No es una "revolución molecular disipada", sino un Estado social de derecho fallido

"Nada más falso, manipulador y siniestro que intentar ocultar o explicar la crítica realidad nacional con esta peligrosa doctrina"

Por: Oscar Mauricio Pabón Serrano
mayo 06, 2021
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No es una
Foto: Las2orillas

Por consecuencia de la escasa formación política, alienados por los trinos del líder de la extrema derecha y zambullidos en los estériles anacronismos que dejó la Guerra Fría, es que miles de los polarizados y enceguecidos seguidores del expresidente Uribe retuitean al unísono que estamos en medio de una “revolución molecular disipada” traslapada en las protestas sociales de las últimas dos semanas. Esto sin saber el significado de este pensamiento que circula como una peligrosa doctrina militar en varios países de América Latina. Sin embargo, movidos por el miedo y el odio, muchos quedaron convencidos que la crisis social y política de Colombia es por causa dizque de los planes siniestros del comunismo internacional.

Nada más falso, manipulador y siniestro que intentar ocultar o explicar la crítica realidad nacional con este supuesto de la “revolución molecular disipada”, una doctrina tan peligrosa que convierte el derecho a la protesta social pacífica en un crimen que debe ser reprimido con toda la fuerza ─como lo estamos viendo en Colombia─ y abordado como una guerra del Estado contra los civiles que reclaman derechos y apertura democrática. Como ya muchos analistas escribieron por estos días, esta doctrina militar neofascista es difundida por el chileno Alexis López, quien al respecto tergiversó los postulados de intelectuales europeos como Félix Guattari, Jacques Derrida, Michel Foucault y Gilles Deleuze.

Solo basta con echar un vistazo a la historia y a la actualidad nacional, para comprender que los problemas sociopolíticos, el conflicto armado y la violencia en Colombia, son consecuencia directa de un régimen político monopolizado por las élites de un país que le temen a la afirmación de una democracia auténtica en la que participen todos los sectores y no se gobierne solo para proteger los intereses de unos cuantos. Sin embargo, a propósito de la cercana conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de 1991, podría concluirse que la actual y dramática crisis social que desembocó en las multitudinarias protestas en todas las regiones del país ─imposibles de deslegitimar con los típicos argumentos del vandalismo, la infiltración o el desabastecimiento─ es la respuesta de una nación que reclama en las calles las promesas pendientes de nuestra constitución, o dicho de otra forma, estamos en medio de una crisis generada por un Estado social de derecho fallido.

Pero cuáles son los argumentos que permiten comprobar que estamos ante una situación causada por la disfunción de las estructuras de un Estado que no se ha consumado como democrático ni moderno, o que prueban que, en los temas relacionados con el cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, Colombia perdió el año. Para esto, dos datos de entrada: de acuerdo con el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, la pobreza monetaria aumentó en el 2020 al 42,5% y la pobreza extrema ascendió al 15,1%, es decir, que más de 28 millones de colombianos están en condiciones de pobreza. Otro dato preocupante y revelador al respecto, es el 14,2% de colombianos desempleados registrados por el Dane en marzo de 2020, siendo superior el incremento de la población desempleada en las 13 principales ciudades del país ─una de ellas Cali, donde la protesta social tomó una fuerza sorprendente─.

Si se necesitan más pruebas de las crisis y el malestar causado por las fallas del Estado colombiano, una penosa situación a la que la población se resiste a pesar de la violenta represión de un gobierno que da la espalda a la ciudadanía, miremos algunos indicadores internacionales que explican la actual situación:

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI), en el año 2017 Colombia ocupó el octavo lugar a nivel mundial, en datos más reciente de este índice que visibiliza los problemas de seguridad, justicia y cumplimiento de los derechos humanos, el país ocupó el noveno puesto en América ­─pero algunos plantean que más del 90% de los delitos se queda en la impunidad─. Aunque el dato de la desigualdad es más desalentador, según el coeficiente GINI del Banco Mundial, Colombia ocupó el cuarto lugar entre los países más desiguales del mundo, aquí la brecha entre ricos y pobres es de las más amplias. En temas de corrupción, Colombia también se rajó, de acuerdo con Transparencia Internacional y con su Índice de Percepción de la Corrupción, de una transparencia ideal calificada con 100 puntos, en el 2020 sacamos 39 puntos, siendo que “una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país”. Sin embargo, el dato más preocupante de la realidad colombiana es el revelado por el índice Global de Paz en el 2020, el cual nos ubica como el segundo país más violento en Sudamérica y entre los 23 menos pacíficos del mundo ─los 251 líderes sociales asesinados y las 76 masacres registradas en el 2020 no desmienten este indicador─. Esta fue pues la dolorosa radiografía que explica el estado actual de la nación colombiana.

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