El gobierno nacional definió que la estrategia para adquirir la vacuna para el COVID-19, ante la restricción de la ley estatuaria de salud, que impide destinar fondos públicos a productos en fase de experimentación, es canalizar los recursos oficiales en del ecosistema interno que articula el Ministerio de Salud, coordinado en lo externo por la Cancillería, a través del sistema multilateral Covax, que ejecutará la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana de salud (OPS).
La estrategia colombiana implica que se priorizó la cooperación multilateral internacional, para que la OMS nos provea en 2021 de la vacuna del COVID; luego de que concrete negociaciones con alguna farmacéutica; tras verificar la eficacia de un proyecto actual de vacuna, una vez que confirmen los ensayos masivos de la fase 3, con gran número de participantes de varias razas, en cerca de 23 países.
Ante dicha estrategia oficial, el sector privado farmacéutico local ofreció aportar recursos complementarios para mejorar la capacidad del país en este critico momento, asumiendo que la suma de lo público y privado podrá hacer la diferencia favorable, cuando se demuestre la validez de alguna vacuna, entre los varios proyectos que impulsan diversas empresas farmacéuticas; al admitir que desde el 2000, Colombia perdió capacidad de producir vacunas humanas.
Los estrategas hicieron una revisión de las empresas que desarrollan la vacuna, como Pfizer, Sinovac de China, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, los rusos, etcétera. Todos ellos aún están en los test clínicos de fase 3, con un enorme número de voluntarios; y añadió que luego pedirán el aval legal de la OMS y de cada país para su comercialización.
Los primeros ensayos bioclínicos de la vacuna de esos laboratorios tuvieron respuesta inmunitaria importante y demostraron ser seguros para los pacientes. Su eficacia aún debe confirmarse en otros ensayos masivos de la fase 3, con mayor número de participantes, antes de poder comercializarla a gran escala. La rusa reportó algunos efectos contrarios en 38 de casi 10.000 voluntarios.
Jarbas Barbosa, subdirector de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, explicó que bajo el programa “Covax” todos los países de América Latina y el Caribe accederán a la vacuna, pues la OPS compró una reserva de 300 millones de dosis de vacunas para el COVID-19, en la meta de 2 billones, para que en la primera etapa los países las apliquen al 20% de la población. Pero lo cuestionable no es si la vacuna llegue a Latinoamérica, sino la oportunidad de que sea asequible para el total poblacional.
En la Comisión 1ª de la Cámara, el representante de Cambio Radical por Bogotá, José Daniel López, hizo un debate y censuró al gobierno nacional por no haber una política oficial que "asegure un buen puesto al país" en la fila para obtener pronta vacuna contra el COVID. “La cuestión no es traer esa vacuna. Se trata de cuándo llegará. ¿Vamos a quedar siempre de últimos? ¿Nos ocurrirá igual que con los respiradores?”.
En el único debate hecho por uno de los 171 voceros del pueblo en la cámara colombiana, el viceministro de Relación Exteriores, Francisco Echeverri, descalificó la reciente vacuna Sputnik V, anunciada por el gobierno de Rusia en agosto 9/2020; señaló que ese proyecto bioclínico tiene "una carga política muy grande"; pero aclaró que hará "la verificación del caso", mediante diálogo constante con la Embajada de Colombia en Moscú, y; “que estarán pendientes y en contacto con nuestro embajador en Rusia", para verificar posibles efectos negativos que usualmente genera toda vacuna, que es probable se darán todas las vacunas; y aun en el de la vacuna rusa.
La Cancillería quiere hacernos ver su extrema diligencia al asumir que nuestro embajador en Moscú ya accedería a la vacuna rusa y contrataría un laboratorio especializado para hacer un detallado test de la eficacia inmunizante, y hallar la carga política que dijo tiene esa vacuna. Esta objeción no proviene de la OMS, sino del desinterés oficial colombiano en proveer una pronta solución a corto plazo que ampare a nuestra población y genere a las farmacéuticas locales, ocasión de elevar la exportación a la región.
El embajador ruso en Colombia S. Koshkin afirmó a que aunque el gobierno no mostró interés por tal vacuna, las empresas privadas colombianas están interesadas en importar el fármaco Avifavir, que se aprobó para combatir el virus desde mayo de 2020. El gobierno colombiano confirmó aparte que en agosto 13/2020 un acuerdo de confidencialidad con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, para reservar dos millones de dosis antes de julio del 2021, entre las vacunas que ellos desarrollan con un resultado promisorio.
Con igual pretexto político Colombia rechaza acudir a las farmacéuticas chinas, que también están a la vanguardia mundial, buscando la vacuna contra el COVID-19; pues obvio que cualquier país espera ser primero en darla al público, tras aprobar el debido escrutinio científico, propiciado a través de los ensayos masivos, que Colombia se niega a realizar con alguna de ellas; rechazándolas por ser “opacas”.
De otro lado, los gobiernos de Brasil y Cuba gestionan unos convenios con Rusia para envasar, llenar y distribuir en América Latina la vacuna rusa, demostrando mucho mayor interés por la pronta atención a sus poblaciones y darle la oportunidad a su sector farmacéutico local de adquirir la tecnología transferida, así como mostrar una iniciativa comercial para captar la distribución en los mercados vecinos de la región.
Las farmacéuticas de varios países compiten por desarrollar una vacuna para el COVID, no solo por orgullo nacionalista e investigativo, pues se trata de una gran oportunidad comercial para ofrecer un medio masivo de inmunizar pronto a toda la humanidad; que mata un millón de personas en el mundo. Ante la crisis actual, potencian su autonomía y capacidad científico-comercial, lo que es imitable; pero el gobierno Colombiano sin testear nada, descartó la vacuna rusa por su carga política.
Entretanto, el ministerio de defensa argentino anunció que desde agosto 12/2020 inició ensayos clínicos conjuntos con Estados Unidos, Alemania y Brasil, para testear la vacuna europea de Pfizer y BioNTech contra el COVID, entre voluntarios que acudieron al Hospital Militar Central, único habilitado para esas pruebas. El director de ese centro médico, el coronel Sergio Maldonado, aseguró en Radio Rivadavia concluir en julio la preparación y capacitación de especialistas, para alistar dicho estudio, donde ese hospital militar aporta la infraestructura, un equipamiento y el personal sanitario. Los voluntarios se seleccionaron por Pfizer.
Argentina sigue el ejemplo brasileño, del patrocinio oficial a test masivos voluntarias de las vacunas, mediante convenios de cooperación con alguna de las 26 farmacéuticas que hacen ensayos bioclínicos avanzados en el mundo, propiciando el acceso a vacunas que facilitan una transferencia a empresas locales y desarrollar destrezas oficiales para la aplicación masiva al pueblo.
Así, México y Argentina anunciaron en Buenos Aires en agosto 12/2020, una alianza para producir y envasar la COVID a crear por AstraZéneca con la universidad de Oxford, y distribuirla en esos países y Latinoamérica (excepto Brasil, que tiene convenio propio); como solución para el primer semestre de 2021, a través de la biotecnológica mAbxience que la producirá en Argentina.
El presidente argentino Alberto Fernández, confirmó que su país, México, el laboratorio AstraZeneca la fundación mexicana Slim y el laboratorio argentino mAbxcience acordaron producir entre 150 y 250 millones de vacunas del COVID-19, que estarían disponibles para distribuirlas inicialmente a esos dos países en el primer semestre de 2021 (mAbxcience en Argentina y el grupo Slim en México), bajo los futuros resultados finales de la fase III, las aprobaciones regulatorias locales y prevén que quizás la venderían a los demás gobiernos de la región que lo soliciten, por un precio probable de 4 o 5 dólares cada dosis.
México, con 130 millones de personas y 60.000 muerte, es el 4° país con más contagiados en el mundo; Argentina con 44 millones de habitantes, registra 268.561 enfermos del COVID-19; de ellos 5.213 fallecieron y 187.283 se recuperaron. El embajador británico en Argentina, Mark Kent señaló que eso es un ejemplo de la cooperación requerida en este momento. De su lado, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, aclaró que este acuerdo no es el único previsto por su país, pues hacen otra experiencia clínica con otro proveedor y conversan además con otros, para asegurar varias fuentes de suministro, junto con el ssitema Covax de la OMS.
De otro lado, el consorcio mundial Gavi (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), anunció en agosto 2/2020, colaborar con el instituto indio Serum (SII) (el mayor fabricante de vacunas a nivel mundial) y la fundación Bill-Melinda Gates, el fabricar cien millones de dosis de la futura vacuna, segura y eficaz del COVID-19, para venderla a precio cómodo, en países menos desarrollados e intermedios, entre los que podría estar Colombia, si en lugar de esperar al final de la fila del OMS; nuestro país no rechaza la carga política de la India y conviniera con el SII y Gavi, la pronta venta de 50 millones de dosis de la vacuna COVID.
El instituto SII aumentará su producción a escala mundial de la vacuna genérica aún por adquirir, que él venderá por tres dólares la dosis, en los 93 países de la red de operaciones de Gavi; que implica a gobiernos, ONG, agencias de desarrollo, fundaciones y empresas; para contra-restar la limitación de los países más vulnerables, que van al final de fila de usuarios, ante los nuevos diagnósticos, terapia y vacunas, para superar el privilegio de los países ricos que pueden pagarlas; según dijo el director de Gavi.
Según tal acuerdo, el grupo SII fabricaría vacunas candidatas del grupo farmacéutico británico AstraZeneca y la estadounidense Novavax, que serán disponibles para venta al fin de año, si compra la licencia completa; entre las 165 vacunas candidatas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud; pues 139 todavía aún están en evaluación preclínica. En agosto 2/2020 otras 26 estaban en las varias fases de prueba en humanos, y seis de los más avanzados ya alcanzaron la fase 3 de evaluación clínica.
No sorprende la rigidez conceptual de nuestro gobierno, pero tiene el deber constitucional de velar oportuno por la salud y la vida de 50 millones de personas. Por ello no debe ni puede relegar a priori las múltiples opciones no occidentales que surgen para adquirir con prontitud la vacuna del COVID-19, al margen de la posición política y falta de laboratorios de la Cancillería, pues es necesario que se actúe con diligencia y prevención oportuna para comprar y distribuir en pronta ocasión acceso dicha vacuna, sin causar más innecesarias muertes, pues es evidente que falta disciplina colectiva, las cuarentenas, toques de queda y demás ha sido inútiles.
En agosto 19 de 2020, varias empresas anuncian la creación de las vacunas rusa, china y varias occidentales. A cada uno de ellos, el sector privado colombiano podría reservarles directamente grupos de diez millones de dosis. Aparte está la opción de aliarse con el Instituto SII de la India para buscar el acceso pronto y barato a una vacuna genérica, producida a gran escala por ellos con apoyo de la fundación B. Gates. Al margen, quedan los ensayos del plasma inmunizado argentino, el insistir en la hidrocloroxina, o como hace la alcaldía de Cali, usar la ivermectina u otro tipo de terapia fallidas.
Lo que no procede es lo que hace el gobierno al entrar en un lento y engorroso proceso burocrático internacional multilateral para esperar que la OMS o la OPS, no sabemos cuándo, compren la misma vacuna en algún laboratorio occidental; que luego nos incluya en lugar intermedio de la fila de posibles países beneficiarios, para que en fecha incierta del año 2021, nos asigne una mínima cantidad de dosis, que no sabemos cuándo entregarán.
Una vez esté en el país deberá pasar por los procesos de envase, llenado y estricto control de calidad del Invima, para luego ingresar a la cadena privada de distribución mayorista y finalmente la vendan al final del 2021, al usuario final.
Aceptar la vía burocrática internacional supone un largo proceso de consenso multilateral que podrá tomar otro año, lapso en el que podrían morir otras cien mil personas, elevando la crisis sanitaria local que aumenta los costos terapéuticos, para dotar de más UCI, a hospitales de segundo al cuarto nivel en las regiones colombianas, aunque carezcan del suficiente número de intensivistas y personal de apoyo sanitario; que implica continuar la incapacidad oficial de atender al gran número de enfermos.
El claro liderazgo del sector farmacéutico de Brasil, Argentina y México sobre dicha vacuna, enseña a los industriales de tal sector en Colombia que deben tener mayor iniciativa para comprar dicha vacuna, si quieren al menos conservar la cuota de mercado andino, pues la falta de dinamismo oficial local, hará que se pierda una oportunidad para potenciar esa industria; pues se actúa ya, se podrá generar a corto plazo, una buena cuota de empleo, ingreso y protección para muchos hogares colombianos
Aunque Gabriel Jaramillo, exdirector del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, afirmó que la labor de la administración nacional, en conjunto con el sector privado, “facilita y optimiza las oportunidades de Colombia para alcanzar la vacuna en la gran competencia global”; los 450.000 contagiados y casi 15.000 muertes locales ponen al país en el octavo lugar de siniestralidad por COVID-19 en el mundo, y urgen que el gobierno actúe pronto; o, ante la dificultad de comprometerse con recursos oficiales, a que sea el sector privado quien escoja y haga oportunos convenios para pronta compra de unas vacunas idóneas.
El ministro de Salud Fernando Ruiz, sin aludir a la fecha de comprar dicha vacuna, dijo a la prensa en agosto 8/2020 que en la 1ª etapa del 2021 se vacuna los trabajadores sanitarios (aclaró que alude no solo los médicos, enfermeras, sino todos los conexos a tal sector, aprox.813.000 personas). Luego, los mayores de 60 años (6,8 millones de colombianos), después las personas con comorbilidades (6,7 millones); y al final de 2021 la población económicamente activa (23 millones).
Señaló que su dependencia desarrolla un avanzado plan de siete componentes, que va desde cómo acceder hasta el momento de la administración a cada paciente, pero reiteró que no puede asignar dineros oficiales para comprar vacunas experimentales.
