Colombia atraviesa un momento que no puede reducirse a la alternancia electoral ni a la disputa entre liderazgos. Lo que está en juego no es solamente quién gobierna, sino cómo se reorganiza la vida social en un mundo que ha cambiado de escala, de lógica y de velocidad. Persistir en marcos tradicionales de análisis político - centrados en el Estado nación como unidad autosuficiente -, impide comprender la profundidad de las transformaciones en curso.
En las últimas décadas han emergido nuevos ensamblajes globales que reconfiguran la socialidad planetaria. La economía, la tecnología y el poder operan hoy en redes transnacionales que desbordan las capacidades regulatorias de los Estados. En este contexto, la política democrática experimenta un proceso de desnacionalización progresiva: los Estados no desaparecen, pero se debilitan, reduciendo su papel a la mediación entre intereses globales y territorios cada vez más fragmentados.
En Colombia, esta situación adquiere una forma particularmente crítica. La histórica debilidad en la integración territorial se combina con un modelo de políticas públicas que, con frecuencia, funciona más como articulación de intereses privados que como producción de lo común. Las regiones permanecen desconectadas, las desigualdades se profundizan y amplias zonas del país siguen atravesadas por lógicas informales o armadas.
A esto se suma una paradoja inquietante: vivimos en una época definida por la expansión del conocimiento, pero nuestra vida cotidiana está atravesada por múltiples formas de desconocimiento social. Desconocimiento del otro, de los territorios, de las diferencias y de las condiciones reales de vida. Esta fractura no es neutra: alimenta las violencias, legitima exclusiones y dificulta la construcción de proyectos colectivos.
Frente a este panorama, la discusión electoral resulta insuficiente. No porque no sea importante, sino porque se mueve en un nivel que no alcanza a tocar las transformaciones de fondo. Se habla mucho de candidaturas, pero poco de estructuras colectivas; se discuten programas de gobierno, pero rara vez las bases mismas del orden social que esos programas deberían transformar.
Esto no implica desconocer esfuerzos por plantear horizontes alternativos. Propuestas como la de una “Colombia potencia mundial de la vida” han introducido elementos valiosos, especialmente en torno a la sostenibilidad y centralidad de la vida. Sin embargo, su alcance se limita cuando no se traduce en transformaciones estructurales del sistema educativo, de la organización territorial y de las dinámicas de producción en los territorios. Sin estas mediaciones, el horizonte corre el riesgo de diluirse en la gestión de lo existente.
De ahí que el problema central no sea únicamente de orientación política, sino de capacidad estructural para reconfigurar la sociedad. La pregunta clave no es solo qué gobierno queremos, sino qué tipo de organización social estamos en condiciones de construir en un contexto global que tiende a la homogenización, la concentración del poder y la fragmentación territorial.
Esto exige replantear el lugar del Estado. No como una maquinaria administrativa, sino como una instancia capaz de articular territorialmente la vida social, reconocer la diversidad y garantizar condiciones para la sostenibilidad de la vida. Esto implica superar tanto las visiones minimalistas neoliberales del Estado como las concepciones centralistas que desconocen la complejidad territorial del país.
Un programa de país a la altura de este momento debería estructurarse, al menos, en cuatro transformaciones estratégicas.
En primer lugar, una revolución educativa y cultural que no se limite a ampliar coberturas, sino que redefina la educación como espacio de formación de ciudadanía, pensamiento crítico y comprensión del mundo contemporáneo. Sin esta base, cualquier transformación carece de sustento social.
En segundo lugar, una reconfiguración territorial del Estado que fortalezca las autonomías regionales, promueva la integración entre territorios y reconozca sus particularidades como punto de partida para la acción pública. Esto supone avanzar hacia formas más equitativas de distribución de recursos y de articulación entre niveles de gobierno.
En tercer lugar, una transición eco-productiva que supere el modelo extractivo y abra paso a formas de producción sostenibles, articuladas con las capacidades territoriales y orientadas a la reproducción de la vida. Esto no es solo un imperativo ambiental, sino una condición para reducir desigualdades y ampliar oportunidades.
Finalmente, una redefinición de la ciudadanía que la saque del lugar pasivo de votante y la reconozca como una fuerza activa en la construcción de lo público y de la paz social. Esto implica transformar tanto las formas de participación como la manera en que la política interpela a la sociedad.
Nada de esto será posible si la discusión pública continúa atrapada en la inmediatez electoral y en la mera confrontación emocional. El mundo está cambiando a una velocidad que desborda nuestras categorías habituales, y Colombia no puede seguir pensándose con las mismas gafas con las que ha leído su pasado reciente.
Más que una disputa entre posiciones cerradas, lo que está en juego es la posibilidad de construir un proyecto de país capaz de responder a las transformaciones del presente. Si no elevamos el nivel del debate hacia estas preguntas estructurales, seguiremos resolviendo el futuro a partir de decisiones fragmentarias e insuficientes.
El desafío no es menor: pasar de la política como administración del conflicto a la política como creación consciente de las condiciones de la vida colectiva. Ese es, quizás, el verdadero sentido de este momento electoral.
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