La búsqueda de mejorar la seguridad y convivencia ciudadana en Antioquia ha desatado un debate apasionado con el Proyecto de Ordenanza 059 de 2024. Este propone una Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (TESCC), pero ha generado preocupación debido a sus implicaciones legales, económicas y sociales.
¿Es legal este impuesto?
El fundamento legal de cualquier tributo es crucial. Según el artículo 338 de la Constitución Colombiana, solo el Congreso tiene la facultad de crear impuestos, aunque departamentos y municipios pueden establecer tributos territoriales si una ley los autoriza específicamente.
La Gobernación de Antioquia argumenta que la Ordenanza 059 se ampara en el artículo 12 de la Ley 2272 de 2022 y la Sentencia C-363 de 2023 de la Corte Constitucional. Sin embargo, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y otros críticos sostienen que no existe una ley que permita a las entidades territoriales imponer este tipo de tasa.
La Sentencia C-363 permite la creación de la TESCC solo en lugares donde ya se estuviera recaudando antes de 2022, lo que no es el caso de Antioquia. Además, la conexión entre el hecho generador (consumo de energía) y el objetivo del impuesto (seguridad) parece débil, violando el principio de justicia tributaria.
Impacto en la economía: ¿Un freno al desarrollo?
En un contexto económico complicado, este impuesto podría aumentar los costos de las empresas y desincentivar la inversión. Según Fenalco Antioquia, las empresas consultadas prevén un incremento de costos de $9.004 millones al año, lo que podría llevar a la pérdida de 349 empleos.
Por otro lado, ACOPI Antioquia advierte que la TESCC afectaría la reactivación económica, mientras que la ANDI subraya que Colombia ya tiene una carga tributaria alta en comparación con otros países, y que añadir este impuesto dañaría aún más la competitividad.
Estos costos no solo impactarían a las empresas. Los consumidores finales enfrentarían precios más altos en bienes y servicios esenciales, golpeando especialmente a las familias más vulnerables.
Impacto social: ¿Seguridad para quién?
El aumento en las tarifas eléctricas podría limitar el acceso a servicios básicos para los hogares más pobres. Aunque el impuesto sería temporal (2025-2027), no se han presentado estudios técnicos que justifiquen su necesidad ni que analicen su impacto. Esto ha generado desconfianza y una percepción de improvisación.
El valor de la UVT como agravante
El valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2025 se fijará en $49.799. Esto significa que las tarifas propuestas en la Ordenanza 059 representarán un incremento significativo para las familias y empresas antioqueñas.
¿Existen alternativas?
Diversos gremios han sugerido alternativas. Fenalco propone trabajar con el Gobierno Nacional para financiar la seguridad en Antioquia. También se sugiere optimizar los recursos ya existentes en el Fondo de Seguridad y Convivencia, priorizando inversiones en tecnología e infraestructura.
En conclusión, mejorar la seguridad es un objetivo legítimo, la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana plantea serias dudas legales, económicas y sociales. En lugar de imponer nuevas cargas tributarias, Antioquia debería priorizar una gestión más eficiente de los recursos públicos, combatir la corrupción y fomentar el crecimiento económico. La seguridad no puede lograrse a costa del bienestar de las familias y empresas antioqueñas.
Fuentes:
- Asamblea Departamental de Antioquia. Proyecto de Ordenanza No. 59 de 2024.
- DIAN. Proyecto de resolución UVT 2025 – DIAN.
- Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Valor UVT 2025.
- Fenalco Antioquia. Impacto económico de la Ordenanza 059.
- ANDI. Comentarios sobre la competitividad empresarial.
- ACOPI Antioquia. Afectaciones a la reindustrialización.
- CEPAN. Observaciones al Proyecto de Ordenanza.
- Gobernación de Antioquia. Consideraciones Jurídicas sobre EPM.
- ProAburrá Norte. Comentarios críticos al PO 59.
