Pacto histórico y paro nacional: una perspectiva política democrática (III, IV y V)

"Con el levantamiento del CNP de la mesa de negociaciones solo queda el camino de la convergencia y la unidad de acción política"

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
junio 23, 2021
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Pacto histórico y paro nacional: una perspectiva política democrática (III, IV y V)
Foto: Las2orillas / Leonel Cordero

III

La nueva reforma tributaria que se presentará en el segundo semestre de este año será uno de los factores determinantes para los desarrollos políticos de la campaña electoral. Al respecto se tienen los siguientes datos: la OCDE pronostica un crecimiento del PIB en 7,6% en el 2021, y 3,5% en 2022; teniendo en cuenta el crecimiento en el consumo privado (7,3%) y la demanda interna (9,2%); el Banco de la República proyecta un crecimiento del PIB en 4,6%, y el Ministerio de Hacienda en un 5% (El Colombiano 1-6-2021).

“Se requiere sostenibilidad fiscal, protección social, progresividad y equidad del sistema de tributario, recuperación de más de 300.000 mil microempresas que hay en el país, potenciar el dinero del Fondo Nacional de Regalías y el Presupuesto Nacional para infraestructuras y proyectos de mejoramiento en regiones y aumentar las exportaciones. Un paquete de reformas para crear puestos de trabajo formales y modernizar el sistema de pensiones, además mejorar el ritmo de vacunación, que es inferior al de otros países de la región” (El Colombiano 1-6-2021).

Después del optimismo en las cifras de crecimiento para la reactivación económica sin tener en cuenta los datos concretos sobre los planes y programas para la generación de empleo digno, formal y sostenible, y sin conocer todavía el contenido de la reforma tributaria del Gobierno, pasamos a la consideración de las “marchas blancas” que se han presentado en Cali, Medellín, Bogotá y otras ciudades de Colombia, donde se han manifestado hechos graves que ponen en peligro el “Estado de derecho” y la “estabilidad democrática” y que si no se controlan oportunamente por parte de los organismos competentes del Estado pueden llevar a una guerra civil prolongada y a una dictadura militar abiertamente fascista.

El derecho de las “marchas blancas” a manifestar su protesta en contra del paro nacional no está en discusión; lo preocupante es que se pueden llegar a convertir en la manifestación pública de una corriente política que está a favor de la solución de los problemas sociales a través de la violencia.

Las confrontaciones con el Esmad han dejado 72 muertos, hombres y mujeres jóvenes sin trabajo y sin estudio “que no tienen nada que perder”, y estudiantes universitarios que no tenían nada que ver con los grupos anárquicos y violentos, infiltrados de los paramilitares y de la misma inteligencia de los cuerpos de seguridad del estado, con el fin de sabotear las manifestaciones multitudinarias del paro nacional en todo el país. Mientras tanto el gobierno se hace el de los oídos sordos con lo que está pasando en Cali, y en todo el sur occidente colombiano. No se puede esperar del gobierno de Uribe-Duque, otra respuesta que no sea la militar, como en efecto lo está haciendo en 8 departamentos y 13 ciudades de Colombia, para levantar los bloqueos que en gran medida ya habían empezado a desmontarse mediante los acuerdos regionales entre los gobernadores y alcaldes y los dirigentes regionales del paro nacional.

Sin abandonar las manifestaciones multitudinarias pacíficas, alternativamente hay que combinarlas con la formación de un gran frente social y político de los trabajadores; étnico, campesino y cultural; que se proponga la conformación de una gran asamblea nacional integrada por la iglesia católica, por los pequeños y medianos empresarios, y por los trabajadores formales e informales que constituyen la mayoría de la población del país, con el fin de presionar al gobierno para la apertura de la mesa de negociaciones con los dirigentes del paro. Solo con la presión de la convergencia democrática, nacional e internacional (la visita de CIDH), y con las manifestaciones multitudinarias a lo largo y ancho del país, podremos superar la crisis de gobernabilidad que está llevando a Colombia al precipicio del fascismo.

El siguiente es el resumen de la declaración del Comité Nacional de paro (CNP) del 1 de junio de 2021. 1- El CNP ratifica la voluntad de diálogo y negociación. 2-Ante la negativa del gobierno de firmar el preacuerdo del 24 de mayo (garantías para la protesta) donde el tema central es insistir en la desmilitarización de la protesta y el respeto a los DD. HH.. 3-El CNP apoya los procesos regionales de diálogo y los actos unilaterales realizados por las comunidades que han incrementado significativamente la libre movilidad en las carreteras del país. Hemos solicitado a la misión de verificación de la ONU, a la comisionada para los DD. HH., a la Conferencia Episcopal y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que verifiquen los cortes de vías en el país y entreguen un informe a las partes en la siguiente reunión. 4- Exigimos la derogatoria del decreto 575 de 2021. 5- Continuar las conversaciones el martes 1 de junio de 2021. 6- Rechazamos el recrudecimiento de la violencia policial de los últimos días en la ciudad de Cali, y seguiremos reclamando a Duque por la masacre. 7- El paro nacional continúa. Convocamos para el miércoles 2 de junio a grandes movilizaciones pacíficas en todo el país. Viva el paro nacional. Bogotá 30 de mayo de 2021” (Pacocol).

Apoyar los procesos de diálogos, negociaciones y acuerdos regionales unilaterales con las comunidades, para levantar los cortes, cierres o bloqueos de vías, es una salida política correcta en las presentes circunstancias, puesto que le da protagonismo a las comunidades locales con características especiales y con objetivos de lucha diferentes, con lo cual adquieren experiencia, niveles de organización, de conciencia política y de unidad, para ir asumiendo la escuela de poder popular en las regiones y localidades, a la vez que se desmarcan de los sectores anarquistas y paramilitares que, en muchos casos, están impulsando las acciones terroristas en varias regiones del país.

Ahora la responsabilidad recae en los comités locales y departamentales de paro: “Desde el 28 de abril estamos convocando movilizaciones pacíficas por la vida, la paz y los derechos. 2-Condenamos todos los hechos de violencia y rechazamos la violencia de los infiltrados. 3-Rechazamos la destrucción de la infraestructura, de bienes públicos y privados. 4-Los cortes temporales de vías, hacen parte de las posibilidades legítimas siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, la alimentación y el medio ambiente. 5-Garantizar la circulación de la misión médica, insumos de salud, contagios, y las muertes causadas por el covid-19, y las misiones humanitarias. 6-Corredores humanitarios de bienes y servicios de alimentos, salud, insumos agropecuarios, y combustibles, para no poner en riesgo la soberanía alimentaria, la salud pública, el transporte y alimentos para animales. 7-Continuaremos impulsando el diálogo para llegar a acuerdos con cada sector de la ciudadanía que se encuentra realizando concentraciones y cortes de vías. 8-Acelerar las negociaciones para la solución de las demandas de la ciudadanía que ayudaría a la reactivación económica. 9- Reiteramos voluntad de llegar a acuerdos con el gobierno nacional. Viva el paro nacional. Comité Nacional de paro. Bogotá 28 de mayo de 2021” (Pacocol).

La posibilidad de que grupos juveniles populares abstencionistas, que siempre han existido en Colombia, no obedezcan las orientaciones generales del CNP, podría desplazar la autoridad, representación y dirección del comité nacional, en cierto grado, durante un determinado tiempo y en algunas regiones del país, hasta tanto la tendencia predominante de la opinión pública se imponga como una tendencia mayoritaria de la sociedad, tal cual lo están demostrando las encuestas, abogando por la justicia del paro con manifestaciones ciudadanas multitudinarias que se desarrollen en formas, etapas y tiempos determinados, de acuerdo a la correlación de fuerzas para lograr la instalación de la mesa de negociaciones.

Estos seis meses que faltan para terminar el año serán fundamentales para los desarrollos políticos que van a definir la conducta electoral de los sectores juveniles populares participantes en el paro, de tal manera que habrá que ver hasta donde aguanta el fervor, la audacia y la valentía de las juventudes rebeldes populares, teniendo en cuenta que las manifestaciones diarias con bloqueos incorporados durante un mes seguido empiezan a causar cansancio y agotamiento tanto en los participantes directos como en los trabajadores que tiene que soportar grandes jornadas de a pie para lograr llegar a sus trabajos; con los daños económicos en la pequeña y la mediana empresa; con el desempleo que causaría la continuación sin tregua de los bloqueos, y con la opinión pública adversa a la continuación de cierres y cortes de vías ejecutados por grupos aislados de la población.

IV

En esta perspectiva puede suceder que los grupos mayoritarios de las juventudes populares empiecen a tomar conciencia de la necesidad de participar en el proceso electoral del 2022, no solamente visualizando la necesidad de un gobierno democrático popular, sino también rompiendo la tendencia abstencionista para participar en las elecciones con candidatos propios en las listas unitarias alternativas al Congreso de la República.

De los desarrollos de la mesa de negociación va a depender en gran medida el resultado de la participación electoral de las juventudes populares, tanto hacia la ultraderecha como hacia el Proyecto Democrático Nacional, que es precisamente el pulso político que se va a definir en estos seis meses que faltan para terminar el año, así como el futuro político del movimiento juvenil, principal protagonista del paro nacional.

Es posible también, y no lo podemos descartar, que si el gobierno no afloja en su posición intransigente, autoritaria, militarista, paramilitar, violenta y criminal, el movimiento real de la juventud popular se vea en la obligación de declararse en resistencia civil adoptando la forma de un movimiento político de masas, para enfrentar en las mismas condiciones a los organismos armados del estado y de las bandas paramilitares a su servicio incondicional, para lo cual tendrían que organizarse a nivel regional y nacional en un solo movimiento político como un Frente Amplio por la vida, la paz y la democracia, en el cual el CNP ya no sería la herramienta para organizar la protesta y la oposición al gobierno, sino el gobierno provisional para dirigir la insurrección democrática, con el apoyo, la simpatía, la solidaridad y la colaboración de los sectores mayoritarios del país.

Esta es una perspectiva que no se puede descartar y para la cual deben estar preparados todos los demócratas de este país, empezando por la unidad de los sectores que conformarían el Bloque Histórico y Popular, teniendo en cuenta la crisis de Gobernabilidad de Uribe-Duque, el desprestigio de los partidos tradicionales, y el creciente descontento de las masas populares, que estarían creando las condiciones políticas para la organización y desarrollo de un amplio movimiento democrático y popular.

Los muchachos de la primera línea se han convertido en un símbolo nacional, a tal punto que ya existen la segunda y la tercera líneas con funciones específicas de apoyo y solidaridad lo mismo que de primeros auxilios médicos atendidos por estudiantes de medicina y de enfermería de las respectivas facultades departamentales, que atienden a los heridos en las confrontaciones con el Esmad, así como grupos de alimentación, DD. HH., prensa y publicidad, y de asesoría jurídica para los detenidos y desaparecidos; tienen sus canciones especiales de combate compuestas por ellos mismos y consignas y estribillos que cantan con una solvencia, una disciplina y una convicción de artistas profesionales, lo que está indicando el nivel de organización alcanzado por el movimiento de las juventudes rebeldes.

V

Según información del CNP ya se han desbloqueado gran parte de las vías que estaban bloqueadas, y organizaciones sociales del Cauca anuncian la apertura de las vías que estaban cerradas en el departamento, lo mismo que está sucediendo en varios municipios de otros departamentos. Esta es como la cuota inicial del CNP para iniciar la apertura de la mesa de negociaciones, con el requisito y la exigencia de la desmilitarización de la protesta, pero el gobierno nacional a través del delegado para las conversaciones con el Comité, el comisionado para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, ha manifestado que se tienen que levantar los bloqueos que aún persisten para poder instalar la mesa de negociaciones.

A su vez el ministro del Interior negó que el levantamiento de los bloqueos haya sido resultado de la orientación del Comité de paro y aseguró que el despeje de las vías es producto de la acción del Ejército mediante la ejecución del decreto 575 que militariza el paro nacional con la presencia del Ejército en 8 departamentos y 13 ciudades del País, para trabajar con los alcaldes y gobernadores en el desmonte de los bloqueos y en la recuperación del orden público.

Por supuesto en que varias regiones, alcaldes y gobernadores han desobedecido la orden presidencial y han acudido al diálogo y la concertación con las comunidades de base, en compañía de la Iglesia y de organizaciones de defensa de los DD. HH., para el levantamiento de los bloqueos con el compromiso del retiro del Esmad y del cumplimiento de los acuerdos pactados entre los gobiernos regionales y locales y las comunidades.

Lo que trata de hacer el gobierno con esta posición militarista de resolver el problema por la vía de la fuerza es quitarle al comité la autoridad política y la capacidad de representación y de negociación ante la opinión pública, para poder ganar el pulso político en la mesa de negociaciones.

“La estrategia del gobierno es la de agotar la protesta dilatando la negociación para que la protesta se debilite. Reprimir para ocasionar temor y miedo. No quiere ceder a las justas reclamaciones del paro. Ceder implica aumentar el gasto social para paliar el hambre y la pobreza y eso tiene un costo social. El proyecto de renta básica permanente tiene un costo total de 3,7% del PIB, unos 34 billones de pesos. Se requieren por lo menos 24 billones de recursos adicionales. Un programa de subsidio a las nóminas de pequeñas y medianas empresas y un plan de empleo público tiene un costo aproximado de dos puntos del PIB, unos 18 billones de pesos. A ello habría que sumar el costo de matrícula cero para la educación superior. Y la reforma tributaria que viene cocinando el gobierno busca recursos por 14 billones de pesos. Por eso no negocia porque si lo hace y cede requiere recursos y ello implica gravar a los ricos y superricos y es lo que no quiere hacer. Ese es en el fondo el pulso en que estamos” (Pedro Santana-director revista Sur- N.º 219- mayo 31-2021)

En todo caso se está abriendo paso el criterio de transformar las barricadas barriales y los bloqueos de vías de las juventudes enfrentadas al Esmad con piedras y escudos humanos cubiertos con latas de canecas, en grandes y multitudinarias manifestaciones de masas en los grandes centros de poder, entre los dirigentes del paro y de un sector de la juventud que tienen conciencia de la necesidad de transformar la rebeldía y la indignación en participación electoral para poder avanzar en una correlación de fuerzas favorable al movimiento popular en el Congreso de la República, y en la posibilidad real de conquistar un gobierno democrático popular en las elecciones del 2022.

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles como aparecen a primera vista. En la marcha del 2 de junio en Medellín, desfilaron tres sectores de tres corrientes políticas que tienen una mirada y una lectura de la situación con enfoques diferentes. El Comité de paro Regional de Antioquia desfiló desde la sede de Adida hasta el Parque de Las Luces, en La Alpujarra; La Coordinadora de Organizaciones Sociales (COS) desfiló desde el Parque de Cristo Rey en la Comuna de Guayabal, hasta los Parques del Río; y la Juventud Rebelde marchó desde el Parque de los Deseos (Hoy Parque de la Resistencia) en la Estación del Metro Universidad, hasta el parque de Las Luces.

El mensaje de tres desfiles y manifestaciones con puntos de origen, recorridos y sitios de llegada diferentes, está diciendo que hay una fractura en la dirección del paro, tres enfoques diferentes para el análisis de la situación política. Sin embargo, la capacidad de intermediación, de representación y de negociación del CNP, se está comprobando con el desmonte de los bloqueos en distintos lugares del país, mediante la orientación de acudir a las negociaciones y acuerdos entre comunidades, alcaldes y gobernadores regionales y locales.

Frente a esta tendencia que seguramente va a continuar en desarrollo, como ha sucedido en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, en Cauca, y demás departamentos que han iniciado estos acuerdos para el despeje de las vías, va a derivar en que las juventudes rebeldes que persisten en esta forma de lucha, se verán avocadas a enfrentar el aislamiento político de las mayorías de la opinión pública, y de los mismos sectores juveniles que prefieren las movilizaciones multitudinarias para continuar la lucha por los derechos democráticos con el fin de abrir la mesa de negociaciones a la que se opone el gobierno nacional.

Medellín se constituye hasta ahora en un hecho paradigmático en medio de la situación complicada y grave de otras capitales departamentales del país, (con excepción de los destrozos en el Jardín Botánico y los gases lacrimógenos en el metro de Medellín), como es el caso de Bogotá, Cúcuta, Cali, Buenaventura, Tuluá, Buga, Pereira, y otras ciudades y regiones del país, lo que está indicando la necesidad de proponer un Gran Encuentro Nacional entre la Iglesia Católica, los Industriales de la Andi, los comerciantes de Fenalco y de Acopi; alcaldes, gobernadores y la academia; con los sectores sociales y políticos del paro que constituyen las mayorías nacionales según las últimas encuestas, para concertar los puntos fundamentales para la apertura de una mesa de negociaciones con el gobierno nacional.

El camino de algunos grupos insurreccionales que tienen la consigna de derrocar al gobierno no consulta con la realidad de la correlación de fuerzas actual, ni la tendencia principal de la opinión pública es hacia la insurrección, por lo cual la conducta política acertada en estos momentos es continuar insistiendo en la construcción de la convergencia y la unidad popular y democrática de masas para exigirle al gobierno el retiro del bloqueo de la mesa de negociaciones impuesto con la militarización de la protesta social y con el taponamiento de las reformas sociales que le hacen falta a Colombia para poder ser una sociedad moderna viable y democrática.

Con el levantamiento del CNP de la mesa de negociaciones no queda sino el camino de la convergencia y la unidad de acción política en torno a la desmilitarización de la protesta social y el juzgamiento de los crímenes cometidos por “las fuerzas del orden”, teniendo en cuenta que no contamos sino con seis meses para las elecciones de 2022, que serán el termómetro para medir la temperatura que ha dejado la extraordinaria escuela política del paro nacional del 28 de abril, por la vida, la paz y la democracia.

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