Cuando trabajaba como agente interventora de Famisanar EPS, por designación de Ulahí Beltrán López, superintendente de Salud en 2024, Sandra Milena Jaramillo Ayala lanzó una sorpresiva propuesta que a ella le parecía una auténtica ganga: les pagaría a los Prestadores del servicio sus deudas si renunciaban al 30 por ciento de ellas, con sus respectivos intereses.
Si estaban de acuerdo, el movimiento sería asumido contablemente como un descuento que abriría el camino para que el resto de las obligaciones fueras saldadas en un plazo de 36 meses.
Los 3.142 acreedores, entre ellos varios hospitales, pusieron el grito en el cielo y recibieron la propuesta como una posible ‘extorsión’ proveniente de una EPS que había visto incrementar sus pasivos en un 140 por ciento desde 2021.
| Lea también: El panorama de quiebra irreversible con el que se encuentra el recién llegado interventor de la Nueva EPS
Su gestión era poco menos que desafortunada a juzgar por las cifras. En el primer semestre de 2023 Famisanar tenía 53.391 PQR (peticiones, quejas y reclamos), un 24 por ciento más que en 2022. A julio de 2024 estaban pendientes de cumplimiento 1.319 fallos de tutela por la desatención.
Luego sobrevino una prórroga de la intervención hasta el 15 de septiembre de 2025, basada en que los problemas de la EPS persistían y continuaban incidiendo directamente en la garantía del derecho fundamental a la salud. En otras palabras, el remedio estaba resultando peor que la enfermedad.
Sin embargo, con esa crisis a cuestas, la interventora recibió una oferta que aceptó de inmediato. El 2 de enero de 2025 fue nombrada gerente de la Unidad de Salud de Ibagué, USI. Para la crónica tolimense, aquella era la confirmación de que Sandra Milena Jaramillo era cuota de Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, ministro de Salud de la época. Ella misma tuvo que salir al ruedo para aclarar que el nombramiento provenía autónomamente de la alcaldesa de Ibagué. Johana Ximena Aranda Rivera.
Hubo otros cuestionamientos adicionales por un posible conflicto de intereses que también eludió.
Terminaba así su ciclo como primera interventora de Famisanar EPS, controlada por el gobierno de Gustavo Petro, con 3 millones de afiliados y pasivos desbordados. La interventora saliente cumplió a su manera su promesa de contratar con hospitales públicos. Lo hizo con el Hospital San Jerónimo de Montería y San Diego, de Cereté, dos de los hospitales más cuestionados por malos manejos en Córdoba.
Su regreso
En medio del panorama descrito, su nuevo nombramiento como interventora de la S.O.S EPS del occidente colombiano, esta vez por el gobierno de Abelardo De La Espriella, ha desatado una cadena de sorpresas, suspicacias y desencantos.
La actual superintendente de Salud, María Andrea Godoy, la posesionó el lunes 7 de septiembre de 2026 para que esté al frente de una EPS con 728.463 afiliados en Valle, Cauca, Quindío y Risaralda.
El senador Andrés Forero, del Centro Democrático, una de las voces más críticas del Congreso de la República, posteó en su cuenta de X: "La nueva interventora de SOS EPS, Sandra Milena Jaramillo, fue interventora de Famisanar durante el gobierno Petro. Cuesta entender que quienes participaron en el desastre del gobierno anterior ahora vayan a ayudar a resolverlo. Tendremos la lupa puesta"
Otros dirigentes de los partidos que hoy se declaran de gobierno consideran que para la administración de De la Espriella el asunto debe resultar incómodo porque prometió barrer con los interventores de Petro y ahora nombra a una de las más criticadas.
| Lea también: Jalón de orejas del presidente a Nueva EPS logra que un niño de siete años reciba la atención esperada durante un añov
En su trayectoria se destaca que es administradora financiera de la Universidad de Ibagué, especialista en Finanzas del Rosario y magíster en Administración de Empresas de Salud de la EAN, seccional Tolima. Tiene 25 años de experiencia en dirección financiera y aseguramiento.
Asociaciones médicas y algunas ONG del Tolima y el occidente colombiano ya están anunciando que demandarán la nulidad de su nombramiento ante la justicia contenciosa administrativa. Sin embargo, no hay ni sanciones ni investigaciones en su contra, por lo cual las causales de la impugnación no son por ahora concretas.
Lo más cercano a un cuestionamiento de un organismo de control es un anuncio hecho por la procuradora delegada Marlene Mesa, en el sentido de que habría una investigación contra el esquema de intervenciones de la Supersalud durante la administración Petro. Solo mencionó como eventuales implicados al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo, al exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal y habló genéricamente de “varios interventores”.
Anuncios.
