Las noticias del Consejo de Estado son alentadoras. Parece que por fin alguna de las altas cortes ha escuchado el clamor y la indignación popular por las graves irregularidades que se han presentado con roscas, pagos de favores y nombramientos indignos en los últimos tiempos.
Si esta tendencia se consolida habremos empezado a recuperar la dignidad de la justicia y de paso nos ahorraríamos traumáticas medidas como las que proponen voces que llaman a la revocatoria de todos los magistrados, constituyentes “renovadoras” y otras reformas que como la del año pasado, no corregían nada pero sí agravaban los problemas.
Ahora, gracias a un fallo del Consejo de Estado, tres casos que se habían convertido en sinónimo de envilecimiento de la Rama Judicial, de unas altas cortes sin ninguna “altura” podrían reversarse. El del magistrado Alberto Rojas Ríos, nombrado en la Corte Constitucional y los de los magistrados Francisco Ricaurte y Pedro Munar nombrados en el Consejo Superior de la Judicatura por ternas de la Corte Suprema.
Alberto Rojas Ríos, llegó a una de las instancias más importantes de la justicia, la Corte que vigila la correcta aplicación de la Constitución, rodeado de escándalos y dudas sobre su comportamiento ético y con escasa experiencia como jurista. La acusación más grave, aunque no probada totalmente era la de que se había quedado con los recursos obtenidos para una de sus clientas, una viuda que al mejor estilo del “doctor Mata” confío en él y le entregó poder para representarla.
Por su parte Francisco Ricaute y Pedro Munar se aposentaron en la instancia que controla los recursos de la Rama Judicial y administra todo su personal a lo largo y ancho del país, lo que implica inversiones multimillonarias en infraestructura y compras, nombramientos, promociones y sanciones para todo tipo de juzgados y de funcionarios.
A Ricaurte y a Munar se le criticó duramente por haber sido postulados por magistrados que a su vez ellos había postulado para sus cargos. Algo así como yo te postulo ahora para que tú me postules después. Un carrusel que no ha servido sino para crear roscas de poder en la justicia.
El fallo del Consejo de Estado, en respuesta a una demanda presentada por el exmagistrado Rodrigo Uprimy que buscaba atacar el “nepotismo, el amiguismo y los carruseles de favores” en las cortes, es sin duda un mensaje alentador. Es posible que todavía quede algo de vergüenza y sentido patriótico en muchos miembros de la Rama Judicial. De ser así estaríamos todavía a tiempo de recuperar el sendero que se buscó con la Constitución del 91, la de una justicia independiente, no politizada y sobre todo que piense en los altos intereses de la ciudadanía en lugar de sus propios intereses mezquinos.
Si las altas cortes se autocritican, si hacen propósito de enmienda, si cortan de tajo esa obsesión malsana de algunos por adueñarse de ellas, para rodearse de privilegios y gabelas, podrán con su ejemplo y su comportamiento ceñido a la ética y a la legalidad exigir esto mismo a todos sus funcionarios. De lo contrario la justicia colombiana estaría perdida y sin justicia no hay ni democracia, ni paz posible.
Ninguna norma, por buena que sea, ninguna Constituyente, ninguna Ley, ningún mecanismo de control logrará enderezar a la Rama Judicial si no hay, entre sus magistrados, el compromiso interno de respetar profundamente el sentido ético y la legalidad, no la mera apariencia de legalidad, sino su espíritu más profundo que es el bien general por encima del particular, la igualdad de todos y todas frente a la Ley y el respeto por los ciudadanos. Ojalá este fallo no sea una mera golondrina y tengamos por fin Justicia.
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