¿Plebiscito de 1957, el inicio de la segunda república?

El evento electoral, que hoy conmemora sesenta y tres años, contó con una gran acogida dentro de la población y marcó un importante hito histórico

Por: Harold Stevens Avila Aguirre y Eliana Coy Suarez
diciembre 01, 2020
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¿Plebiscito de 1957, el inicio de la segunda república?
Foto: Twitter @Registraduria

Este primero de diciembre se conmemoran ya 63 años del primer plebiscito que se votó en Colombia en 1957. A lo largo de la historia electoral del país, los ciudadanos han sido convocados a las urnas en dos oportunidades bajo esta figura como mecanismo de consulta popular, donde se ha decidido la refrendación o no de un conjunto de enmiendas, que en diferentes épocas y distintas circunstancias, buscaban mecanismos legales que les permitieran garantizar la resolución de conflictos bajo contextos de guerra y crisis institucional.

Per se no fue un plebiscito como tal, ya que su aspiración no era expedir o ratificar un ordenamiento jurídico nuevo; y sí fue la primera vez que las mujeres tuvieron participación activa en las decisiones políticas, siendo parte importante y fundamental del electorado a partir de ese momento, a su vez, los partidos políticos hegemónicos renunciaron al control autoritario del poder y conciliaron un gobierno conjunto de responsabilidad repartida.

En 1958 la sociedad colombiana retornó a la senda de la democracia después de un cuatrienio regido por la dictadura militar. La importancia de los acontecimientos sucedidos en ese año debe abordarse dentro del contexto histórico de la década que lo precedió y que estuvo marcada por eventos que tanto en el plano doméstico, como en el campo internacional condujeron a intervalos de violencia que persistieron a lo largo del tiempo.

En el país, una vez culminado el periodo de López Pumarejo, Eduardo Santos (1938-1942) asumió la presidencia en momentos en que empezaba la Segunda Guerra Mundial. Su gobierno dio continuidad a varios programas iniciados por su antecesor y siguió adelante con los intentos de convertir al Estado en un ente garante regulador de los conflictos sociales (González, 1997). Durante el segundo gobierno de López Pumarejo (1942-1945) la situación política se sale de control, los escándalos golpean con severidad la imagen del gobierno que en 1944 afronta un intento de golpe militar en Pasto y presencia una profunda división en las líneas de su partido; todo esto conlleva a que López renuncie a la presidencia y su lugar sea ocupado por Alberto Lleras Camargo en julio de 1945, quien para ese mismo año presentó al Congreso una reforma constitucional que tuvo por objeto fortalecer la rama ejecutiva y tecnificar las operaciones del Congreso.

Los insuficientes resultados conseguidos a través de los intentos de modernización del Estado como del Partido Liberal mismo por parte de López Pumarejo y el tono comedido impartido en sus reformas elevaron la resistencia de terratenientes y propietarios agrarios, gremios empresariales y la Iglesia Católica, que frenaron en parte los intentos del gobernante.

Para las elecciones de 1946, el liberalismo se encuentra dividido, situación que benefició al conservatismo logrando quedarse con el poder en cabeza de Mariano Ospina Pérez (1946-1950). En principio Ospina intentó dirigir con la colaboración del liberalismo en un intento de gobierno de “Unión Nacional”, pero el clima de polarización hizo fracasar la iniciativa (González, 1997).

Durante este mandato se registró una profunda crisis e inoperancia por parte de las instituciones oficiales, donde la ausencia física del Estado en vastas regiones del país era evidente: la desarticulación del poder en sus diferentes niveles permite que la violencia esté por fuera del control del Estado y de la clase política prevaleciente. El aumento de la miseria en las zonas rurales funciona como catalizador del éxodo de campesinos hacia los principales centros poblados, cuya baja industrialización no es suficiente para absorber los excedentes de mano de obra generados, y cuyos precarios servicios no proporcionan la cobertura apta que garantice atender sus necesidades más básicas.

La violencia partidista entre liberales y conservadores va a alcanzar un punto álgido tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá, cuando en la ciudad se celebraba la Novena Conferencia Panamericana que contó con la asistencia de varios cancilleres del continente.

Para noviembre de 1949, el presidente Ospina ordena el cierre del Congreso Nacional de mayoría liberal en virtud de lo cual el partido en muestra de desavenencia decide retirar la candidatura de Darío Echandía, de manera que para las elecciones adelantadas el 27 de noviembre del mismo año para elegir al presidente de cara al periodo 1950-1954, Laureano Gómez, como único candidato del Partido Conservador resultó designado, mientras tanto la violencia se extendía por todo el territorio nacional.

A finales de octubre de 1951, sus múltiples quebrantos de salud lo obligan a retirarse temporalmente del cargo nombrando en su reemplazo a Roberto Urdaneta Arbeláez quien se posesiona el 5 de noviembre ante el Congreso, sin embargo Gómez continuó con su papel activo ejerciendo influencia a través de su subordinado. En 1952 promueve una Asamblea Constituyente, proceso que finalmente fue interrumpido el 13 de junio de 1953 por un golpe de Estado donde asume la presidencia de la república el general Gustavo Rojas Pinilla en acto legalizado por la Asamblea, mientras que el presidente en ejercicio abandona el poder y se exilia en el exterior (González, 1997). Esto fue el resultado de una coalición entre liberales y la facción conexa al ex presidente Ospina del Partido Conservador, los cuales acordaron instaurar un gobierno militar de transición con el objeto de ponerle punto final al enfrentamiento bélico que cobraba cada vez más vidas.

El mandato de Rojas Pinilla se prolongó hasta el 10 de mayo de 1957, cuando renunció y dejó el poder a cargo de una junta militar que lo sucedió hasta el 7 de agosto de 1958. Su salida se motivó cuando la Constituyente manifestó su decisión de prolongar su cargo para el periodo 1958-1962. Previamente en oposición a la dictadura, los líderes del Partido Liberal y Conservador, Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, concertaron oponer resistencia al cesarismo de Rojas Pinilla, pacto que finalmente sellaron con los acuerdos de Benidorm (1956) y Sitges (1957) cuyos nombres provienen de las ciudades españolas donde se firmaron, en consecuencia se convertiría en la antesala para la implementación del Frente Nacional (De la Calle, 2006).

El primero de diciembre de 1957, mediante Decreto 0247 del cuatro de octubre, la junta militar convocó un plebiscito nacional con el fin de introducir algunas reformas a la Constitución; un total de 14 artículos fueron presentados a consulta de la opinión pública, el temario fue concreto y ambicioso al mismo tiempo, donde el ejercicio democrático tenía más tintes de referendo al ser sometida una propuesta reformativa a voto popular.

El evento electoral contó con una gran acogida dentro de la población, la participación superó así el 70% (72,27%) de los ciudadanos habilitados para sufragar; de los 5.386.981 electores que conformaban el padrón electoral, un total de 4.397.090 personas ejercieron su derecho al voto, en el que los resultados por el sí superaron en gran medida a su contraparte sumando 4.169.294 sufragios, mientras que por el no solo alcanzaron los 206.864, entre tanto los votos en blanco reunieron 20.738 y nulos solo 194 (González, 1997. p. 156).

Nota: gráficos elaborados a partir de las cifras registradas en González, 1997, p. 157.

Nota: gráficos elaborados a partir de las cifras registradas en González, 1997, p. 157.

Nota: gráficos elaborados a partir de las cifras registradas en González, 1997, p. 157.

Dentro de los puntos aprobados se encontraban la paridad política (liberal-conservadora) en el Congreso, Asambleas y Concejos municipales, del mismo modo la regla aplicaba para ministerios, gobernaciones y alcaldías y en general los demás cargos públicos que no pertenecían a la carrera administrativa. Asimismo se estableció que las determinaciones del Congreso fueran establecidas por votación de una mayoría superior a la mitad más uno de sus miembros, con el fin de evitar que las decisiones de ambas cámaras favorecieran a uno solo de los partidos establecidos.

Otra de las medidas autorizadas fue la conformación de la carrera administrativa para especialistas, considerados como neutrales en aspectos políticos, manteniendo su derecho al voto; en cuanto a reformas constitucionales, estas solo podrían ser realizadas por el Congreso de la República y se le concedió la igualdad de derechos políticos a la mujer, del mismo modo, los miembros del Congreso y las Asambleas departamentales pasarían a devengar un salario mensual, ya que hasta ese momento se les asignaba un pago al término de cada sesión. Finalmente en lo que concierne al presupuesto para la educación, el gobierno debería invertir no menos del 10%.

La alternancia de los partidos en la presidencia no hizo parte del plebiscito, fue acordada posteriormente y se instauró mediante acto legislativo No 1 de 1959 para un periodo de 12 años prolongado luego a 16, formalizando oficialmente el Frente Nacional, episodio en donde los partidos políticos tradicionales se rotarían la presidencia de la república en forma consecutiva hasta el año 1974 que iniciaría con la administración del candidato liberal Alberto Lleras Camargo y culminaría con la del conservador Misael Pastrana Borrero (De la Calle, 2006. p. 139).

En definitiva el arreglo que culminó con el reparto del poder entre las colectividades políticas habituales, facultado con la puesta en funcionamiento del Frente Nacional que distribuyó la gobernanza y estableció la paridad burocrática de manera compartida por 16 años, fue un “ajuste” imperativo e indispensable, ya que parecía ser la solución más cercana a los conflictos que se venían registrando desde finales del siglo XIX y que se intensificaron en magnitud a partir de la primera mitad del siglo XX (Pécaut y Melo, 1988). Además, con ánimo de facilitar la estabilidad política y llevar a cabo cambios en el plano económico y social, parecía resultar una medida con resultados próximos.

De todos modos, el restringir formalmente la actividad política y cerrar espacios a partidos distintos al Liberal y el Conservador fue percibido por organizaciones que no contaban con participación dentro del gobierno ni se sentían representadas en el poder, como el principio de la lucha armada, siendo esta el principal instrumento o vehículo para elaborar una democracia participativa e incluyente para todos los sectores de la sociedad.

Si bien el Frente Nacional pudo contener la confrontación política, reduciendo significativamente los índices de homicidios, disminuyendo los ciclos de violencia entre partidos, dejando esta a un lado como medio para alcanzar el poder, pese a toda esta avenencia conquistada, los actos violentos perduraron no tanto por las restricciones impuestas por el convenio bipartidista, sino más bien por los espacios que el Estado no fue capaz de cubrir, demostrando a la sociedad civil que la precariedad de la presencia del aparato gubernamental continuaba presente, dejándolos a merced de la confrontación entre actores armados que intentaban llenar el vacío y suplantar algunas de sus funciones (Pécaut et.al, 1988).

Referencias

De la Calle, H. (2006). El Plebiscito de 1957, la legitimidad fundacional del Frente Nacional. En Caballero, C., Pachón, M., y Posada E. (Ed.), Cincuenta años de regreso a la democracia. Nuevas miradas a la relevancia histórica del Frente Nacional (pp. 119-146). Universidad de los Andes.

González, F. E. (1997). Para leer la política. Ensayos de historia política colombiana, volumen 1. CINEP.

Pécaut, D., y Melo, J. O. (1988). Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988. Siglo veintiuno.

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