Colombia acaba de cambiar de gobierno, pero cambiar de gobierno no significa cambiar automáticamente el Estado. La transición está dejando al descubierto algo que durante los últimos años fue presentado como transformación: una progresiva confusión entre administración pública y militancia, entre activismo y gestión, entre lealtad política y competencia profesional. El nuevo Gobierno tendrá que decidir si simplemente reemplaza funcionarios o si se atreve a revisar las prácticas que hicieron posible esa transformación.
A eso llamo despetrificación.
No utilizo el término como consigna electoral ni como invitación a una revancha. Lo utilizo como categoría para describir una tarea institucional: recuperar la administración pública de cualquier lógica partidista que pretenda convertirla en instrumento de una causa particular. Y lo planteo desde una convicción que no debería necesitar defensa: el Estado Social de Derecho merece ser defendido incluso cuando hacerlo incomoda y cuando cuestionar determinadas certezas provoca más descalificaciones que argumentos.
La referencia a Nikita Kruschev no es gratuita. Después de la muerte de Stalin, Kruschev comprendió que el estalinismo no podía desmontarse simplemente retirando a un hombre del poder. Había penetrado la burocracia, los hábitos administrativos, la cultura política y los símbolos mediante los cuales se legitimaba el sistema. La desestalinización fue, con todas sus contradicciones, un intento de revisar esa estructura y recuperar espacios de racionalidad institucional.
Colombia no es la Unión Soviética y cualquier comparación literal sería históricamente absurda. La analogía está en otra parte: cuando una cultura política penetra las instituciones, cambiar al gobernante no basta.
Durante años se fue debilitando la idea de que determinadas responsabilidades públicas requieren conocimientos específicos. La tecnocracia comenzó a ser mirada con sospecha, como si la experiencia profesional, la formación especializada y la capacidad administrativa fueran obstáculos para la transformación social. Se abrió así la puerta a una peligrosa inversión de prioridades: primero la identidad política y después la competencia.
Pero el Estado no funciona con convicciones.
Funciona con capacidades.
La ideología o posición política de un funcionario es incuestionable. Lo que sí puede y debe ser evaluado es su idoneidad. Dirigir una entidad pública exige conocerla; administrar recursos exige preparación; tomar decisiones en escenarios críticos exige experiencia. La función pública no puede convertirse en un período de aprendizaje para quienes llegan a posiciones estratégicas sin haber demostrado las competencias necesarias para ejercerlas.
El problema, entonces, no es quién piensa de determinada manera.
El problema es quién está capacitado para decidir.
El terremoto ha permitido observar esta discusión desde una perspectiva distinta. No porque el nuevo Gobierno haya mostrado incapacidad de reacción; por el contrario, las dificultades encontradas lo han obligado a responder rápidamente, coordinar recursos y tomar decisiones en circunstancias extraordinarias. Lo significativo es que esa gestión también permite identificar las debilidades de un aparato estatal heredado, entre ellas la permanencia de funcionarios cuya formación, experiencia o capacidad de decisión no necesariamente corresponden a las exigencias de instituciones sometidas a escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos.
En una emergencia, la administración deja de ser teoría.
La capacidad se vuelve respuesta.
Por eso la revisión de la burocracia no debería partir de listas ideológicas. Debería partir de perfiles, competencias, resultados y responsabilidades. Quien tenga preparación y experiencia debe continuar, independientemente de sus convicciones políticas. Quien no cumpla las condiciones requeridas debe ser evaluado conforme a la ley. Y cuando existan indicios de conductas ilícitas o de afectación del patrimonio público, las autoridades competentes deberán investigar y establecer responsabilidades.
Ese es el límite que separa una reconstrucción institucional de una persecución política: la primera examina capacidades y conductas; la segunda castiga convicciones.
El nuevo Gobierno tendrá que demostrar que entiende esa diferencia. Porque también existe un riesgo al otro lado del camino: convertir la despetrificación en una nueva distribución partidista de la burocracia. Cambiar operadores políticos de una corriente por operadores políticos de otra no constituye ninguna transformación. Apenas cambia el uniforme de una práctica que debería desaparecer.
Esta exigencia adquiere todavía mayor importancia ante la intención de llevar el Gobierno hacia las regiones. Descentralizar no puede significar simplemente trasladar funcionarios, oficinas o decisiones desde Bogotá. La descentralización verdadera requiere capacidad institucional en los territorios, conocimiento técnico, autonomía responsable y servidores capaces de resolver problemas donde ocurren.
No se puede descentralizar la incompetencia.
La verdadera descentralización comienza cuando el Estado tiene capacidad para decidir, ejecutar y responder donde los ciudadanos lo necesitan. Un Estado que no haya recuperado su capacidad técnica simplemente trasladará sus deficiencias desde el centro hacia los territorios.
La despetrificación, por tanto, no termina en la burocracia. También exige recuperar una cultura republicana en la que ninguna corriente política pueda presentar sus intereses como si fueran equivalentes a los intereses de la nación. La Constitución de 1991 no fue escrita para una ideología particular. El Estado Social de Derecho tampoco pertenece a un partido.
Pertenece a los ciudadanos.
Por eso la izquierda tiene derecho a existir, a hacer oposición y a defender sus ideas. La derecha tiene ahora el deber de gobernar sin confundir una victoria electoral con la propiedad de las instituciones. La alternancia solo tendrá sentido si consigue demostrar que el Estado puede estar por encima de quienes temporalmente lo administran.
Ese será el verdadero examen.
No saber cuántos cargos puede cambiar un gobierno, sino cuántas instituciones puede recuperar.
No demostrar quién tiene más poder, sino quién es capaz de poner ese poder al servicio de la República.
Kruschev entendió que retirar a Stalin no bastaba para desmontar el estalinismo. Colombia enfrenta ahora un desafío diferente, pero con una pregunta mucho más concreta: “¿Qué quedó dentro del Estado después del petrismo?”
La respuesta no debería buscarse en la revancha ideológica, sino en la capacidad de reconstruir una administración donde el mérito, el conocimiento, la experiencia y la responsabilidad vuelvan a ser condiciones del servicio público.
El nuevo Gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la alternancia no consiste simplemente en cambiar los ocupantes de los despachos.
Consiste en recuperar la capacidad de gobernar.
Y si esa tarea se hace con la Constitución en una mano y el mérito en la otra, la despetrificación habrá dejado de ser una consigna política para convertirse en algo mucho más importante: una recuperación del Estado Social de Derecho.
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