios se ha convertido en caja de resonancia de la campaña de descrédito e intimidación del gobierno frente a la protesta social, se destaca el llamado de atención que hace El Espectador sobre la vocación pacífica de la protesta y la necesidad de escuchar a las comunidades, respetar sus derechos, ante la situación deplorable de las regiones y los asesinatos y masacres.

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Se viven tiempos particularmente difíciles en Colombia. El Gobierno Nacional desconoce las decisiones judiciales y se burla de ellas...

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Se viven tiempos particularmente difíciles en Colombia. El Gobierno Nacional desconoce las decisiones judiciales y se burla de ellas. El Congreso absuelve al ministro de Defensa por los desafueros y crímenes de militares y policías. Las medidas económicas contra el pueblo avanzan día tras día. El Ejecutivo concentra un poder omnímodo y busca impedir la protesta social.

Aída Quilcué, lideresa del pueblo nasa y del CRIC, señaló: “hemos tenido muchas mingas y en la historia siempre nos han señalado y estigmatizado. Aquí no hay infiltración, hay indígenas, campesinos, estudiantes que caminan en el marco de la vida y la dignidad”.

La causa indígena es la del pueblo colombiano. Viene la protesta del 21 de octubre, convocada por el Comité Nacional de Paro, y la minga nos da lecciones de unidad, trabajo colectivo y dignidad.

 

 

 

 

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