Siguen sin freno los asesinatos y las amenazas a quienes defienden los derechos humanos en Colombia

A pesar de su insostenibilidad e ineficacia, se insiste en las mismas medidas de protección para los líderes y defensores de derechos humanos. ¿Por qué?

Por: Betty Pedraza Lopez - Investigadora de Pensamiento y Acción Social
septiembre 13, 2021
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Siguen sin freno los asesinatos y las amenazas a quienes defienden los derechos humanos en Colombia
Foto: Leonel Cordero

Colombia es el país más peligroso para los defensores de la tierra, así lo ratifican los 1.201 homicidios de líderes y lideresas sociales cometidos entre la firma del acuerdo final de paz (noviembre 2016) y julio de 2021, reportados por Indepaz, además de 276 excombatientes de la exguerrilla de las Farc, 92 % de ellos justamente personas que comparecían ante la JEP

Pero de acuerdo con el Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Colombia es también el país de América Latina que más recursos invierte en la seguridad, comparado con El Salvador, Guatemala, México y Brasil. La UNP, creada en 2011 (Decreto n.° 4065), para 2020 tuvo un presupuesto de 1 billón de pesos, 2.500 millones de pesos por día y aún así registró un déficit de 200.000 millones de pesos. Con tales recursos, el mismo año, asignó 8.250 esquemas de seguridad, 60% de ellos a favor de las y los líderes sociales. 

Para sostener estos esquemas de seguridad cuenta con 7.900 escoltas, 1.900 en su planta de personal, entre ellos 900 reincorporados de las Farc, y 6.000 tercerizados por medio de cinco empresas que son consorcios distribuidos en diferentes regiones del país. Para la prestación de sus servicios contrata también 3.200 vehículos blindados y 1.900 convencionales. Con tales recursos ofrece esquemas de protección en dos modalidades: esquema blando, que incluye un chaleco antibalas, un celular con plan y un botón de apoyo; y esquema duro, que adiciona vehículos convencionales o blindados y escoltas armados.   

Para cualquier parroquiano que vive en Colombia, es imposible pensar que ignorar las experiencias que han desarrollado las comunidades y organizaciones sociales para proteger la vida de sus líderes, lideresas, defensoras, defensores de derechos humanos y sus organizaciones y, simultáneamente, hacer oídos sordos a los múltiples llamados que insisten en la ineficacia, ineficiencia e insostenibilidad financiera de este modelo de protección ofertado por el Estado colombiano, en especial el individual; responda a una conducta casual, gratuita o a una mera terquedad del actual gobierno nacional. Más aún si se considera la fractura que dicho modelo genera en la relación entre los liderazgos protegidos y las comunidades a las cuales pertenecen. 

Se mueve aquí la mermelada de los 1.900 cargos, las coimas de los cinco contratos y los fraudes de los contratos de blindaje de los vehículos, prácticas a las que difícilmente escapan las compras de chalecos, armas y demás. A más de lo cual, en torno a estos recursos al interior de la misma entidad se han suscitado redes de corrupción, como la que comprometió en 2014 al secretario general de la entidad y siete funcionarios más, que defraudó a la UNP en más de 2.000 millones de pesos mediante el pago de coimas y el redireccionamiento de contratos en esa entidad. En esa misma línea, se debe recordar que en 2018, se denunció que algunos de los escoltas de esta entida  estarían señalados de ser sicarios y de filtrar información a grupos paramilitares sobre los esquemas de seguridad, lo cual compromete la seguridad de sus protegidos y protegidas.

En 2019, el sindicato de trabajadores de la UNP promovió la renuncia del subdirector de la entidad, sobre la base de denuncias de diversos actos de corrupción entre los cuales menciona: “Supuestos pagos a empresas privadas, de entre 7 y 9 millones de pesos, para ingresar como escolta a la entidad, lo que facilitaría la infiltración de grupos ilegales al programa”; “descuentos ilegales de entre 200 y 300.000 pesos, de parte de superiores, para garantizar su continuidad como guardias y para mejorar sus condiciones laborales”, así como “presuntos cobros de parte de los protegidos hacia sus protectores, con el fin de mantenerlos en sus esquemas”. 

Más recientemente, en 2020, la prensa menciona irregularidades como la adjudicación de esquemas de protección a funcionarios de la UNP y personalidades sin los niveles de riesgo que lo ameriten, como el otorgado a María Claudia Daza, la cuestionada exsecretaria privada del expresidente Álvaro Uribe Vélez, otorgado en tiempo récord bajo el argumento de formar parte de la oposición

Todo indica que es en estos hechos en los que habría que buscar la explicación de por qué no se flexibilizan y diversifican las medidas de protección individual contempladas en la oferta estatal, por qué no se acuerdan siempre las medidas de protección entre protegidos y protectores y por qué no se financian medidas de protección colectivas con reales enfoques diferenciales que han sido identificadas e implementadas por las comunidades, con el esfuerzo propio y con el apoyo de la cooperación internacional, que además han demostrado su capacidad para proteger. 

Sin duda son esperanzadoras las medidas consideradas en la Ruta de Protección Colectiva, recientemente concedidas por la UNP a las comunidades del Consejo Comunitario del Río Curvaradó y a la Asociación Agropecuaria y Pesquera del Guayabo (Agropegu) de Puerto Wilches, en el Magdalena Medio, que les permitieron proveerse de embarcaciones, sistemas de alerta, instalación de amplificadores de señal, antenas y medios de comunicación. Estas comunidades ahora tienen posibilidades de anunciar una emergencia, solicitar apoyo de las entidades competentes y de sus aliados o emprender a tiempo una huida para evitar daños de mayor gravedad. 

No obstante, la débil capacidad de respuesta de la Policía Nacional en las áreas rurales y el continuo desmejoramiento de las condiciones de seguridad en estos contextos pone de presente las limitaciones de estas medidas de protección y su falta de articulación con acciones de mayor calado que impidan el control y la expansión de los actores armados ilegales en estas regiones y eviten las violaciones de derechos humanos que  generan permanentes crisis humanitarias y elevan el desplazamiento forzado a las cifras de hace diez años. 

Urge acatar los múltiples llamados de la cooperación internacional y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, abrir las compuertas del diálogo, revisar a fondo los actuales programas de protección, evaluar su impacto real, valorar hasta dónde se han logrado realmente enfoques diferenciales y, reconociendo los aportes que hace el Decreto 660 a los defensores rurales y los ajustes que sin duda requiere, emprender un nuevo rumbo. 

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