En medio de la emergencia y la conmoción generadas por el terremoto que sacudió al occidente colombiano, se conoció un anuncio que también despertó alerta. Peter Hegseth, Secretario de Guerra estadounidense, informó que el presidente Abelardo había autorizado operaciones militares conjuntas en nuestro territorio para “destruir terroristas y redes terroristas”.
El anuncio se hizo desde Panamá, en donde se realizaba una reunión del Escudo de las Américas. El jefe del Pentágono y el general retirado Jorge Mora, ministro de Defensa, firmaron una declaración conjunta mediante la cual Colombia ingresaba al grupo, convirtiéndose en su socio número 19.
La decisión inconsulta provocó cuestionamientos fuertes por parte de amplios sectores de la oposición y muchas dudas entre diversas figuras públicas de todo el espectro político, que defienden la institucionalidad democrática. Juan Carlos Buitrago, general retirado, señaló que “en ningún momento debe contemplarse el desarrollo de operaciones de tropas estadounidenses en territorio colombiano, por cuanto esto sería una intervención indebida”. Agregó que el apoyo debía circunscribirse al campo de la inteligencia, logística o entrenamiento.
Los juristas críticos han señalado la violación de la Constitución colombiana en dos artículos, el 173 y 237, que exigen permiso del senado y consulta previa al Consejo de Estado.
Pero volvamos un poco atrás. El pasado 7 de marzo, un día previo a las elecciones del Congreso en Colombia, Trump reunió a un puñado de mandatarios latinoamericanos amigos, con quienes creó el Escudo de las Américas, una coalición militar para reforzar el principio de defensa colectiva en el hemisferio occidental.
Acorde con su sesgo marcadamente bélico, dejó en claro que la “única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, “desatando el poder de nuestros ejércitos”.
Los objetivos planteados son claros y contundentes: combatir el narcotráfico y la inmigración, y contener la “creciente influencia de potencias extrahemisféricas en la región”. Es decir, China, Rusia e Irán. Se anunció que se recurriría a acciones excepcionales, incluida la militarización interna, la expansión de inteligencia y la presión sobre los gobiernos.
Todo esto se da en cumplimiento de la doctrina Donroe, centrada en la reconquista de Latinoamérica y el Caribe, que fue anunciada en diciembre y estrenada con el asalto a Venezuela el 3 de enero pasado.
Más allá de sus graves implicaciones jurídicas y constitucionales, esta decisión tiene implicaciones políticas serias. Durante las últimas décadas, Colombia como primer productor de cocaína se convirtió en eje de experimentación de las fallidas estrategias de EEUU contra las drogas y contra los grupos armados en la región.
El Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, el Plan Patriota, impulsados desde 1999, no solo fracasaron sino exacerbaron el conflicto armado colombiano. Todos estos plantearon una política de seguridad, centrada en el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, con consecuencias nefastas para la vida de las poblaciones más vulnerables y para la economía del país.
Aparte de no conseguir la paz ni la seguridad que se pregonaba, dejaron una secuela enorme de víctimas, violación de derechos humanos, desplazamiento forzado, eliminación de líderes y lideresas sociales.
Gustavo Petro planteó una alternativa diferente, a partir del concepto de seguridad humana y del cumplimiento del Acuerdo de paz con las antiguas FARC: inversión social en los territorios, construcción de vías, restitución de tierras. Por supuesto que el proyecto requería correctivos, pero es la única opción válida para alcanzar la paz y superar el conflicto armado.
La otra opción es la guerra total, que parece ser la estrategia del gobierno actual. Recordemos la experiencia de los ocho años de la llamada Política de Seguridad Democrática. Ahora con el agravante del apoyo de los ejércitos de la región, comandados por EEUU.
Para hacer todavía más compleja la situación, el panorama andino es bastante desalentador. Venezuela, se ha ido convirtiendo paulatinamente en un protectorado. Su gobierno, aunque no su población, parece estar cada vez más cerca de Washington y sus aliados en la región, al tiempo que se aleja de sus socios de las últimas dos décadas: China, Rusia, Irán.
Es una política calificada por algunos analistas como “giro al pragmatismo”. Pero lo cierto es que las sanciones todavía no han sido levantadas y de los cuantiosos recursos de su petróleo, manejados ahora a discreción del Tesoro de EEUU, siguen todavía en sus manos. “Venezuela tiene derecho a mantener relaciones diplomáticas respetuosas con todo el mundo, fundamentadas en la legalidad internacional y el beneficio mutuo”, dijo Delcy Rodríguez.
Después del terrible terremoto la situación de sumisión se hizo más evidente. EEUU e Israel asumieron la asistencia humanitaria, marginando a los demás países. Pronto reanudarán relaciones con Israel, suspendidas por Chávez desde 2009, a raíz de un operativo contra Gaza. Cualquier parecido con nuestro terremoto, no es coincidencia.
El mandatario de Ecuador es un aliado incondicional de Trump. Poco antes de la conformación del Escudo de las Américas, intervino abiertamente en la frontera colombiana en un operativo conjunto con EEUU. En plena campaña electoral colombiana, insistió en que Petro no hacía nada por mantener la seguridad en la frontera.
En Perú su nueva presidenta Keiko Fujimori, también dejó en claro que su prioridad era ingresar al Escudo.
Pero hay una consideración adicional que es bien importante. Tiene que ver con las dificultades reales que tiene enfrentar la criminalidad y los delitos transnacionales hoy en día. El escenario no es el mismo de hace dos o tres décadas. En un artículo reciente, el analista Jean Carlos Mejía plantea que la multicriminalidad global se ha convertido en un fenómeno altamente complejo.
“Coopta al Estado, pero también al empresariado y a las comunidades. Su elemento transversal es la corrupción en todos los niveles. Va mucho más allá de las economías ilegales y del crimen organizado tradicional”.
Es el crimen globalizado. Los grupos y acciones criminales pueden ser dirigidos desde otro continente. No pueden combatirse desde el Estado con el uso de la fuerza. “Las fronteras simplemente dejaron de existir para la multicriminalidad”. “Podemos tener territorios militarizados y llenos de autoridades civiles, y estos siguen siendo manejados por completo por los actores ilegales”.
Por supuesto, hay que destacar también la complicidad del poderoso sistema financiero internacional y de quienes lo controlan. Con razón Petro se refería a la Junta del narcotráfico, con sede en Dubai.
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