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Hace unos días, mientras trabajaba con un grupo de jóvenes, la conversación terminó llevándonos a la infancia y a las maneras en que aprendimos, desde pequeños, qué estaba bien y qué estaba mal. Hablábamos de los límites, de los castigos, de las formas en que padres y madres intentamos corregir aquello que consideramos una conducta inadecuada. En medio de la conversación comenzaron a aparecer historias de castigo físico. Uno contó que le habían dado “juete”, otro recordó una situación parecida y después otro. Cuando nos dimos cuenta, todos, salvo uno, habían pasado por lo mismo.
Me costó asimilarlo. No porque desconociera que todavía hay niños y niñas que crecen bajo distintas formas de violencia, sino porque había supuesto, ingenuamente, que todo lo que durante años hemos hecho desde la educación, la protección de la infancia, la prevención de las violencias y la enseñanza de los derechos de niños y niñas había dejado una huella más profunda. Había creído que el castigo físico se había ido desescalando hasta convertirse en una práctica cada vez menos aceptada y menos frecuente. Me equivoqué.
Lo que me sorprendió fue la naturalidad con la que aparecían aquellos golpes en sus relatos. No hablaban de haber sido víctimas de violencia. Hablaban de cuando sus padres los castigaban porque se habían portado mal. El golpe parecía ocupar en sus recuerdos el mismo lugar que un regaño, una prohibición o una sanción: una herramienta más para educar.
Mi error estuvo en confundir los avances que hemos conseguido en el lenguaje de los derechos con la profundidad de los cambios que esos derechos han producido en la vida cotidiana. Hemos aprendido a hablar de niños y niñas como sujetos de derechos, de crianza respetuosa, de prevención de las violencias, de protección integral y de rutas para actuar cuando esos derechos son vulnerados. Hemos construido leyes, instituciones, campañas y nuevas maneras de nombrar aquello que antes permanecía oculto o se consideraba un asunto privado de cada familia. Y todo eso importa. Ha cambiado la manera en que muchas personas entienden la infancia y ha permitido que prácticas antes aceptadas comiencen a ser cuestionadas. Pero hemos sido demasiado optimistas al creer que transformar el discurso significa, necesariamente, transformar las costumbres. Las ideas pueden llegar a las aulas, a las instituciones y a los documentos oficiales mucho antes de llegar a la intimidad de una casa. Allí, en el lugar donde se aprende a obedecer, a poner límites, a resolver el conflicto y a ejercer la autoridad, sobreviven a veces formas de crianza mucho más antiguas que los discursos con los que intentamos reemplazarlas.
Es justamente allí donde la reflexión de Jenny Pearce sobre el espacio íntimo empieza a cobrar sentido para mí. La violencia también se aprende en los lugares más cercanos, allí donde tenemos nuestras primeras experiencias con la autoridad, los límites y el conflicto. La familia es el primer lugar donde un niño aprende qué ocurre cuando desobedece, cómo se resuelve una diferencia y hasta dónde puede llegar quien tiene autoridad sobre él. Cuando el golpe aparece como una forma válida de corregir, el niño no solo aprende que ha hecho algo malo: puede aprender también que quien tiene poder puede usar la fuerza sobre quien tiene menos.
La pregunta más interesante no es qué hará ese niño o niña cuando crezca, sino qué aprende, mientras crece, sobre la autoridad. Aprende que hay adultos que pueden exigir obediencia porque tienen más poder, que el desacuerdo tiene consecuencias, que existen cuerpos sobre los que otros pueden decidir. Aprende también que el amor y el castigo pueden convivir en la misma persona y que alguien puede decir “lo hago por tu bien” mientras causa dolor.
Eso no convierte automáticamente a una persona en violenta, pero sí puede dejar una idea difícil de desmontar: que la autoridad se demuestra cuando consigue que el otro obedezca. Y esa idea nos acompaña mucho más de lo que queremos admitir. Aparece cuando confundimos respeto con miedo, cuando creemos que poner un límite exige levantar la voz, cuando pensamos que quien tiene el mando, debe imponerse y, cuando aceptamos que la razón de quien tiene más fuerza pesa más que la de quien tiene menos.
Por eso me interesa menos preguntarme si aquellos jóvenes repetirán algún día lo que vivieron que preguntarme qué quedó en ellos de aquella forma de entender la autoridad. Todos aprendemos algo de las relaciones de poder que experimentamos primero: aprendemos quién puede mandar, quién debe obedecer, qué ocurre cuando se desobedece y qué recursos tiene quien ocupa una posición de autoridad. Aprendemos, incluso, cuánto puede doler una diferencia cuando quien tiene el poder decide que no quiere discutirla.
Con los años dejamos de ser niños, pero no necesariamente dejamos atrás todo lo aprendido. Lo llevamos a otros espacios y lo vamos modificando con la educación, con las personas que encontramos, con nuestras propias decisiones. A veces conseguimos desmontarlo, otras veces simplemente cambiamos de escenario. Lo que aprendemos en la infancia puede aparecer, muchos años después, en nuestra dificultad para aceptar un límite, tolerar que alguien nos contradiga o renunciar a tener la última palabra. No siempre. No de manera inevitable. Pero las formas en que aprendemos a relacionarnos con el poder no desaparecen simplemente porque crezcamos.
En Colombia, manejar un vehículo puede convertirse en una pequeña batalla por el territorio, por el turno, por la razón. Un carro se atraviesa y el otro acelera para impedirle el paso. Alguien cambia de carril y recibe el pitazo, el insulto o una maniobra de revancha; un conductor se siente obligado a demostrarle al otro que no puede cerrarlo, adelantarse o siquiera equivocarse delante de él. Hay algo curioso en esas escenas: casi nunca está en juego algo verdaderamente importante y, sin embargo, reaccionamos como si nuestra dignidad dependiera de no ceder.
Por eso el tráfico es un lugar tan revelador. Dentro de un carro somos adultos con licencia para conducir, pero también seguimos llevando con nosotros algunas de las ideas que aprendimos mucho antes de saber qué era un semáforo: que ceder puede parecer una derrota, que quien se impone tiene la razón, que dejar pasar al otro significa perder algo. El problema no es solamente cómo conducimos. Es la dificultad que a veces tenemos para aceptar que el otro también tiene derecho a ocupar el mismo espacio, a equivocarse, a avanzar delante de nosotros y, sobre todo, a no hacer lo que queremos.
No se trata de aprender a vivir sin conflictos. El conflicto es inevitable y, bien manejado, incluso puede ser una forma de aprender a convivir. El problema aparece cuando interpretamos el desacuerdo como una amenaza y sentimos que resolverlo significa conseguir que el otro ceda. Entonces dejamos de discutir una idea y empezamos a disputar una posición; dejamos de intentar comprender al otro y comenzamos a demostrarle que tenemos más autoridad, más fuerza o más derecho que él.
Eso ocurre en el tráfico, pero también en lugares mucho menos evidentes. Ocurre cuando un jefe no tolera que un empleado lo contradiga, cuando un padre interpreta cualquier cuestionamiento como falta de respeto, cuando una pareja convierte una discusión en una competencia por determinar quién tiene la última palabra. Ocurre incluso en conversaciones aparentemente pequeñas, cuando nuestra primera reacción frente a quien piensa distinto no es preguntarnos qué está viendo que nosotros no vemos, sino cómo vamos a demostrarle que está equivocado.
Una parte de nuestra educación consiste precisamente en aprender lo contrario: que tener autoridad no significa tener siempre la última palabra, que poner límites no exige humillar y que ceder algunas veces no nos hace menos fuertes. Pero para aprenderlo necesitamos haber conocido, desde temprano, otras formas de ejercer el poder. Formas en las que el límite no sea una amenaza, la diferencia no sea una ofensa y la autoridad no dependa del miedo que consigue producir.
Aquella conversación me dejó una pregunta más sencilla y más incómoda: ¿qué clase de autoridad estamos enseñando? Educar para la convivencia no consiste solamente en enseñarles a los niños que tienen derechos. También consiste en mostrarles que el poder tiene límites, que alguien puede decirnos que no sin merecer un castigo y que una diferencia no tiene por qué resolverse imponiéndose sobre el otro.
Ahí empieza una parte de la paz que tanto buscamos: en aprender a no convertir cada desacuerdo en una disputa por el poder. En aceptar que el otro puede ocupar el mismo espacio, pensar distinto, equivocarse o simplemente no hacer lo que queremos. Incluso cuando vamos detrás de un volante y creemos que dejarlo pasar significa perder.
Después de aquella conversación, sigo pensando que el verdadero cambio no estará completo mientras un niño pueda aprender sus derechos en la escuela y, al llegar a casa, aprender lo contrario.
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