Sobre los hombros del gobierno del no y con el compromiso de hacer trizas “ese maldito papel que llaman acuerdo de paz”, Duque asumió la responsabilidad histórica de ser el primer presidente del posconflicto: el encargado de activar las rutas tempranas de la implementación institucional y aterrizar los componentes iniciales de la paz territorial.
Con el tristemente célebre ex alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y el consejero Emilio Archila (otro alto comisionado con mayor capacidad gerencial), diseñó una estrategia de intervención llamada Paz con legalidad, con un enfoque simple: apostarle a la consolidación entendida como mayor presencia de la fuerza pública y avanzar en una implementación simulada del acuerdo de paz.
Bajo esa lógica de simulación, se han impulsado los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el apartado más importante de la Reforma Rural Integral (punto 1 del acuerdo) y la estrategia de planeación participativa más destacada que se ha experimentado en la ruralidad colombiana.
Los PDET se disipan entre el cemento
A lo largo de 2017 cerca de 200.000 colombianos (41% correspondiente a mujeres y 25% a grupos étnicos) concurrieron en la planeación participativa de los PDET. Desde una metodología escalonada, es decir, de abajo hacia arriba y en torno a ocho pilares temáticos, las comunidades construyeron una visión propia de desarrollo a partir de lo veredal, municipal y subregional (priorizando más de 30.000 iniciativas). En total, se convocaron 11.000 veredas en 170 municipios. Nunca antes en la historia reciente del país se había escuchado con tanta contundencia la voz de esa Colombia profunda. Así, se generaron múltiples expectativas y los 16 PDET se convirtieron en la principal promesa de la paz territorial.
Tras la llegada de Duque, se concluyó el proceso de estructuración y se agregó un elemento no concertado en el acuerdo de paz o con las comunidades, se introdujo algo llamado Hoja de Ruta Única (HRU), en esencia, un documento altamente técnico y condicionante en las ejecutorias integrales de las iniciativas PDET.
Con la imposición de esa HRU se empezó a desvertebrar el espíritu colaborativo que caracterizó el diseño de los PDET y las comunidades empezaron a ser sistemáticamente excluidas del proceso de ejecución. De facto, se está cumpliendo con el acuerdo, pero el problema se encuentra en cómo se está haciendo (en contravía del espíritu de lo acordado) y en como las comunidades son excluidas de la fase más importante. Ese es uno de los mayores problemas que tiene el PDET en el gobierno Duque.
En muchas comunidades se siente desesperanza y hasta decepción, algunos campesinos afirman que la gran transformación territorial que se prometió quedó rezagada a pequeñas obras de infraestructura (llamadas obras PDET) y a puro cemento. Algo delicado porque el PDET no solo se reduce a la construcción de vías terciarias o a la ampliación en la oferta de servicios, también contiene una serie de iniciativas enfocadas en la construcción de paz, algo poco implementado y muy necesario en territorios donde el conflicto se viene activando con intensidad. Al ser un programa pensado a 15 años y que involucrará a los próximos dos gobiernos, todavía se está a tiempo de retomar el rumbo y reorientar su ejecución en consonancia con el espíritu de lo acordado. De esa forma lo piden las comunidades que viven en los territorios más afectados por el conflicto.
Ampliación de nuevas brechas
Desde la Agencia para la Renovación del Territorio y la Alta Consejería para la Estabilización y la Normalización podrán decir que se ha avanzado en inversiones y en ejecutorias de importancia. No lo dudo. El consejero Archila es un “mago” para jugar con las cifras y mostrar resultados; sin embargo, los escollos aparecen cuando se plantea el estancamiento en la expedición de la totalidad de las HRU y se constata el nulo papel que han tenido las comunidades en su diseño; cuando se confirma que las obras PDET se han entregado a la politiquería local y a los intereses de gamonales cercanos al uribismo; al determinar que las pocas inversiones que se han hecho priorizan unas subregiones sobre otras, generando nuevas brechas de inequidad entre territorios en sí muy afectados por la desigualdad y la pobreza.
Igualmente, no existe mucha claridad sobre los criterios que caracterizan la selección de las Obras PDET; el esquema de obras por impuesto o las inversiones del OCAD-Paz.
La sensación es que las subregiones avanzan a ritmos diferentes y con desbalances notables. Por ejemplo, mientras en Macarena-Guaviare y Putumayo se han ejecutado obras en las tres modalidades (obras PDET, Obras por impuestos e inversiones del OCAD-Paz), en Pacifico Medio no se ha entregado una sola obra (Octavo Informe de Verificación, Cinep-Cerac). Dando cuenta de amplios niveles de concentración en las inversiones; inversiones ya de por sí pequeñas y poco articuladas con las visiones plasmadas en las iniciativas.
Tampoco hay que olvidar que en su estrategia de consolidación el gobierno se montó en las llamadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral (Zonas Futuro) que priorizaron algunos municipios PDET, territorios a los que llegó más fuerza pública y la promesa de acelerar algunas iniciativas. De esa aceleración poco se ha visto, ni siquiera se consultó con las comunidades sobre esas intervenciones y la sensación que va quedando es que el gobierno está utilizando los PDET como una herramienta de militarización de la vida social. Una completa deformación frente a lo que fue acordado en la Reforma Rural.
Mucha burocracia y poca sociedad civil
Solo tendría que agregar que el gobierno ha buscado complejizar y burocratizar excesivamente la ejecución de los PDET. Algo que en principio debía ser sencillo con la idea de asegurar la participación constante de las comunidades como garantes de su desarrollo, se ha venido convirtiendo en un entramado burocrático de corte kafkiana con un montón de instancias, encargados y poco espacio para las voces del territorio; inclusive, algunas organizaciones han conformado sus propias redes de veeduría (por ejemplo, en Arauca) y solo se han encontrado con desdén por parte de la ART. Es en la ejecución donde las comunidades deben estar más atentas para certificar que las obras e inversiones si responden a las iniciativas que priorizaron y que realmente pueden ser reparadoras del tejido social.
Al parecer, al gobierno no le interesa que lo controlen, ya que así le abre espacio a la politiquería local para que se apropie y deforme el sentido del PDET. ¿Acaso lo dudan?
En la Cámara de Representantes se le pone el lente a tres PDET
Antes toda esa serie de irregularidades y vacíos, el representante por Antioquia Omar Restrepo, vocero político del partido Comunes, liderará en el Congreso una audiencia pública el viernes 11 de junio. Será un espacio donde los líderes comunitarios; los alcaldes; los académicos y el gobierno, convergerán para valorar los avances y dificultades en la ejecución de los PDET del Bajo Cauca, Sur de Córdoba (dos Zonas futuro) y el Urabá. Se espera concertar una agenda de prioridades y darle la palabra a las comunidades que se sienten abandonadas. Sin duda, será un espacio de gran importancia y resulta necesario que todos los interesados puedan participar, pues de toda la sociedad depende que los PDET sean una realidad y representen un auténtico modelo de construcción de paz territorial.
Es una deuda histórica con las comunidades más azotadas por la violencia, el conflicto y el abandono estatal. No las podemos seguir dejando en el olvido.
