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Hay una cifra que debería llamar la atención: el presupuesto de 2027 pasó de $575,7 billones a $634,9 billones. La diferencia es de $59,3 billones, casi $60 millones de millones.
El primer presupuesto fue presentado el 29 de julio de 2026 por Germán Ávila, entonces ministro de Hacienda del Gobierno de Gustavo Petro. Menos de un mes después, el nuevo ministro, Miguel Gómez Martínez, presentó una versión por $634,9 billones.
El nuevo Gobierno sostiene que el primer proyecto no financiaba completamente varias obligaciones: $6,5 billones para pensiones, $2 billones para salud, $4,5 billones para salarios de funcionarios, $0,7 billones para universidades públicas y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. A esto se sumaron $37,4 billones adicionales para el servicio de la deuda, que pasó de $118 billones a $155,4 billones.
No deben sumarse mecánicamente todos esos rubros como si fueran una segunda factura de $60,7 billones: corresponden a distintos ajustes y componentes del presupuesto. Lo que sí está claro es que el proyecto aumentó en $59,3 billones y que una parte sustancial del incremento correspondió a la deuda.
Estrategia electoral
El presupuesto fue presentado en plena campaña electoral. Mostrar el verdadero tamaño del déficit, la deuda y las obligaciones pendientes podía tener un costo político para el Gobierno de Gustavo Petro.
Por eso, presentar una cuenta de $575,7 billones que pocas semanas después pasó a $634,9 billones dejaron ante los electores una fotografía fiscal mucho más favorable de la que terminó recibiendo el nuevo Gobierno.
Y no fue una cuenta hecha por una sola persona. Detrás estaban el Ministerio de Hacienda, sus equipos técnicos, los ministerios y las entidades que suministraron la información. Una diferencia de $59,3 billones exigen mucho más que la explicación de un simple error.
Hay unos responsables claros
La cadena comienza por Gustavo Petro, como presidente y jefe del Gobierno que presentó y defendió el presupuesto. Sigue Germán Ávila, ministro de Hacienda cuando se presentó el proyecto, y continúa con las áreas técnicas de Hacienda encargadas de presupuesto, ingresos, gasto, deuda y proyecciones fiscales, además del Departamento Nacional de Planeación y las entidades que reportaron sus necesidades.
La pregunta es directa: ¿quién conocía esas obligaciones, ¿quién elaboró las cifras, ¿quién las revisó y quién decidió presentar al Congreso una cuenta que después aumentó en $59,3 billones?
El salario mínimo también dejó una factura
El aumento del salario mínimo de 23% para 2026 fue otra decisión con consecuencias fiscales. El CARF calculó que produciría, de manera preliminar y parcial, al menos $5,3 billones adicionales de déficit en 2026 y $8 billones anuales desde 2027, afectando principalmente el gasto en pensiones y otros componentes ligados al salario mínimo.
La decisión fue tomada por el Gobierno antes de la elaboración del presupuesto de 2027. Por eso resulta legítimo preguntar cómo fueron incorporados sus efectos en las primeras cuentas.
La factura que apareció después
El Banco de la República encontró que el servicio de la deuda pasó de $118 billones a $155,4 billones, un aumento de $37,4 billones. Además, el escenario fiscal cambió radicalmente: el Marco Fiscal de Mediano Plazo proyectaba para 2027 un déficit de 4,5% del PIB y una deuda neta de 58,9%, mientras el Plan Financiero actualizado mostró un escenario de 9,4% de déficit y 66,2% de deuda neta si no se adoptan medidas de ajuste. El propio Banco aclara que estos últimos valores son un diagnóstico de riesgo, no una meta del Gobierno.
Eso permite entender la dimensión del problema: no se trató solamente de mover unas partidas de un lado a otro. La fotografía fiscal cambió de manera sustancial.
La consecuencia política
Aquí está lo más grave. Durante una campaña electoral, presentar unas cuentas públicas más favorables puede reducir el costo político de un Gobierno. Si los colombianos recibieron una fotografía fiscal incompleta y solo después aparecieron obligaciones por decenas de billones de pesos, la discusión deja de ser exclusivamente económica y se convierte en una cuestión política.
Se redujo la factura presupuestal para que el deterioro de las finanzas públicas no se convirtiera en un problema electoral para el petrismo.
La ironía final
Y aquí aparece la paradoja. El Gobierno podía intentar mostrar una cuenta fiscal más amable, pero la realidad terminó apareciendo: $59,3 billones adicionales en el presupuesto y un escenario fiscal mucho más complicado.
Y, pese a todo, el petrismo perdió las elecciones.
La factura que no apareció completa antes de las urnas terminó apareciendo después. Las cuentas se pueden maquillar; la realidad, tarde o temprano, pasa la cuenta.
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