Ningún presidente escoge por casualidad el lugar donde recibe el poder. Tampoco es un asunto menor conservar una ciudadanía extranjera cuando está a punto de asumir la jefatura del Estado. Antes de gobernar con decretos, los gobiernos comienzan gobernando con símbolos. Y esos símbolos construyen un relato sobre la forma en que entienden el poder y la democracia.
Cuando el poder cambia de escenario
El presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado que tomará posesión en una guarnición militar en el Cauca. Jurídicamente, no parece existir un obstáculo constitucional para ello. La Constitución dispone que el juramento se realice ante el Congreso de la República y esta corporación puede sesionar excepcionalmente fuera del Capitolio.
El debate, entonces, no es de legalidad, sino de legitimidad democrática y de significado constitucional.
La posesión presidencial no es un simple protocolo. Es el acto mediante el cual el poder del Estado se transmite simbólicamente a quien ha sido elegido por los ciudadanos. No es casual que ese juramento se haga ante el Congreso: allí está representado el pueblo, titular de la soberanía según el artículo 3 de la Constitución. En una democracia constitucional, el Presidente recibe su mandato de los ciudadanos representados en las instituciones civiles, no de las Fuerzas Militares.
Por eso, trasladar ese acto de entrega del poder a una guarnición militar modifica inevitablemente el mensaje institucional. Sin desconocer el papel esencial que cumplen las Fuerzas Militares dentro del Estado de Derecho, el escenario escogido desplaza el énfasis desde la representación democrática hacia un espacio asociado al monopolio legítimo de la fuerza.
Los símbolos no reemplazan las decisiones de un gobierno, pero sí revelan cómo quiere presentarse ante la sociedad y cuál es la concepción del poder que busca proyectar.
¿A quién representa el Presidente?
El segundo gran símbolo del gobierno entrante es la decisión de Abelardo de la Espriella de conservar la ciudadanía estadounidense.
Más allá de cualquier discusión sobre eventuales inhabilidades, el asunto tiene una dimensión política y simbólica que merece ser debatida. Quien ejerce la Presidencia representa exclusivamente los intereses de Colombia y simboliza la unidad nacional. Por eso, cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la exclusividad de esa lealtad adquiere relevancia pública.
La discusión no consiste en cuestionar la doble nacionalidad como derecho individual. La pregunta es otra: ¿resulta conveniente que quien ejerce la jefatura del Estado mantenga un vínculo jurídico de ciudadanía con una potencia, y les haya jurado lealtad precisamente cuando buena parte de las decisiones estratégicas de Colombia pasan por la relación con los Estados Unidos?
En adelante, cualquier decisión sobre comercio, migración, cooperación, defensa, recursos naturales o política exterior inevitablemente será observada bajo ese prisma. Frente a un conflicto de lealtades, ¿a quién servirá Abelardo?, ¿a Trump o al pueblo colombiano? Es una discusión que el propio presidente electo ha decidido mantener abierta y que solo él puede cerrar. Es por esto que el presidente electo debe renunciar a su ciudadanía estadounidense antes de tomar posesión de su cargo.
Observados en conjunto, ambos hechos dan evidencias sobre el carácter de la nueva administración: un gobierno que, desde su primer día, proyecta un lugar central para el poder militar como escenario de legitimación y una íntima cercanía con los Estados Unidos que inevitablemente alimentará interrogantes sobre el grado de autonomía con el que actuará frente a esa súper potencia, que ha demostrado hasta la saciedad que no tiene aliados, sino intereses, y que ve en América Latina un territorio al cual saquear y someter.
La democracia no solo se protege en las urnas. También se protege cuidando los símbolos que recuerdan que el poder pertenece a los ciudadanos, que las Fuerzas Militares están subordinadas al poder civil y que la lealtad de quien gobierna debe ser, por encima de cualquier otra consideración, exclusivamente con Colombia.
Ahora bien, tampoco conviene sobredimensionar el alcance de esos símbolos. Al final, los gobiernos serán juzgados por sus decisiones y por los resultados que produccan. Son los hechos —y no los símbolos— los que terminan escribiendo la historia. Pero los símbolos suelen anticipar el camino por el que un gobierno pretende transitar. Y, en política, pocas veces los primeros mensajes son fruto del azar.
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