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Para entender a Colombia es necesario profundizar en aquello que Florian Znaniecki y William Thomas llamaron el “Coeficiente Humanístico”: Un hecho social no es una estadística fría de homicidios ni de hectáreas de coca, sino la subjetividad que sobrevive a los dramas de de una comunidad. De esta premisa nacieron la Investigación-Acción-Participativa (IAP) de Orlando Fals Borda y la sociología urbana de Ernest Burgess.
En su análisis de Chicago, Burgess delimitó la «Zona II»: esa periferia receptora de desplazados, huérfana de humanidad, de Estado, de escuela, de jueces y de policía.
Su diagnóstico fue fulminante: la violencia no brota porque la gente nazca malvada, sino porque el caos social desprovisto de empatía enferma al ser humano. En el abandono institucional, la desolación, la desesperanza aprendida, germina el trastorno negativista u oposicionista desafiante, el trastorno disocial o sociopatía y la psicopatía.
Para descifrar por qué un país reincide de forma neurótica en la barbarie, Lawrence Kohlberg demostró que la madurez moral de las personas y de los Estados evoluciona en tres niveles estructurados en seis etapas:
- Nivel Preconvencional (Etapas 1 y 2 – el «vivo»): moral primitiva regida por el miedo al castigo o la conveniencia egoísta; la norma se acata o se viola únicamente por beneficio directo o supervivencia individual.
- Nivel Convencional (Etapas 3 y 4 – el «buena gente» y el «normópata»): moral supeditada a la aprobación del entorno (agradar a todos) o a la preservación irreflexiva de la ley y el orden a cualquier precio.
- Nivel Posconvencional (Etapas 5 y 6 – el adulto ético): la cima del desarrollo moral, sustentada en el contrato social, la empatía universal y la primacía de los derechos humanos por encima de cualquier norma formal, dogma político o cálculo electoral.
Colombia lleva décadas sepultada en el subdesarrollo moral de los niveles preconvencional y convencional, incapaz de dar el salto al nivel posconvencional (Etapas 5 y 6). La extrapolación de este marco a nuestras políticas públicas revela un fracaso sistemático:
- Andrés Pastrana (1998-2002) – Nivel Convencional (Etapa 3, el «asaltado en su buena fe» o ingenuo): entregó 42.000 km² en El Caguán sin reglas ni verificación. No produjo paz, sino anomia: la coca se disparó de 101.800 a 160.119 hectáreas y los homicidios escalaron al récord histórico de 28.837.
- Álvaro Uribe (2002-2010) – El policía normópata que se volvió criminal. Degeneración al Nivel Preconvencional (Etapas 1 y 2): se presentó como el guardián de la Etapa 4 («normópata») y mostró resultados inmediatos: la coca cayó de 102.000 a 62.000 hectáreas (-39 %) y los homicidios de 28.837 a 15.459 (-46 %). Sin embargo, la exigencia implacable de cuotas transformó al Estado en un actor sociópata que mató por beneficios e incentivos directos. La JEP actualizó la cifra oficial a 7.837 ejecuciones extrajudiciales entre 1990 y 2016, con 21.000 casos en revisión. Un Estado que asesina a miles de civiles indefensos para simular éxito no ahorra vidas: las falsifica.
- Juan Manuel Santos (2010-2018) – El primer intento adulto. Propósito posconvencional incompleto (Etapa 5): logró la desmovilización de 13.202 combatientes de las FARC y redujo los homicidios a 12.130. No obstante, abandonó la Zona II a su suerte: sin integración estatal, la coca se disparó un 253 %, pasando de 47.778 hectáreas en 2012 a 169.018 en 2018.
- Iván Duque (2018-2022) – El policía sin fuerza. Complicidad con lo preconvencional. Nivel Convencional de trinchera (Etapas 1 y 2): retórica punitiva sin capacidad de presencia ni integración. Benefició a banqueros en Pandemia. Complicidad con el Ñeñe Hernández. Corrupción. La coca escaló a 230.028 hectáreas, acumulando un saldo trágico de 957 líderes asesinados y 312 masacres. Contener sin integrar es más que estéril, grave.
- Gustavo Petro (2022-2026) – Nivel Convencional de trinchera (Etapas 1 y 2) (el «pusilánime» que se hace por motivos ideológicos cómplice): apeló al pacifismo candoroso mediante cese al fuego. Comprendió que el campesino cocalero no es un criminal, pero ignoró que la falta de inversión social con instituciones modernas en la periferia engendra psicopatología. Gastó 17.5 billones en compra de aviones Grippen que no sirven para combatir guerrillas y no culminó acueductos como el del Chocó, ni pavimentó la vía hacia Medellín ni tampoco les dio puerto. Escándalos como el de UNGRD con la Guajira. Los paneles solares por 95 mil millones de Euclides Torres. La casa de Benedetti, y el apartamento de Ricardo Roa de Ecopetrol. La coca alcanzó el récord histórico de 261.000 hectáreas (UNODC) y derivó en la descertificación de EE. UU. Según Indepaz, aunque el asesinato de líderes descendió de 475 a 354, las masacres ascendieron de 110 a 167. La violencia no se redujo: se tercerizó hacia los actores más psicopáticos del territorio. Corrupción igual a los periodos anteriores.
Total integrado Medicina Legal Forensis con validación DANE/Policía + pobreza:
Pastrana 1998-2002: ∼103.000 homicidios. Pobreza 45% a 54%.
Uribe I 2002-2006: ∼89.000 homicidios integrados. Pobreza 53,7% a 45,1% [-8,6 puntos].
Uribe II 2006-2010: ∼69.000 homicidios integrados. Pobreza 45,1% a 37,2% [-7,9 puntos]. Total 8 años Uribe: ∼158.000 + 7.837 falsos positivos JEP.
Santos I 2010-2014: ∼54.000 homicidios integrados. Pobreza 37,2% a 28,5% [-8,7 puntos].
Santos II 2014-2018: ∼48.000 homicidios integrados. Pobreza 28,5% a 27% [-1,5 puntos]. Total 8 años Santos: ∼102.000.
Duque 2018-2022: ∼54.500 homicidios integrados. Pobreza 27% a 36,6%.
Petro 2022-2026: ∼70.600 promedio integrado [71.027 Medicina Legal / 72.759 DANE / 68.113 Policía]. Pobreza 36,6% a 28% y extrema 13,8% a 9,6%.
Según estas cifras el Gobierno Petro nos deja un saldo promedio de 47 homicidios diarios, cifra muy similar -casi idéntica- a la del primer periodo de Uribe.
Hoy Medicina Legal reporta 40 homicidios diarios. De esos, 70% es sicariato por narcotráfico y crimen organizado (28 al día). Lo que es Conflicto Armado, líderes sociales, firmantes, uniformados y masacres, suma 628 muertes en el año, esto es 1.7 homicidios al día. Lo demás pertenece al espectro de riñas, atraco y violencia intrafamiliar.
Debatir qué modelo tiene menor costo en vidas es caer en una falsa dicotomía. Si la contabilidad es miope y solo mide el corto plazo, la guerra represiva simula ganar; pero esa ecuación solo cuadra si la sociedad valida como costo aceptable la ejecución impune de 7.837 ciudadanos a manos de la fuerza pública. Si la cuenta abarca el futuro —las 261.000 hectáreas que financiarán la guerra de la próxima década y millones de colombianos sometidos al yugo feudal del ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas de la Sierra Nevada, las disidencias, las Bacrim—, la Paz Total resulta objetivamente devastadora. Ambos modelos adolecen de inmadurez moral: uno masacra para aparentar orden; el otro condona para complacer o ganar elecciones (populismo). Ninguno roza la Etapa 6 del nivel posconvencional.
La solución jamás ha sido fusilar campesinos ni claudicar ante la criminalidad, sino replicar lo que transformó a la Chicago de Burgess: integrar la periferia mediante trabajo, educación, salud e instituciones comunitarias. Colombia hace lo opuesto: condena a diez millones de compatriotas a vivir en la barbarie, ofreciéndoles como únicas vías de articulación y ascenso económico y social la coca (raspachines), el fusil (lavaperros) o la componenda política (corruptos).
Prevenir la violencia no es desplegar tropas ni hacer acuerdos de paz; exige aplicar la IAP de Fals Borda y la psicología comunitaria de Maritza Montero. Con una OMS que advierte que dos de cada tres colombianos padecen problemas de salud mental, es imperativo realizar un barrido nacional de pruebas psicológicas para determinar la prevalencia de trastornos de personalidad y de conducta que comprometen violencias en aras de saber en qué país vivimos: cuál es la morbilidad psicopatológica y social detrás de los factores sociales y económicos que al diagnosticarlos podrían conducir al diseño de políticas de salud mental perinatal y una reforma a la justicia basada en criterios científicos. Los psicópatas no brotan por generación espontánea: surgen donde la empatía es ludibrio y la modernidad estatal no existe. Dónde nadie piensa en eso.
Mientras sigamos atrincherados entre el dogmatismo de masacrar para inflar las cifras y los psicópatas se llamen gestores de paz, permaneceremos atrapados en la inmadurez moral. Sin políticas de prevención creadas de la mano de la Academia, sin hacer que las campañas políticas tengan cuerpos colegiados, voto obligatorio y financiación estatal, sin Estado moderno en las regiones, jamás erradicaremos las violencias: solo seguiremos perfeccionando el eufemismo contable con el que justificamos nuestro propio fracaso. Cifras antes que fanatismo. Esfuerzo por comprender y sanar en lugar de concesiones irresponsables no negociables es verdadero amor.
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