Rajada de Duque en derechos humanos: duro informe de más de 500 organizaciones

Una delegación colombiana entregó en Bruselas a los eurodiputados el informe 'El aprendiz del embrujo', que hace un balance negativo de su primer año de gobierno

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septiembre 26, 2019
Rajada de Duque en derechos humanos: duro informe de más de 500 organizaciones

Una delegación colombiana en representación de 567 organizaciones de derechos humanos en Colombia llegó hasta Bruselas para entregarle a los eurodiputados el informe El Aprendiz del Embrujo, un balance del primer año del gobierno de Iván Duque que lo raja en la materia. Según el informe, el gobierno actual tiene un doble discurso frente al proceso de paz que, además,demuestra el desinterés gubernamental por los derechos Humanos. Reproducimos el prólogo del informe escrito por la directora del periódico El Mundo, Luz María Tobón Vallejo.

Un gobierno ciego, sordo, perdido y frágil

Como ocurre con gran parte de los gobiernos contemporáneos el de Iván Duque-Marta Lucía Ramírez es frágil.

Lo fue desde la conformación de la fórmula presidencial de la derecha, y lo está siendo por las severas dificultades del presidente y la vicepresidenta para construir una identidad, una voz y una relación clara frente a la Constitución y el país, a partir de las cuales forjar una agenda que tienda puentes y abra rutas al diálogo que requieren.

El origen del gobierno es débil. Iván Duque fue impuesto a un partido voraz que no tiene más acuerdo interno que su miedo al cambio y la jefatura suprema e indiscutible, por el momento, del senador Álvaro Uribe. En su pretensión de obtener el control absoluto del discurso, de los cargos del Ejecutivo, de los poderes públicos y de la agenda política nacional, no todo el Centro Democrático ve en Iván Duque al agente de sus aspiraciones.

En el camino de la precandidatura y la aspiración presidencial el ungido no convenció a los precandidatos con los que compitió ni a quienes en su partido siguen aspirando “hacer trizas” el acuerdo con las FARC, los cuales observan y esperan su retroceso para recuperar el poder en el partido, y sueñan con adquirirlo en todo el país: Muchas candidaturas a gobernaciones y alcaldías son fruto de esa aspiración que asumen de forma ilusoria como la avanzada para tomarse el actual y el siguiente Gobierno Nacional.

Sin consenso interno en su partido Duque venció en unas particulares primarias de la derecha a dos personeros del partido Conservador, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Sumarlos a su campaña y nombrar a la segunda como su vicepresidenta no significó, sin embargo, que el candidato oficial de la derecha para la primera vuelta presidencial forjara un consenso con el conservatismo, partido que se mantiene en el Gobierno sin que ello se haya traducido en su participación en la agenda o en las decisiones de futuro.

En el camino a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el candidato de la derecha sumó voces de la centroderecha y del centro, que en varios casos llegaron atraídas por sus propuestas de equidad y legalidad y espantadas por la posibilidad de una victoria del Progresismo en cabeza de Gustavo Petro. Esos adherentes esperaban que Duque cumpliera su agenda personal, no la de su partido.

Pero apenas asumió la Presidencia el Centro Democrático se tomó el gobierno demostrando que las sucesivas votaciones que ungieron a su designado no eran fuente de consenso y menos de unidad. Pasado un año ese partido sigue cercando al equipo presidencial que no logra encontrar forma de acercarse al país extenso, diverso, plural, con el cual podría construir una agenda nacional, gobernabilidad y futuro.

Esta toma ha forjado un gobierno que reedita agendas y metodologías del pasado mientras niega procesos, debates y hasta los acuerdos construidos en el proceso de negociación con las FARC, así como las realidades producto de la configuración de nuevos poderes locales, regionales y hasta nacionales. A diferencia de lo prometido en materia de equidad, legalidad y reconstrucción –que no destrucción- del Acuerdo de Paz, el partido gobernante puso en el centro de la agenda la negación de las nuevas voces y las agendas alternativas que en Colombia han emergido amparadas por la Constitución de 1991, con su centralidad en los derechos humanos y la participación democrática; los distintos acuerdos de paz suscritos en los últimos treinta años y las indiscutibles urgencias de las minorías excluidas del debate público, los derechos y las oportunidades.

Resulta pues que sin tener mandato para ello, porque más de medio país no lo acepta y porque la otra mitad que el gobierno representa tampoco ha forjado ese consenso, el Gobierno avanza en la consolidación de una filosofía, una metodología y unos fines que responden al afán y los miedos del partido de gobierno, y no tanto a los de todos sus votantes y menos a los de un país que sigue aplazando realizar plenamente los ideales que plasmó en su Carta Política.

Al deslindarse de la centralidad en los derechos humanos de la Constitución del 91, el Gobierno propone una agenda dispersa que se ha traducido en propuestas de actos legislativos y de leyes de tinte populista, o en intentos de ruptura de los acuerdos nacionales tejidos antes de su ascenso, los cuales han logrado sobrevivir no obstante su fragilidad, junto a la incapacidad del partido gobernante y sus voceros de reconocer la existencia de otros actores y voces con los que debería estar concertando agendas, prioridades y caminos.

La negación de los otros que hoy constituyen a Colombia ha sido, en consecuencia, fuente de violencias exasperantes contra líderes sociales, pueblos indígenas, campesinos y dirigentes políticos; y también ha sido motivo de indignación y movilización de sectores desoídos, además de causa clara del desconcierto de una sociedad que asiste perpleja al reavivamiento de tensiones que los agentes del poder no se disponen a superar. A cambio de estas negaciones el Gobierno pretende imponer su diagnóstico unilateral y por tanto limitado sobre las causas de las nuevas violencias que se extienden en la ruralidad fragmentada y solitaria, la fragilidad institucional y el notorio deterioro político-económico del país.

Pasado un año de gobierno la agenda de equidad y legalidad que había convocado a sectores ajenos a la derecha no se ha traducido en hechos. Hoy la noción de trabajo decente está subyugada a la obsesiva idea de la flexibilización laboral; las discusiones sobre restitución y acceso a la tierra –que no son lo mismo—, se ocultan en la agenda antinarcóticos, y las propuestas sobre la igualdad de oportunidades, en especial para niños y jóvenes, fueron sustituidas por estrategias policivas que no forjan seguridad o bienestar. Y en cuanto a la legalidad, los mejores testimonios de su deterioro como punto de agenda gubernamental son el hundimiento en el Congreso de los proyectos de ley anticorrupción, a causa de la indolencia de los responsables gubernamentales de impulsarlos, así como del silencio que protege a los señalados dentro de múltiples escándalos de corrupción.

Esta perspectiva ideológica y el desconocimiento de los conceptos sobre los derechos humanos han conducido a desconocer los contenidos del Acuerdo de Paz no referidos a la desmovilización de las FARC. Ignora voluntariamente el Gobierno que los objetivos de legalidad y equidad serían posibles atendiendo la Constitución, y en especial profundizando la ejecución de los acuerdos en los puntos referidos a Reforma Rural Integral, Participación Política, Solución al problema de las drogas ilícitas y Víctimas.

Como desconocen la riqueza de la pluralidad ideológica del país, el presidente Duque y su vicepresidenta intentan formar gobernanza, pero a su manera. Por eso el Gobierno ha pasado un año dialogando hacia adentro sin que ello signifique que haya logrado al menos alguna unidad de criterio dentro de su equipo, y con los iguales, que es lo mismo que tener un monólogo con distintas voces, como ha ocurrido en los promocionados pactos sectoriales, construidos sin los trabajadores así no estén sindicalizados, y sin la sociedad organizada, que tendrá criterios que aportar en perspectiva de garantizar que el crecimiento se fundamente en criterios de sustentabilidad universalmente acogidos en la figura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Característicos por su verticalismo y por la dinámica de trámite paternalista de solicitudes y quejas al Gobierno Nacional, que no teme resolverlas imponiendo metas a las autoridades regionales, son los encuentros Construyendo País, herederos de los Consejos Comunales de Gobierno, reuniones propagandísticas que no permiten formular preguntas, expresar discrepancias, tejer desde la discordia y mucho menos buscar acuerdos, aunque sean mínimos para orientar el futuro común.

El Gobierno que ofrece el diálogo y habla de concertación se ha encargado de limitar estos conceptos a sus mínimos posibles. El diálogo existe cuando los distintos se encuentran en la diferencia, reconociéndola y aceptando construir desde ella. La concertación es el fruto de la deliberación que surge del diálogo y que reconoce que siempre es posible encontrar puntos de acuerdo. La ausencia en la construcción de agenda gubernamental de las organizaciones sociales, los actores ciudadanos, los partidos distintos al dominante y la academia, acorta las comprensiones y arrecia la discrepancia, las sospechas y los temores.

Sumadas ideología y metodología, se dibujan los verdaderos fines del Gobierno, que también marcan sus distancias con la Constitución, con el acuerdo final con las FARC, con sus propios objetivos e incluso con su Plan de Desarrollo. La pretensión fundamental, nunca ocultada, es aumentar el poder del Centro Democrático en todas las instancias del Ejecutivo y el Legislativo; y de ahí su pretensión de conquistar alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas a como dé lugar, pero también en la Rama Judicial y posteriormente en el Congreso.

Por tal motivo esa organización política mantiene en alto las banderas de la inseguridad y la amenaza comunista, que obtienen adeptos a partir del miedo y son eficaz instrumento para aplazar las promesas de equidad y legalidad, así como minimizar hasta casi hacerla desaparecer la carta de derechos que fundamenta la Constitución de 1991. A ese gobierno que en su primer año se ausentó de su agenda y del país, y que descuida lo construido así como a la ciudadanía desconcertada, la sociedad civil y las organizaciones sociales le aportan serios análisis como los incluidos en este libro, sobre los cuales iniciar una verdadera discusión que construya la agenda nacional necesaria para hacer el tránsito de Colombia a un futuro en paz incluyente, democrático y estable.

Luz María Tobón Vallejo, Medellín, Agosto 20 de 2019

Vea aquí el informe completo El Aprendiz del Embrujo.

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