La crisis que actualmente afrontan la Dirección Nacional de Inteligencia DNI y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, demanda de manera inmediata una revisión de aspectos vitales relacionados con su estructura, dependencia, funcionalidad, gasto y control.
Ambas instituciones fueron creadas con extrema cautela y apego a los más altos estándares de eficiencia y efectividad, se convirtieron en referentes de vanguardia, y si bien enfrentaron altibajos en administraciones pasadas, no existe duda de que han sido instrumentos estratégicos para el país en términos de defensa, seguridad y justicia.
Lo primero, es recordar que cuando se construyó la Ley 1621 de 2013 muy añorada después de décadas sin una legislación apropiada que regulara los servicios de inteligencia, gracias a la voluntad y decisión del Ministerio de Defensa y al Congreso de la República, se logró aprobar una Ley moderna, que incorporó entre otros, tres aspectos trascendentales: el establecimiento de las misiones de trabajo, orientadas a definir los criterios de autorización, supervisión, recursos, trazabilidad, alcance y objetivos de las actividades de inteligencia a cumplir. Es decir, si antes de la ley lo que no estaba prohibido era permitido, con la ley, cambia la mentalidad, solo podrán realizarse las actividades autorizadas en las misiones de trabajo.
Se precisaron los límites y alcances de los procedimientos de inteligencia, definiendo de manera prevaleciente el respeto y promoción por los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y se plasmaron criterios y principios para la correcta y sensible administración de las fuentes humanas, técnicas y electrónicas propias de los procesos de recolección de información y el desarrollo de operaciones, así como, para el uso eficiente de los recursos, particularmente de los gastos reservados. Se crearon además, las figuras del Inspector General y la Comisión Legislativa de Inteligencia, como órganos de control, supervisión e investigación sobre la legalidad de las actividades de inteligencia y la transparencia en la ejecución del presupuesto.
Luego del desafortunado episodio ocurrido con los hackers en plena campaña del 2014, los órganos de control, sin excepción alguna, cayeron en estampida sobre la DNI. La Inspección General, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Legislativa de Inteligencia, actuando de manera inmediata, con intervenciones exhaustivas que permitieron identificar importantes acciones de mejora para la agencia. Las investigaciones fueron concluyentes: las misiones cumplidas estaban ajustadas a la ley y a la normatividad vigente, tanto en términos operacionales como de utilización transparente de los recursos. El control y la intervención oportuna funcionó.
Los episodios que hoy enfrentamos y que involucran a la DNI y a la UIAF, obligan un trabajo quirúrgico e inmediato de todos los órganos de control. Debe determinarse si se han cumplido los criterios de trazabilidad que evidencian la legalidad de las actividades y gastos reservados de inteligencia. Por ejemplo, si se cumplieron los requisitos de ingreso y selección del personal desde los estudios de seguridad y confiabilidad de los aplicantes y sus familias, las pruebas de tendencias, psicometría e idoneidad, la poligrafía, las entrevistas y los exámenes de salud. Por ejemplo, un consumidor de estupefacientes debe ser considerado no apto. ¿Cumplió entonces, el cuestionado director de Inteligencia y Contrainteligencia de la DNI, licenciado en Educación Física, Wilmer Mejía, con estos requisitos?, ¿también el hermano del embajador en Palestina y exalcalde de Cali? ¿Ambos ocupando cargos de mayor relevancia y sensibilidad en la entidad?
De otro lado deben revisarse una a una las misiones de trabajo, particularmente aquellas vinculadas con las operaciones en el exterior, el pago de informantes y los procedimientos relacionados con las negociaciones con disidencias, el ELN en Venezuela y Cuba, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo. ¿Se ajustaron todas ellas a los principios de necesidad, idoneidad, y proporcionalidad?, ¿los recursos humanos, técnicos y logísticos, así como los gastos reservados, disponen de la trazabilidad y transparencia exigidas por la ley y los manuales de procedimientos?
También es importante verificar si las fuentes humanas administradas por la entidad están registradas en la base de datos correspondiente y si fueron validadas por el Centro de Protección de Datos de Inteligencia CPDI, unidad dependiente del director general y encargada de asegurarse de la legalidad, integridad, seguridad y calidad de la información recolectada e ingresada a los Sistemas de información automatizados.
Lo hemos advertido, es altamente peligroso para la democracia, en plena contienda electoral, colocar a la Inteligencia de Estado y a la Inteligencia Financiera, al servicio de los intereses políticos y personalísimos del ejecutivo y sus funcionarios de confianza. Como ocurrió en los casos del cuestionado software Pegasos, el fugitivo exiliado en Nicaragua Carlos Ramón González y el espionaje financiero a la junta directiva de Ecopetrol.
Es hora de considerar, como ocurre en otros países, que la UIAF sea adscrita a la Fiscalía General de la Nación
Es hora de considerar, como ocurre en otros países, que la UIAF sea adscrita a la Fiscalía General de la Nación y su misión, como lo indica la ley vigente, esté solo al servicio de las causas judiciales, y que los directores generales de estas entidades, el director de Inteligencia y Contrainteligencia y de Asuntos Internos, así como el inspector general, sean ratificados por el Congreso de la República, previa postulación del presidente y un profundo escrutinio a sus hojas de vida.
Los órganos de control deben hacer su tarea. La que no han hecho. Cumplir con el deber constitucional que se les ha encomendado. En situaciones tan complejas como las que afronta el país y sus instituciones, aislados internacionalmente, excluidos del grupo Egmont, en la lista de OFAC y rezagados de la comunidad global de Inteligencia, difícilmente podremos evitar que la corrupción, la criminalidad y la violencia sigan cooptando la institucionalidad y menoscabando nuestra democracia.
Los recientes indicadores globales no nos bajan del segundo renglón entre los peores. ¿Seguiremos en este ciclo inacabable?
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