Los ministros de Defensa suelen ser evaluados por el estado de la flota aérea, el presupuesto ejecutado o la cantidad de equipos adquiridos durante su administración. Es un balance necesario, pero insuficiente. El verdadero legado de un ministro rara vez se encuentra únicamente en los inventarios que entrega. También permanece en la doctrina que fortalece o debilita, en la claridad estratégica que transmite a la institución y en la idea de Estado que deja sembrada en quienes tienen la responsabilidad constitucional de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza.
Ese es, precisamente, el balance pendiente del ministro saliente, Pedro Sánchez.
No discutiré aquí el número de aeronaves operativas, los contratos de modernización o las cifras presupuestales. Otros ya lo están haciendo. Mi preocupación es otra: ¿qué concepción de Defensa Nacional recibe el próximo gobierno?
La pregunta no es menor. A diferencia de otras carteras, el Ministerio de Defensa no administra únicamente una política pública. Administra una función esencial del Estado: garantizar la soberanía, proteger el orden constitucional y preservar la seguridad de los ciudadanos. Esa misión exige una visión que trascienda los gobiernos de turno. Los programas de gobierno cambian; la defensa de la República debe permanecer.
Hannah Arendt recordaba que el poder y la violencia no son lo mismo. El poder nace de la legitimidad de una comunidad política; la fuerza es apenas uno de los instrumentos destinados a proteger ese poder cuando resulta necesario. Esa diferencia explica por qué las Fuerzas Militares pertenecen a la Nación y no al gobierno que circunstancialmente ocupa el Palacio de Nariño. Su lealtad es constitucional, no ideológica.
Precisamente por eso el debate sobre la gestión de Pedro Sánchez no puede reducirse a determinar si administró bien o mal un presupuesto. La verdadera discusión consiste en establecer si, durante estos años, la Defensa Nacional conservó su condición de política de Estado o terminó adaptándose a las prioridades políticas del proyecto gubernamental que debía acompañar.
No afirmo que el ministro hubiera actuado por fuera de la Constitución. Tampoco desconozco que él mismo aseguró no haber recibido jamás una orden presidencial contraria a la ley. Esa afirmación merece ser tomada en serio. Sin embargo, la legalidad constituye apenas el punto de partida de un ministro de Defensa, no el límite de su responsabilidad.
La responsabilidad política de quien ocupa ese cargo también consiste en preservar la coherencia estratégica del Estado, incluso cuando diferentes sectores del gobierno envían señales que pueden afectar la doctrina, la moral institucional o el empleo de la fuerza.
Richard Rumelt sostiene que ninguna estrategia puede sostenerse si el diagnóstico del problema, la orientación política y las decisiones concretas dejan de guardar coherencia entre sí. Cuando esa coherencia desaparece, las organizaciones continúan actuando, pero dejan de hacerlo estratégicamente.
Vista desde esa perspectiva, la principal tensión del Ministerio de Pedro Sánchez no fue presupuestal.
Fue estratégica.
Mientras la política de Paz Total redefinía la relación del Estado con diferentes organizaciones armadas, el Ministerio de Defensa debía traducir esas decisiones al empleo cotidiano de la fuerza. El propio ministro intentó delimitar esa responsabilidad afirmando que "el Ministerio no negocia; actúa".
Administrativamente la frase podía explicar la distribución de competencias.
Estratégicamente resultaba insuficiente.
El Ministerio no negociaba, pero pertenecía al mismo Estado que negociaba. Pretender que la política de paz y la política de defensa podían avanzar por caminos separados desconocía que ambas hacían parte de una misma estrategia nacional. Las decisiones adoptadas en una mesa de negociación condicionan inevitablemente la actuación de las Fuerzas Militares, del mismo modo que la situación operacional modifica las posibilidades de cualquier negociación.
Esa tensión volvió a hacerse evidente cuando se conocieron los audios atribuidos al entonces alto comisionado Danilo Rueda. Pedro Sánchez respondió que, si se comprobaba una eventual instrucción para detener operaciones militares contra el Clan del Golfo, aquello constituiría un delito. Jurídicamente la respuesta era correcta. Pero el problema de fondo nunca fue exclusivamente jurídico.
La pregunta que deja su gestión es otra: ¿puede un ministro de Defensa considerar cumplida su responsabilidad porque nunca recibió una orden ilegal, cuando las decisiones políticas adoptadas en otras instancias del Estado condicionan directamente la manera como se ejerce la fuerza legítima?
Ese es, a mi juicio, el núcleo del debate.
Lawrence Freedman recuerda que toda estrategia parte de una realidad elemental: el adversario también piensa, aprende y adapta su comportamiento. Cuando el Estado transmite mensajes contradictorios sobre el propósito de su acción, esa contradicción deja de ser un problema de comunicación y se convierte en una ventaja para quien desafía su autoridad.
Por eso el verdadero desafío de una política de Defensa no consiste únicamente en conservar capacidades materiales. Consiste en mantener claridad sobre el propósito que orienta su empleo.
Colin Gray añade una reflexión igualmente importante. Las Fuerzas Militares no combaten solamente con soldados, aeronaves o tecnología. También lo hacen desde una cultura estratégica: una manera compartida de comprender el conflicto, interpretar las amenazas y asumir su misión institucional. Esa cultura puede erosionarse mucho antes de que se deterioren los equipos.
Ese es el legado que más debería preocupar al próximo gobierno.
Las aeronaves pueden repararse.
Los presupuestos pueden recuperarse.
Las capacidades pueden reconstruirse.
Mucho más difícil resulta reconstruir una doctrina cuando la institución comienza a perder claridad sobre la misión que la justifica.
Por eso el verdadero balance de Pedro Sánchez no debería limitarse a los inventarios que entrega.
La pregunta histórica será otra.
¿Conservó la Defensa Nacional su autonomía como política permanente de la República o terminó adaptándose, doctrinalmente, a las prioridades políticas del gobierno que hoy concluye?
Responder esa pregunta será el primer desafío del nuevo ministro de Defensa.
Porque los ministros pasan.
Los gobiernos cambian.
Las ideologías se alternan.
Pero la Defensa Nacional no puede convertirse en patrimonio de ningún proyecto político.
Pertenece, y debe seguir perteneciendo, a la República de Colombia.
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