Opinión

¡Qué horror de justicia!

Las lecciones sobre el uso de la jurisdicción para los más abyectos intereses de la política, no los inventaron en Venezuela, sino acá

Por:
septiembre 14, 2015
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El mundo entero está explicablemente repugnado por lo que acaba de pasar en Venezuela con Leopoldo López. El fallo en su contra se cuenta entre los actos más viles cometidos por una tiranía contra quienes quieren levantar voces de protesta. Y como esa condena se suma al encarcelamiento de Antonio Ledezma y de Daniel Ceballos y al decreto de inhabilidad contra María Corina Machado, se completa el cuadro de la infamia.

Todavía no se oyen en Colombia elogios a esa miseria, salvo los de Piedad Córdoba y el tristemente famoso Senador Cepeda. Para nuestra desdicha, no obstante, dejamos de lado que somos los maestros en esa técnica de ignominia, la de ganar elecciones eliminando a punta de proveídos judiciales a los que pueden oponerse al infortunio de una tiranía corrupta e inepta.

Fuimos, tal vez por casualidad, las primeras víctimas de esa treta. Un oscuro personaje que se mueve como pez en las aguas turbulentas del manzanillaje, encontró en nosotros el camino para su reelección como Procurador de la Nación. Y nos condenó a una inhabilidad de por vida, pedida por los que en aquel tiempo hacían oposición en el Congreso. El motivo fue el irrespeto que habríamos cometido contra un juez que liberaba ilegalmente a los Rodríguez Orejuela, los peores criminales que azotaban a Colombia. ¡Así se probó el sistema!

Nos seguiría Álvaro Uribe Vélez, inhabilitado para el resto de su vida para aspirar a la Presidencia de la República, porque ya había sido presidente dos veces. El señor Núñez lo fue en cuatro ocasiones. Pero la Corte Constitucional consultó el “espíritu” del Constituyente del 91, que desde ultratumba le dejó saber esa su voluntad, que no tuvo la paciencia de escribir, ni siquiera de insinuar, en ese larguísimo texto que nos rige. Pero no estamos para pequeñeces. Lo que a la Corte le parece, eso es, sobre todo cuando de dar Golpes de Estado se trata. Y Uribe quedó impedido. Y se acabó el asunto.

Le tocó el turno a Andrés Felipe Arias. Joven promesa del país. En mucho parecido a Leopoldo López, tenía todas las condiciones para ser presidente de la República. Era preciso frenarlo, destruirlo, volverlo pedazos. Y lo condenaron a 17 años de prisión por haberle servido bien al campo, haciéndolo responsable de lo que hicieron expertos de la OEA.

Siguió la persecución contra Luis Alfredo Ramos, detenido en vísperas de la Convención del Centro Democrático, de la que hubiera podido salir candidato del partido para la Presidencia. Delito: reunirse una hora con un paramilitar que había contado su cuento en el Congreso, pero que echaba de menos un parlamentario tan influyente como Ramos. El tal Ernesto Báez tenía permiso expreso del Presidente para hacer política. Testigos contra Ramos: bandidos encarcelados buscando rebajas de penas.

Le tocó el turno a Óscar Iván Zuluaga. Y el fiscal-contratista le armó la mala novela del hacker, un infeliz que apenas manejaba computadores y resultó intentando penetrar las comunicaciones secretas de los próceres de las Farc que se pavonean en Cuba. Por supuesto, nadie ha oído una conversación asaltada y el fiscal-contratista no pudo nunca enseñar una palabra interceptada a los bandidos. El montaje terminó siendo decisivo en la elección presidencial. Zuluaga tiene ahora un activo de más de nueve millones de votos depositados en su favor y como pasivo la persecución judicial en su contra y contra su amigo entrañable Luis Alfonso Hoyos y contra su hijo David Zuluaga.

Difícil escoger entre estos procesos cuál gana la partida por grotesco, por vulgar, por inicuo.

Pero no para aquí la persecución infame de los jueces contra altas figuras del Estado. Porque vienen los militares. Contra el coronel Luis Alfonso Plazas montó la fiscal Ángela María Buitrago una supuesta declaración del cabo Villamizar, en la seguridad de que el cabo nunca se enteraría. Pues se enteró, se presentó y bajo la gravedad del juramento declaró que no estuvo en Bogotá por los días de la toma del Palacio de Justicia y que no es suya la firma que aparece en el montaje de la Buitrago. Doña Ángela está muy oronda en México, de asesora presidencial, y Plazas en la cárcel.

Y quedan el general del Río, el coronel Mejía Gutiérrez, el general Uscátegui, el general Arias Cabrales. Y se suman a la lista de inocentes perseguidos los exministros Pretelt y Palacio, y los exsecretarios de la Presidencia Alberto Velásquez y Bernardo Moreno. Para cerrar con broche de oro, César Mauricio Velásquez, uno de los hombres más verticales y probos que pasaron por el servicio público en Colombia.

Y nos duele Venezuela, y nos duele lo que han hecho con Leopoldo López. Pero las lecciones sobre el uso de la jurisdicción para los más abyectos intereses de la política, no los inventaron allá, sino acá.

 

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