Al publicar esta columna no logro ver todavía la salida del túnel. La cuarentena la han ido relajando a punta de sospechas, intuiciones, presiones y poca ciencia. No se ha hecho el número de pruebas necesarias, todos los equipos requeridos no terminan de llegar y los trabajadores de la salud y la ciudadanía en general está desprotegida. Algunas ciudades obligan el uso universal del tapaboca, pero no reparten ni uno.
Mientras tanto, la emergencia económica desató un diluvio de decretos, resoluciones o circulares que ordenan mucha cosa pero que en general se aplican muy poquito. Lo que sí sabemos es que el crecimiento del desempleo es brutal y la desprotección general. En mi rol de presidente de la Unión Sindical Obrera y de columnista llevo ya dos meses enfrentando esta pandemia con análisis, estudio, trabajo en equipo, comunicación, mucha política y claro decenas de acciones jurídicas.
Pero no lo puedo negar, dos meses después siento algo de frustración. Hemos estado defendiendo con uñas y dientes a los trabajadores de todo tipo de abusos empresariales, que, lamento decirlo, son la regla general en esta crisis. Los empresarios se han pasado la ley por la faja sin discreción y están muchos convencidos que al final sus faltas quedarán impunes. A diario hemos buscado acuerdos con decenas de empresas y en muy pocos casos lo hemos logrado, pero en general las puertas y los oídos están cerrados. A los empresarios no les ha servido nada diferente que el despido, la suspensión de los contratos de trabajo y obligar a la licencia no remunerada, todo lo anterior ilegal y con cero ingresos para los trabajadores.
De nada han servido las circulares, las ruedas de prensa, ni los “duros” anuncios de Mintrabajo para “proteger el empleo”. El acceso a la justicia de los trabajadores está bloqueado, la inspección laboral fracasó y la mayoría de jueces de tutela, sostienen que el derecho al trabajo no es fundamental y deciden como si viviéramos en normalidad amarrados a formalismos decimonónicos.
Del otro lado, miles de trabajadores en sus casas. Unos con teletrabajo (que está regulado) y otros en “trabajo en casa”, también enfermándose o asumiendo todos los costos, sin ninguna atención por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales- ARL, ni de sus empleadores. Sin derecho a desconectarse y sin jornadas de trabajo. En la casa el mundo es otro, más, si se trata de mujeres, que deben sumar sus obligaciones laborales con el trabajo de cuidado. Esta crisis multiplicará el teletrabajo desprotegido y por horas. El empresario ahorra mucho implementando esta modalidad laboral. Serán los sindicatos, los que, a través de la negociación colectiva, puedan limitar los abusos.
Mientras tanto, el pasado viernes 24 falleció un dirigente sindical de la empresa Brinsa, que aparentemente contrajo el virus al interior de la planta de esa empresa en Cajicá. Los trabajadores de esa compañía están desconcertados. Sin saber qué hacer ni cómo actuar. Impotentes. Al mismo tiempo una trabajadora de la línea 123 de Bogotá, a pesar de estar contagiada, fue obligada por su empleador a ir y trabajar en su sitio de labores.
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La crisis sanitaria ha puesto en el orden del día las atroces condiciones laborales de los trabajadores de la salud
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La crisis sanitaria también ha puesto en el orden del día las atroces condiciones laborales de los trabajadores de la salud, mayoritariamente deslaboralizados, sin trabajo decente y sin protección social. Ya son más de 30 trabajadores del sector salud contagiados por el virus y dos fallecidos a causa del mismo. Por todo el país, médicos y enfermeras protestan, muchos han renunciado, otros han sido despedidos por pedir equipos de protección individual mientras tanto las IPS, EPS, ARL, empleadores y el Ministerio de Salud se lavan las manos. Lo que ocurre en las cárceles no hay palabras que puedan describirlo.
Sé que a gobierno y empresarios no les gustan las recomendaciones de la OIT, pero una vez pase esta crisis (porque pasará), echaremos mano de la recomendación 205 de 2007 “Sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia”. Allí se dice con claridad que al emprender la recuperación después de una crisis se debe revisar, restablecer o reforzar “la legislación laboral, según sea necesario, incluidas las disposiciones sobre la protección de los trabajadores y la seguridad y salud en el trabajo, en consonancia con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998), y las normas internacionales del trabajo aplicables”.
No es con más flexibilización laboral como se va a recuperar la economía del país. Saldremos adelante es expidiendo el Estatuto del Trabajo, aplicando las normas de la OIT, reforzando la protección de los trabajadores y dándole algún músculo al Ministerio y a la justicia laboral. A la legislación laboral habrá que añadirle los amortiguadores sociales que por fin entraron a la agenda pública: subsidio de desempleo y renta básica universal.
Este año, no habrá Conferencia Internacional del Trabajo. No sé cuantas veces haya pasado eso en los más de 100 años de la OIT, que sea una oportunidad para que el movimiento sindical internacional lidere la expedición de un convenio, pronto, que garantice trabajo decente al personal sanitario de todo el mundo, pero para que también se prevean respuestas estándares en todo el planeta sobre cómo enfrentar una crisis de estas en el futuro para que se ordene a los Estados la protección real del empleo y trabajo decente.
Normas internacionales del trabajo, fortalecimiento de los sistemas públicos de salud, derechos laborales para sus trabajadores, crecimiento sindical, diálogo social tripartito y amortiguadores sociales serán las discusiones que pronto debemos poner sobre la mesa. La crisis es la oportunidad.
