Trabajadores de la Unidad de Víctimas se pronuncian sobre el nuevo Gobierno

Además, aprovechan para invitar al nuevo presidente a iniciar un diálogo respetuoso en el marco de las diferencias, tal como lo planteó en su discurso de posesión

Por: Milena Perdomo
Agosto 13, 2018
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Trabajadores de la Unidad de Víctimas se pronuncian sobre el nuevo Gobierno
Foto: Twitter @sintrauariv
Desde la tarde del martes 7 de agosto Iván Duque es el nuevo presidente de Colombia. Ningún sector social, económico o político del país ha dejado de plantear sus opiniones sobre los discursos de posesión y, en general, sobre el inicio del nuevo gobierno.

Los Trabajadores de la Unidad de Víctimas agremiados en Sintrauariv no son la excepción. Un comunicado público del sindicato señaló como positivo que en el discurso de posesión de Iván Duque Márquez se haya reconocido que “por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que recibimos, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no repetición. También corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación. Las víctimas deben contar con que habrá reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad”. Para el sindicato, las declaraciones de Duque permiten tener un “compás de espera” ante un gobierno que apenas comienza y que, indicó la agremiación, se encuentra anidado en la figura política del senador Álvaro Uribe Vélez y del partido centro democrático. En la comunicación, los trabajadores de la Unidad de Víctimas manifestaron su rechazo a las declaraciones de Ernesto Macías Tovar a propósito de la tesis de que “en Colombia no ha existido una guerra civil ni un conflicto armado sino una amenaza terrorista contra el estado”.

Para Sintrauariv, las palabras del presidente de la República obligan a pensar el fortalecimiento de la Unidad para las Víctimas (UARIV), en relación con la necesaria ampliación de la vigencia de la Ley 1448/2011 para cumplir con la implementación de esta política pública, en beneficio de los derechos de las 9 millones de personas victimizadas. En ese sentido, aseguran los trabajadores y trabajadoras, la situación implica refinanciar la entidad y continuar en el camino para hacer realidad el fin del conflicto armado para que este proceso se sostenga en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta el último informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, donde los órganos de control advierten la desfinanciación que tiene la ley de víctimas para el cumplimiento de su misión en los tres años que quedan de su vigencia. Aseveró el Sindicato que esa voluntad también implica un compromiso para cumplir con la formalización laboral de aproximadamente el 65 % de profesionales, técnicos y asesores contratados en la figura de prestación de servicios en la entidad: “Rechazamos el uso indebido de esta figura de contratación que supone, así no lo acepte la dirección de la Unidad para las Víctimas, una nómina paralela, un abuso de los operadores que tercerizan las condiciones de las y los profesionales y un hecho que pone en riesgo el desarrollo de la misionalidad de la Entidad”, manifestó la agremiación.

Por otro lado, el comunicado referido llamó a que ninguna medida administrativa tomada por el gobierno anterior sirva de argumento para “menospreciar ni afectar los derechos laborales de los trabajadores nombrados en provisionalidad desde el momento en que se creó la Unidad para las Víctimas”.

Finamente el Sindicato de Trabajadores de la Unidad de Víctimas invitó al nuevo presidente a iniciar un diálogo respetuoso en el marco de las diferencias, tal como lo planteó en su discurso de posesión. “Una invitación para que hablemos de la Unidad y del compromiso cumplido y por cumplir de acuerdo a la importancia que tiene la entidad para las víctimas del conflicto armado y para el proceso de reconciliación del país. No podemos cerrar este comunicado sin exigir las medidas estructurales, que el gobierno anterior señaló y que esperamos que el gobierno actual implemente de manera eficaz, contra el asesinato, la intimidación, la persecución y los señalamientos infames contra líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y activistas políticos de oposición. Rechazamos el atentado contra la vida, contra el pensamiento crítico y diferente, y contra el derecho de participar, en un país que a pesar de toda esta historia del conflicto se sigue reivindicando como democrático. Por otra parte, resaltamos la importancia que tiene la concreción del cese bilateral al fuego y la continuación del diálogo entre el gobierno y el ELN”, indicó el pronunciamiento.

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