Pacto histórico y paro nacional: una perspectiva política democrática (I)

"Las transformaciones de las fuerzas del cambio tienen que ver con la conciencia política, la capacidad de organización del movimiento real, entre otras"

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
junio 21, 2021
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Pacto histórico y paro nacional: una perspectiva política democrática (I)
Foto: Las2orillas / Leonel Cordero

En este escrito se pretende esclarecer los hechos y las tendencias más sobresalientes en el desarrollo la situación política a partir del 28 de abril, cuando se dio inicio a las movilizaciones de protesta convocadas por el Comité Nacional de Paro (CNP), que se han desarrollado sin interrupciones hasta el día de hoy. Todo con la intención de examinar la dirección y consecuencias de los acontecimientos ocurridos a raíz de las movilizaciones nacionales multitudinarias durante los 55 días de rebelión popular, con la tesis de que si no se construye y consolida la convergencia y la unidad de acción política en torno a la salida democrática de la crisis nacional, es muy posible que en el país se repita la elección de un gobierno mucho más autoritario y pro fascista en las próximas elecciones presidenciales del 2022. Si es que dicho evento no es cancelado por el gobierno de Uribe-Duque con la declaratoria de la conmoción interior, con el argumento de la alteración del orden público causado por el gobierno de Venezuela, según el decir de Álvaro Uribe Vélez, y del “enemigo interno” encarnado en la oposición democrática y en la resistencia civil de las fuerzas políticas y sociales que confluyen en el paro nacional, especialmente en el movimiento de las juventudes populares que enfrentan la violencia del Esmad poniéndole el pecho a la muerte con los escudos humanos en la primera línea de combate.

I

El viernes 28 de mayo el Comité Nacional de Paro (CNP) emitió un comunicado en el que afirma que “el ejercicio de la protesta, en sí mismo, genera traumatismos en el funcionamiento regular de la sociedad. Se trata de eso, de evidenciar los reclamos, llamar la atención para abrir espacios y posibilidades que las circunstancias no han permitido”, y añadió que, “los cortes temporales e intermitentes de vías, mal llamados bloqueos, hacen parte de las posibilidades legítimas para el ejercicio de las protestas, siempre que no afecten la vida, la salud, la integridad, el medio ambiente y la alimentación de las personas”.

Después de que la ciudad de Cali viviera una noche de terror el 28 de mayo con 13 muertos a manos de las “fuerzas del orden” y de paramilitares de civil disparando contra los manifestantes, el gobierno nacional expidió el decreto 575 con el fin de solucionar el problema del orden público con la intervención del ejército, que aplica para los departamentos de Cuca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, y los municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva, cuyos gobernadores y alcaldes deberían acordar con la policía y el ejercito la “asistencia militar” para afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de la seguridad y la convivencia en sus jurisdicciones.

“Se trata de una conmoción interior parcial y de facto, que elude el control constitucional, involucra a los militares en el manejo de la protesta y subordina las autoridades civiles a los mandos militares configurando con ello un golpe de estado” afirmó el CNP en comunicado del 30 de mayo de 2021 (Pacocol).

“El gobierno, 'con los ajustes', pretende que iniciemos de nuevo la discusión, saca temas cruciales en los que teníamos acuerdos como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar para la protesta, la autonomía de las autoridades locales en el manejo de las protestas, el no uso de las armas de fuego en las protestas, la excepcionalidad y los límites para la intervención del Esmad”, indicó el CNP (El Colombiano, 31-5-2021).

De la misma manera tenemos que estar al tanto de la situación latinoamericana en lo que se refiere a los cambios sociales y políticos que se están produciendo en Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, y México, donde se entrecruzan corrientes democráticas que buscan el camino para salir de la profunda crisis económica y social producida por el modelo de acumulación capitalista neoliberal, agudizada por las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

En el mismo sentido tenemos que ubicarnos en lo que está pasando en el movimiento sociopolítico real que se está desarrollando actualmente en Colombia con el llamado paro nacional. ¿En dónde nos encontramos?, ¿para dónde vamos?, ¿cuál es la perspectiva más probable de desarrollo de la situación actual y la tendencia que se vislumbra en el inmediato futuro?

Estamos en un proceso de cambios profundos en el comportamiento de las nuevas generaciones de la clase obrera y de los trabajadores en general, de la mujer, del movimiento campesino, de los indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de los estudiantes universitarios, y de millones de jóvenes que no tienen nada que perder ante la falta de estudio y de trabajo a que los ha condenado el modelo capitalista neoliberal y los gobiernos agentes de las transnacionales y de las oligarquías criollas.

Se dice que a partir del 28 de abril se consumó “un estallido social”, como si el fenómeno de las juventudes rebeldes fuera una manifestación espontánea sin conexión con la historia de las luchas democráticas recientes del país, sin considerar que este Paro Nacional es la continuación de las circunstancias y de las causas que condujeron a la incorporación de nuevos sectores sociales en el movimiento de masas, que produjeron hace 10 años la Marcha Patriótica, el famoso paro agrario de 2013, el extraordinario paro estudiantil del 2011, el paro de Buenaventura, las protestas y las mingas indígenas del Cauca, la extraordinaria votación presidencial de los sectores democráticos con 8 millones de votos y la participación contra la corrupción con 12 millones de votos en el 2018.

De tal manera que el Paro del 21 de noviembre del 2019, que duró varios días antes de que fuera cortado abruptamente por la pandemia y por las medidas de aislamiento bajo la conmoción interior decretada por el gobierno, fue preparado y convocado por las centrales obreras y de pensionados que, aún en medio de las medidas de restricción del gobierno, fue continuado por las asonadas en Bogotá los días 9 y 10 septiembre de 2020, donde murieron varios jóvenes trabajadores por las balas de “origen incierto” y otros por el incendio en una estación de policía, además de la extraordinaria marcha de la Minga Indígena y Campesina desde el Cauca hasta Bogotá, para finalizar el 2020 con toque de queda en pleno desarrollo del COVID-19.

De tal manera que no se puede decir que el paro del 28 de abril del 2021 sea una manifestación espontánea de las juventudes populares rebeldes, un producto del “estallido social” ante las circunstancias económicas y sociales agudizadas por la pandemia, que son un factor indiscutible, pero que desconocen el trabajo de organización paciente y prolongado de sindicatos tan importantes como la Unión Sindical Obrera (USO), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Federación Colombiana de Trabajadores del Estado (Fenaltrace), y otras organizaciones de trabajadores que tienen incidencia en la economía nacional.

No se trata de un estallido incontrolado como quieren hacerlo ver algunos personeros del establecimiento y de la prensa burguesa, para tratar de encasillarlo como un brote de anarquismo de los desadaptados y de los vándalos terroristas, que están conspirando para derrocar al gobierno con la ayuda y financiación del castro chavismo como dice Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez, entre otras cosas, con el fin de frenar el crecimiento de la simpatía juvenil por el movimiento del Pacto Histórico.

El Paro es el producto de la crisis del modelo de acumulación capitalista neoliberal, cuando grandes sectores sociales populares y de capas medias ya no quieren seguir viviendo como antes, y cuando los sectores dirigentes no pueden seguir dominando como lo habían hecho hasta ahora, y se fracturan en el sector que ejerce el gobierno que tiene que recurrir a la represión militar para poder mantenerse en el poder a sangre y fuego, mientras que otro sector de la burguesía se aviene a negociaciones para poder salir de la crisis, como es el caso de la Asociación Nacional de Industriales (Andi) y Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), que abogan por una reforma tributaria donde se les cobre a los grandes empresarios dejando intacto el IVA para la canasta familiar y libre de impuestos a la clase media.

No estamos pues frente una simple transición a un uribismo sin Uribe, al mismo modelo económico neoliberal autoritario y violento contra el reclamo de los trabajadores; se trata de una ruptura con la democracia restringida, paramilitar, narcotraficante y corrupta del gran capital, por lo cual debemos aprender las lecciones de los procesos que se desarrollan en Bolivia y en Chile, en Perú y México, donde las fuerzas populares han asumido el protagonismo en la construcción de una democracia avanzada.

Los cambios parciales y pasajeros como la matrícula cero para los estudiantes de los estratos uno, dos y tres, por el término de un semestre en las universidades públicas, o como las migajas de 160.000 pesos mensuales para las familias vulnerables, con el programa de ingreso solidario de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y para el Adulto Mayor, que hicieron crisis, así como hizo crisis la política uribista con sus programas asistencialistas y populistas de la “seguridad democrática”.

No basta con el triunfo que significó el retiro de la reforma tributaria del gobierno, con el hundimiento del proyecto de reforma de la salud, con de la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con la salida de la ministra de Relaciones Exteriores, o con la renuncia del consejero de Paz, Miguel Ceballos, o con los cambios del ministro del Interior y el ministro de Defensa, a quien el movimiento le está pidiendo la renuncia cobrándole su responsabilidad política con la impunidad de los crímenes del Esmad contra los manifestantes que llegan a 72 muertos desde el 28 de abril (Indepaz).

Ahora se trata de alcanzar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República que permita los cambios económicos, sociales y políticos profundos, combinados con las manifestaciones multitudinarias pacíficas en las calles y plazas de Colombia, apartándose de los bloqueos, cortes y cierres de pequeños grupos aislados de las masas, de infiltrados paramilitares y de las “fuerzas del orden”, para sabotear las manifestaciones masivas de ciudadanos trabajadores formales e informales y de los millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, hombres y mujeres que “no tienen nada que perder.”

Esta crisis tendrá su desenlace en las próximas elecciones de 2022, tanto para congreso como para Presidente de la República, si es que el gobierno de Uribe-Duque no las aplaza con un decreto de conmoción interior, ante la militarización cada vez más acentuada de la crisis nacional. Para eso están preparando el ejército colombiano con la ayuda del comando sur de los Estados Unidos, para agredir al gobierno de Venezuela, que les podría servir como pretexto para impedir las elecciones del 2022.

Por eso exigimos garantías para el ejercicio de las protestas donde ya los civiles paramilitares están disparando contra los manifestantes delante de la mirada cómplice de la policía y ante el silencio de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, y demás órganos de control del Estado; no solo garantías para la movilización sino también para las próximas elecciones de 2022, ahora que las encuestas están indicando que hay posibilidades reales de que se cambie este sistema de gobierno basado en la corrupción y en el genocidio de los luchadores populares por gobierno democrático y popular.

Frente a la salida democrática y popular de la crisis nacional el empresariado tiene que sentar con claridad sus posiciones al respecto; ¿qué van a hacer frente al proyecto fascista que se está cocinando entre bastidores por los sectores más reaccionarios y violentos de la burguesía “nacional”? ¿Cuál va a ser su posición frente al proyecto democrático popular de las mayorías nacionales, cuyas reformas tienen que ver con la continuación, implementación y desarrollo de los acuerdos de La Habana?

Las transformaciones de las fuerzas del cambio tienen que ver con la conciencia política, la capacidad de organización del movimiento real, la unidad de acción política de los diferentes integrantes del movimiento popular para la creación de la correlación de fuerzas que permita superar la crisis nacional y la adecuada combinación de las diferentes formas de resistencia civil, tanto en el Congreso de la República como en las calles de Colombia, tal cual está ocurriendo hoy en día con el paro nacional, que hay que saber combinar con la lucha electoral para poder tener un congreso mayoritario y un gobierno democrático.

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