Luego de intervenir en 2024 a la empresa prestadora, comercializadora y distribuidora del servicio de energía eléctrica Air-E por mal servicio, tarifas excesivas y corrupción, ahora el Gobierno Nacional enfrenta una multimillonaria demanda por cuenta de las deudas que tenía Air-E.
La empresa Termocandelaria S.A., perteneciente al conglomerado TPL Energía, presentó una demanda contra el Gobierno colombiano por 198,4 millones de dólares. Según la compañía, Air-e incumplió los pagos correspondientes a la energía producida por la central Termocandelaria, situación que llevó al grupo empresarial a iniciar un litigio internacional debido a la intervención estatal de la comercializadora de energía.
Para liderar el proceso judicial, Termocandelaria contrató a la firma internacional Freshfields Bruckhaus Deringer, uno de los bufetes corporativos más importantes del mundo y considerado parte del grupo de las cinco firmas legales más poderosas del Reino Unido. La firma ha participado en casos de alto perfil internacional, entre ellos la defensa de la compañía Moderna en disputas relacionadas con las patentes de la vacuna de ARNm contra el COVID-19. Con esta asesoría, TPL Energía busca obtener una compensación significativa por los perjuicios causados.
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La controversia sería resuelta en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial. La estrategia jurídica de TPL recuerda el caso de Telefónica, compañía que este año obtuvo un fallo favorable por cerca de 380 millones de dólares en ese mismo tribunal internacional.
La demanda se produce en medio de la compleja situación financiera de Air-e, empresa intervenida por el Gobierno Nacional. Además de las deudas acumuladas con generadores de energía, la compañía enfrenta advertencias de sus trabajadores sobre posibles racionamientos en la región Caribe e incluso un eventual apagón masivo hacia 2027.
Desde la intervención, Air-e ha tenido cuatro interventores. El primero fue el ingeniero Carlos Diago. Posteriormente asumió Edwin Palma, quien llegó a la compañía en octubre de 2024. Más adelante fue designado Nelson Javier Vásquez Torres y, finalmente, Jaime Humberto Mesa Buitrago tomó el control de la empresa.
Sin embargo, los cambios administrativos no lograron contener el crecimiento de las obligaciones financieras. Antes de la intervención del Gobierno Petro, Air-e registraba deudas cercanas a 530.000 millones de pesos. Actualmente, la cifra rondaría los 2,3 billones de pesos.
Aunque TPL Energía está registrada en España, parte de sus accionistas y directivos provienen de América Latina. Entre los inversionistas aparecen integrantes de la familia Pacheco, vinculados al holding Colpatria; el fondo chileno Moneda Asset Management, recientemente fusionado con Patria Investments, con el CEO Alezandre Saigh, y el fondo multinacional SCL Energía Activa, integrado por empresarios de Chile, Perú y Colombia.
Dentro de la estructura directiva del grupo figuran Luis Miguel Fernández Zaher, presidente de Termobarranquilla, y Miguel Ángel Pérez Ghisays, gerente general de la compañía.
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