¡No más! Es nuestro deber salvar la vida de quienes defienden la paz

Aquí hay un problema de fondo que requiere de todos. No podemos permitir que sigan siendo asesinados más colombianos, muchos menos los que son líderes sociales

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri
mayo 15, 2019
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¡No más! Es nuestro deber salvar la vida de quienes defienden la paz
Foto: Fundación Goldman

A raíz del fallido atentado contra Francia Márquez, Premio Nobel Ambiental y lideresa de las negritudes del norte del Cauca, en el cual se salvaron de milagro ella y los acompañantes que estaban en la reunión, se han prendido los ventiladores para denunciar el estado de indefensión en el que se encuentran los líderes sociales, dirigentes de oposición, defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras, dirigentes de comunidades que han asumido la erradicación de cultivos de uso ilícito y excombatientes de las Farc. Estamos en medio de una racha de violencia que hoy se acerca a la suma de 500 asesinatos, desde la firma del acuerdo de paz en diciembre de 2016.

Veamos las tremendas verdades que dice Francia Márquez en su enérgica y valerosa denuncia sobre los hechos que estuvieron a punto de costarle la vida:

“Nosotros estuvimos a punto de perder la vida, hasta el sábado, y hoy creíamos que el gobierno venía con otra disposición, si, ayer el gobierno salió a decir que iba a crear un mecanismo y unos jueces para juzgar a quienes asesinan, nosotros no queremos un mecanismo para juzgar a la gente que asesina, no, queremos que evite que más gente sea asesinada en nuestros territorios, y en ese sentido esos mecanismos, digamos, son parte de los acuerdos que darían una protección integral a las comunidades y a los líderes que ahora mismo estamos en altísimo riesgo en este departamento, tienen que ver con fortalecer efectivamente la Guardia Cimarrona, tienen que ver con establecer casas de medicina ancestral con la mujer, tiene que ver con fortalecer sistemas de alerta comunitaria articulados a sistemas de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, tiene que ver con crear casas de paz en cualquier lugar cosa que cuando toque sacar a alguien, porque la situación está tremendamente complicada, pues tenemos un espacio donde colocar la gente, tiene que ver con un sistema integral, si, y no estamos diciendo que renunciamos a los esquemas de la unidad de protección, efectivamente esos esquemas tanto individuales como colectivos se tienen que fortalecer, pero frente al nivel de crisis humanitaria que hoy estamos viviendo en este departamento frente a las garantías de la vida, pues esos mecanismos no son los únicos en términos de proteger integralmente a todas las comunidades, porque aquí no es solamente la vida de los líderes y lideresas lo que está en juego sino la vida de todas las comunidades, y , e, es triste, porque la respuesta para refrendar el acuerdo, estamos proponiendo que como refrendación de ese decreto que esperamos el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque, quien ha mostrado y rechazó y dijo que se solidarizaba con el hecho que vivimos el fin de semana, que tiene que ver con esa palabra empeñada en cabeza del Estado, en cabeza del Gobierno, con el pueblo negro, pues esperamos que salga ese decreto por lo menos, y que venga y lo refrende, pero es triste escuchar en voz en de la viceministra que el presidente no viene al Cauca por cuestiones de seguridad, la persona más protegida del país hoy nos dice a nosotros los negros que estamos en altos niveles de vulnerabilidad, hoy nos dice que no viene al departamento por cuestiones de seguridad, si eso lo dice la persona más protegida que tiene todo el estado y todo el estamento para que lo proteja, dice que no viene por seguridad, entonces qué esperamos nosotros, estamos condenados a morirnos entonces aquí, ese es el mensaje para el presidente, esa es la pregunta que le hacemos, o sea, el no viene pero nosotros sí tenemos que morirnos aquí por falta de garantías, si no hay garantías para él como presidente, entonces cuáles son las garantías que van a haber para nosotros como comunidad?”.

Hace mucho rato el país se ha convertido en una carnicería de los líderes de oposición, de los defensores de los derechos humanos, de los líderes sociales, sindicalistas, reclamantes de tierras y de excombatientes que dejaron las armas, en hechos que algunos han denominado como una nueva versión del genocidio de la Unión Patriótica, teniendo en cuenta el grado de sistematicidad reconocida por la misma Fiscalía General de la Nación, ante la cual el gobierno no ha pasado de las buenas intenciones al formular los programas de seguridad para los líderes que están en riesgo de inminente peligro y que siguen cayendo asesinados por las balas del paramilitarismo del narcotráfico, de las multinacionales de la agroindustria y de la minería, de los que quieren cerrarle el paso a los reclamantes de tierras, a los opositores de la megaminería de las multinacionales que aspiran a la exploración y explotación del petróleo con los métodos del fracking, sin tener en cuenta las consultas a las comunidades interesadas en la conservación del agua, el aire, la flora, la fauna, y demás condiciones necesarias para la conservación del medio ambiente.

De la denuncia de Francia Márquez, el movimiento popular y democrático tiene que sacar las conclusiones pertinentes para poder enfrentar el fenómeno con posibilidades reales de solución. No podemos seguir implorando las condiciones de seguridad para los líderes sociales y los excombatientes de las Farc que dejaron las armas, cuando hoy mismo asesinan en Tuluá a Jorge Enrique Corredor, también conocido como Wilson Saavedra, excomandante del Frente 21 de las Farc, líder del espacio territorial de Marquetalia, cuna del grupo guerrillero desmovilizado, de tal manera que, de acuerdo con el grupo político ya son más de 130 los excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz.

En este sentido, hay que valorar en toda su magnitud el gesto democrático de Daniel Samper Ospina y de Julio Sánchez Cristo, que desde su espacio en la W Radio le da oportunidad a Francia Márquez para que despliegue su denuncia para visibilizar ante la opinión pública la tremenda situación de indefensión en que se encuentran líderes sociales, defensores de los derechos humanos, dirigentes de la oposición democrática y excombatientes de las Farc. Estos son hechos que se le han venido saliendo de las manos al gobierno nacional y que hacen que incumpla el mandato constitucional de velar por la vida, honra y bienes de los colombianos.

De la misma forma, hay que señalar la importancia del video de reguetón para visibilizar a los diferentes líderes sociales de los más variados temas y tendencias, evidenciando así que la radio, la televisión y las redes sociales son el mecanismo adecuado para sacar a los líderes sociales del anonimato en las regiones profundas de Colombia, si es que realmente queremos enfrentar este fenómeno con alguna posibilidad de solución. Igualmente, podrían jugar un papel extraordinario la Iglesia católica y las demás iglesias cristianas si de veras se sintonizaran con los problemas y las necesidades más sentidas de las comunidades.

Como lo dijo Francia Márquez, enfáticamente, aquí hay un problema de fondo que requiere la participación de todo el estamento colombiano, arrancando con el presidente, con todos los partidos y movimientos políticos para buscar la fórmula de un verdadero pacto político por la paz, que saque las armas de la confrontación de ideas y programas, que están llevando a una situación insostenible e inviable en que nos estamos matando entre nosotros mismos, por el hecho de defender a los líderes sociales que están protegiendo la vida de este planeta.

El primer paso para matar a un líder social es el discurso que estigmatiza, que excluye y criminaliza con hostilidad a los líderes sociales, y a los excombatientes que dejaron las armas para apostarle a la construcción de la paz en las regiones y en los territorios, donde no están encontrando sino la soledad y la muerte.

Es tal el grado de descomposición social y política a que hemos llegado que en Medellín en lo que va corrido de este año llegamos a más de 100 muertos por arma de fuego, y en el municipio de Bello, con los cuatro cadáveres encontrados en la vía entre Medellín y San Félix, envueltos en bolsas plásticas, en el día de hoy, ya suman 56 los asesinatos en este año, entre bandas criminales de narcotraficantes que se pelean las plazas de la economía ilegal, entre los combos de Pachelly, Niquía-Camacol y La Mesa, que en una u otra forma tienen que ver con la Oficina de Envigado, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; además del asesinato del joven médico de 24 años, Julio Arteaga, quien estaba cumpliendo con su año rural en el municipio del Bagre Antioquia; lo mismo que el homicidio del líder indígena, Daniel Rojo, presidente de la Acción Comunal de la vereda de López Adentro, en Caloto Cauca, así como lo informó el líder indígena Feliciano Valencia, senador de la República, este sería la víctima 162 en el gobierno de Iván Duque; más los dos muertos y nueve heridos por atentado en vía Tibú-Gabarra, Norte de Santander, donde murió Chaquib Beltrán, secretario del Juzgado Municipal, y un particular que se encontraba en ese lugar.

De tal manera que la situación de orden público en todo el territorio nacional es de una gravedad inusitada, con la perspectiva de profundización de las contradicciones de este gobierno que no atina a resolver el problema de la democratización de este país sino con una política de fuerza y de exterminio, como lo está proponiendo con la fumigación con glifosato a los cultivos de uso ilícito; con las objeciones a la ley estatutaria de la paz; con la “complicidad” en el retiro de Visa a magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, y del Congreso, como lo dijo el expresidente César Gaviria; con la mermelada de los 30 mil millones de pesos anuales para cada congresista para poder tener la gobernabilidad que necesita su gobierno; con las nuevas chuzadas a las Cortes… en fin, con el Plan Nacional de “Subdesarrollo” del “Sub-presidente” Duque y su flamante Ley de Financiación de la Reforma Tributaria; con su nueva versión privatizadora del catastro multipropósito para apuntalar los negocias particulares de los familiares de sus padrinos políticos más cercanos.

Como lo dice Francia Márquez, esta crisis no se va a resolver con represión armada, sino con una nueva visión de la sociedad, integradora y democrática, para poder llegar a un verdadero pacto político por la paz, proceso en el cual la Iglesia católica y las demás iglesias cristianas podrían jugar un papel extraordinario si se sintonizaran con las verdaderas y más sentidas necesidades de las mayorías nacionales.

¿Cómo hacer entonces para que esta ola de publicidad y sensibilización de amplios sectores populares no pase desapercibida y por el contrario permanezca en el tiempo como un catalizador a favor de la paz y en contra de la guerra? Ahorita mismo se está planteando la construcción del puerto de Tribugá, en el Chocó, sin considerar los tremendos daños ambientales que podría causar a la naturaleza sino se tienen en cuenta todas las normas técnicas indispensables para que el desarrollo tenga una cara amable con la conservación del medio ambiente y con la sostenibilidad en el tiempo de nuestra propia casa planetaria.

En este mismo sentido, tiene relevancia especial el problema de la educación: ¿estamos educando para la competencia desaforada del mercado en el mundo digital del capitalismo robotizado?, ¿estamos educando para la alienación de las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones?, ¿estamos transformando para la defensa de la vida y para la protección de nuestra madre tierra del cambio climático que se nos vino encima? De todas maneras, como bien lo dice la Premio Nobel del Medio Ambiente, el pueblo no se rinde, carajo, seguimos luchando y seguimos caminando por un país en paz.

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