Cada inicio de año escolar repite la misma escena en miles de hogares del país: padres y madres revisan la lista de útiles escolares mientras hacen cuentas y se preguntan hasta dónde alcanza el presupuesto. Para el calendario académico de 2026, el Ministerio de Educación Nacional decidió intervenir con mayor claridad y recordar cuáles son los límites legales que deben respetar los colegios al momento de exigir materiales escolares.
La advertencia llegó a través de la Circular número 002 de 2026, un documento que no crea nuevas normas, pero sí refuerza obligaciones que muchas instituciones parecen olvidar cuando elaboran listas extensas y costosas. El mensaje es directo: los útiles escolares deben responder a necesidades pedagógicas reales y no convertirse en una carga económica injustificada para las familias.
La circular se apoya en la Ley 115 de 1994, modificada por la Ley 1269 de 2008, que establece que los materiales educativos (útiles, textos y uniformes) deben apoyar el proceso de aprendizaje y ser razonables en cantidad y costo. Además, recuerda que estas listas deben entregarse en el momento de la matrícula y contar con la aprobación del Consejo Directivo de cada institución.
Lo que no pueden pedir los colegios en las listas escolares
Uno de los puntos centrales del documento es la enumeración explícita de los elementos que están prohibidos en las listas escolares. El Ministerio busca frenar prácticas que, año tras año, generan quejas y reclamos de padres de familia, especialmente en colegios privados.
Entre las prohibiciones está exigir uniformes de marcas exclusivas o proveedores definidos. Las instituciones pueden fijar un diseño o color, pero no pueden obligar a comprar en un establecimiento específico ni imponer marcas determinadas. La misma regla aplica para cuadernos, colores, esferos y demás útiles escolares.
La circular también prohíbe solicitar cantidades excesivas de un mismo producto sin justificación pedagógica clara. Pedir varias cajas de colores, múltiples paquetes de bolígrafos o materiales duplicados no está permitido si no existe una razón académica comprobable.
Otro punto clave es el tiempo de compra. Los colegios no pueden exigir que toda la lista se adquiera al inicio del año escolar. Las familias tienen derecho a comprar los útiles de manera progresiva, según el desarrollo del calendario académico y las actividades programadas.
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Ojo con los artículos que no son para aprender
El documento es enfático en señalar que los colegios no pueden pedir elementos que no estén directamente relacionados con el aprendizaje. Artículos de aseo como papel higiénico, jabón líquido o toallas húmedas hacen parte de la dotación institucional y no de la lista escolar.
Tampoco está permitido exigir que los útiles o textos sean entregados al colegio para su administración, ni vender directamente materiales escolares dentro de la institución o mediante convenios exclusivos con proveedores. Estas prácticas, advierte el Ministerio, convierten las listas escolares en negocios paralelos y limitan la libertad de elección de las familias.
Las restricciones aplican tanto para colegios públicos como privados, y su incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas. El Ministerio recuerda que las secretarías de Educación y las autoridades locales son las encargadas de vigilar y hacer cumplir estas disposiciones.
Con el regreso a clases crece la preocupación de los padres por el costo de matrículas, pensiones y útiles escolares. El Ministerio de Educación emitió una circular que fija límites claros para los colegios privados.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 19, 2026
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Un alivio en medio del gasto escolar
El pronunciamiento llega en un momento sensible del año. Entre enero y febrero, las familias colombianas destinan una parte importante de sus ingresos al regreso a clases. El gasto en útiles escolares puede superar fácilmente los 300 mil pesos, sin contar uniformes y textos, una cifra significativa frente al salario mínimo vigente.
Con esta circular, el Ministerio busca enviar un mensaje claro: la educación no puede convertirse en un factor de endeudamiento ni exclusión. Las listas escolares deben ser una herramienta pedagógica, no una prueba de resistencia para los bolsillos de quienes sostienen el sistema educativo desde sus casas.
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