Somos un país profundamente precarizado. No es una afirmación retórica: basta caminar sus calles. En ellas se despliega, de manera cotidiana, una economía de subsistencia donde miles de personas viven del rebusque, en condiciones de inestabilidad permanente. Pero la precarización no se agota en la falta de ingresos; se expresa también en la forma de habitar la ciudad, en el desgaste de los cuerpos y, cada vez más, en la salud mental de quienes viven sin horizonte cierto. Lo que emerge no es solo pobreza: es incertidumbre estructural sobre los horizontes de vida.
El debate electoral debería estar atravesado por una pregunta de fondo: ¿cómo democratizar la economía en un país construido sobre profundas desigualdades?
En este contexto, el debate electoral debería estar atravesado por una pregunta de fondo: ¿cómo democratizar la economía en un país construido sobre profundas desigualdades? Sin embargo, lo que se observa en buena parte de las campañas es una evasión de este núcleo problemático. Se evidencia una discusión incompleta, que evita confrontar las condiciones estructurales de la desigualdad.
Porun lado, se insiste en discursos de reactivación económica que privilegian el crecimiento sin mayores señales de transformación en materia de justicia social. Se recurre a fórmulas conocidas: asistencialismo focalizado y promoción del emprendimiento, sin alterar las condiciones estructurales que limitan el acceso real a la productividad. Se promete dinamismo económico, pero no se discute quiénes participan efectivamente de sus beneficios.
Por otro lado, existen propuestas que avanzan con mayor decisión en el campo de los derechos sociales y la equidad, pero que aún deben ofrecer mayor claridad sobre las condiciones concretas de sostenibilidad económica y reactivación productiva. La redistribución, sin una estrategia robusta de generación de riqueza, corre el riesgo de volverse frágil.
Así, el problema no es la ausencia de propuestas, sino la falta de articulación entre crecimiento y democratización económica. En este escenario, resulta imprescindible que las candidaturas ofrezcan respuestas claras, al menos, en cinco dimensiones estratégicas:
- ¿Cómo se equilibrará el crecimiento productivo con garantías sociales efectivas?
- ¿Qué papel jugará el país en las transformaciones económicas globales sin profundizar su dependencia?
- ¿Cómo se democratizará el acceso a la productividad de los sectores populares más allá del discurso – frecuentemente idealizado -, del emprendimiento?
- ¿De qué manera se articularán educación, tecnología y trabajo en una economía en transición?
- ¿Cómo se fortalecerán las vocaciones productivas territoriales sin reproducir las desigualdades existentes?
Estas no son preguntas técnicas: son preguntas políticas. Quedan pocos días y lo que millones de personas de sectores populares y medios demandan no son promesas abstractas, sino oportunidades productivas reales, condiciones de estabilidad y posibilidades concretas de proyectar su vida.
Cada quien tiene a esta alturas sus predilecciones electorales, el problema no es solo elegir entre candidaturas; el momento exige algo básico y urgente: comprender con claridad qué modelo de economía está en juego en cada opción, porque en esa decisión no solo se define un gobierno, sino las condiciones mismas en que una sociedad puede - o no -, dejar de sobrevivir para empezar a vivir con dignidad.
Del mismo autor: El clientelismo en Colombia: tensiones en tiempo electoral
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