El nombre de los ejecutivos más cercanos al presidente Gustavo Petro que más aparece mencionado en expedientes judiciales es el de Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol.
El Nuevo lío que debe enfrentar ahora ante la justicia penal se desprende de la sanción que le fue impuesta por el Consejo Nacional Electoral a la campaña presidencial del mandatario por violación en los topes de gastos autorizados legalmente.
La sanción administrativa bordea los $6.000 millones por multas, pero en su parte resolutiva ordena compulsar copias a la Fiscalía contra Roa, en calidad de representante legal de la causa electoral. Eso significa que será investigado bajo la presunción de falsedad en los documentos de soportes de gastos durante la primera y segundas vueltas de la elección de 2022.
El voto de un conjuez inclinó la Balanza a favor de la ponencia preparada por los consejeros Benjamín Ortiz y Álvaro Prada. El sentido sancionatorio del proyecto fue respaldado por los magistrados Maritza Martínez, del partido de La U; Altus Baquero, liberal; Alfonso Campo, conservador, y por el conjuez Majer Abushihab. Como lo había recordado Las2Orillas, Abushihab trabajó durante la campaña como abogado del hoy alcalde de Medellín; Federico Gutiérrez, férreo opositor a Petro.
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Con una votación de 6-3, el @CNE_COLOMBIA concluyó que la campaña 2022 de @petrogustavo hizo trampa para ganar.
— La Silla Vacía (@lasillavacia) November 27, 2025
Hubo violación de topes, financiación con fuentes prohibidas y gastos no reportados por 3.698 millones en ambas vueltas.
Los detalles aquí https://t.co/kNn3ZKPPRS pic.twitter.com/z5HuxLOpVq
La resolución del Consejo Electoral habla de que Roa habría incurrido en posibles delitos asociados a La financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de topes o límites de campañas electorales y fraude procesal.
Otra noticia importante es que el CNE enviará copia del expediente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que lo adicione al proceso que ya cursa allí contra el jefe del Estado por la misma causa.
Ya el Consejo de Estado había dejado en claro que el CNE no podría investigar a Petro porque su fuero se hace extensivo a cualquier actuación potencial o real en su contra. Así en este caso solo puede ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara; su Juez nacional, y sancionado, si fuera del caso, por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de Consejo precisa que monto de violación de los topes alcanzó los 5.300 millones de pesos: 3.700 millones durante la primera vuelta y 1.600 durante la segunda.
Entre la información que fue modificada en el intento por cubrir la violación de los montos están el registro de vuelos de campaña, la omisión del reporte de la contribución económica hecha por el Fecode, un pago a los testigos electorales de la Unión Patriótica y algunos gastos de publicidad en el canal Caracol de televisión.
Al lado de Roa, gerente de la campaña, fueron sancionados Lucy Aydee Mogollón, tesorera y Mari Lucy Soto, auditora. Ellos deberán desembolsar 2.252 millones de pesos por financiación prohibida por parte de personas jurídicas durante la primera vuelta. También deberán pagar 2.447 millones de pesos por violación de topes.
La sanción es mucho más gravosa si se suman Los 627 millones de pesos que habrán de pagar por financiación de personas jurídicas durante la segunda vuelta, más otros 596 millones por el desborde de los topes.
Roa deberá devolver de su bolsillo cerca de 166 millones de pesos por Un evento realizado en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022.
Dos de los partidos y movimientos que apoyaron a Petro tampoco salieron indemnes. Colombia Humana y La Unión Patriótica pagarán, cada cual, 583 millones 785 mil pesos por violar o tolerar la violación de los topes durante la primera vuelta y 583 millones durante la segunda.
Salvaron sus votos Fabiola Márquez, el Pacto Histórico, y Cristian Quiroz, de la Alianza Verde.
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