Los gobiernos de turno, para salir del paso, firman acuerdos sin disponer de los recursos con los cuales piensan cumplirlos. Al parecer, esto fue lo que sucedió con el paro de maestros de 2017, en el cual, para poder cumplir con los acuerdos suscritos con estos, el gobierno mediante la Ley 1673 de 2017 tomó prestados $1,06 billones de los recursos del Fonpet cuyo destino era la Seguridad Social (pese a que la Constitución Nacional expresamente lo prohíbe), con la promesa de ser devueltos a la cuenta del fondo en las vigencias 2019 y 2020. Esto, sin duda, aumentó el déficit de recursos que se tiene actualmente para el pago de las pensiones.
“Ley 1673 de 2017. Artículo 105º. Para garantizar el pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales, durante la presente vigencia fiscal el Gobierno nacional podrá utilizar de manera temporal los recursos del Sistema General de Participaciones con destino al Fonpet hasta por la suma de $1.063.199.156.620 para ser destinados al Sistema General de Participaciones del sector Educación. Estos recursos serán reintegrados a la cuenta del Fonpet en las dos (2) vigencias fiscales subsiguientes”.
Asunto delicado si se tiene en cuenta que, precisamente, para garantizar que los recursos de la Seguridad Social fueran destinados a este objetivo y que no pudieran ser desviados por capricho a otro tipo de actividad, en la Constitución Política de 1991 (artículo 48) no solo se definió esta como un derecho fundamental sino que, expresamente se estableció “(…) No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”.
Todo parece indicar que el compromiso de devolver los recursos al Fonpet es otro que no piensa honrar el gobierno nacional, pues hasta el momento no se encuentra en el presupuesto de la vigencia 2019 recurso alguno para cancelar dicha deuda. Tampoco se tiene noticia de que se esté organizando una adición presupuestal orientada a hacer el primer pago.
Por eso, la pregunta directa al ministro Carrasquilla es: ¿cuándo se efectuará efectivamente el pago de la deuda que se tiene con Fonpet?
Desde acá un llamado a los entes de control no solo para que investiguen la legalidad y la constitucionalidad de la apropiación por parte del Ministerio de Hacienda de los recursos mencionados sino para asegurar que los mismos sean consignados en la cuenta del Fonpet conforme lo establecido en la Ley 1673.
