La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco acaban de sorprender a la comunidad universitaria y a la ciudadanía. La primera decidió, producto de la presión, hacer pública la posición de que la institución no venderá sus predios incluidos en los planos del Plan de Renovación Urbana, entre ellos, el edificio Uriel Gutiérrez, la Unidad Camilo Torres y la Fase II del Hospital Universitario. La segunda comunicó que, dada la posición expresada por la Universidad, “ha resuelto excluir a la mencionada institución del proceso de formulación del instrumento de gestión urbanístico -Plan Parcial- requerido para la ejecución del proyecto”. La pregunta es: ¿se elimina realmente el riesgo de que se le quiten los terrenos a la Universidad Nacional?
Aunque los hechos parecen dar pie al optimismo, lo cierto es que la comunicación es ambigua e insuficiente. El hecho de que el comunicado público no hable de excluir los predios, sino de excluir la institución de la formulación del proyecto, resulta ser muy confuso. A ello se suma que el proyecto ha recorrido mucho camino desde 2011 con leyes y planos seleccionados que incluyen nuestros terrenos, pero, sospechosamente, la comunicación de la Agencia no viene acompañada de nuevos planos y documentos ni se compromete a modificar nada.
Hay tres razones por las cuales la amenaza del proyecto sigue viva. En primer lugar, a pesar de que se le ha solicitado muchas veces, la Agencia no allega unos nuevos planos del Plan de Renovación Urbana que sustenten lo que le aduce en la comunicación al Rector. Sin manifestar tampoco su intención de querer modificarlos, la realidad es que en los planos de la Agencia sigue habiendo un edificio de apartamentos encima de la Fase II del Hospital, que representa el 75% del mismo, y un parque que arrasa al edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres.
Planos del Proyecto Ciudad CAN que afectan más de 90000 m2 de la Universidad Nacional
En la defensa de los predios hemos hecho causa común con los barrios afectados, con la ESAP, con las instituciones de salud y con algunas instituciones públicas. Tenemos claro que este proyecto actúa expandiéndose y es estratégico defendernos en conjunto, porque una vez construido el proyecto, una exclusión parcial ahora puede convertirse en una expropiación posterior sobre las demás. Por eso acordamos el Proyecto de Ley 041 de 2015 que la Agencia, directamente, se encargó de frustrar en el Congreso de la República.
En segundo lugar, si bien la Rectoría parece dar pasos en el sentido correcto, se requiere continuar con acciones de mayor nivel porque la Agencia puede expropiar sin negociar.
El Parágrafo 3 del Artículo 245 del Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos (Ley 1753 de 2015) establece que “la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas podrá hacer uso de las facultades de expropiación administrativa de que tratan la Ley 1742 de 2014, siempre que invoque los motivos de utilidad pública contenidos en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, en los literales B, C, G, I, K, L, M”. Y tanto los funcionarios de la Agencia como los del Ministerio de Vivienda alegan que el interés general es construir la Ciudad CAN, cuyas unidades empresariales, hoteleras y residenciales priman sobre los derechos a la educación y a la salud que la Universidad y su Hospital garantizan.
En tercer lugar y tal vez lo más importante, los pronunciamientos no hacen referencia a un Plan de Ordenamiento Territorial que siga blindando los predios de la Universidad. El POT actual define que el uso del suelo de la Universidad es exclusivamente dotacional e impide que puedan usarse para los fines mixtos —comerciales, residenciales, etc.— que requiere el Proyecto Ciudad CAN. Sin un cambio de uso del suelo a través del POT, el proyecto no va.
Tan comprometido está el alto gobierno con este negocio inmobiliario, cuya inversión está avaluada en $12,8 billones, que en la página web de la AIVB se lee que “el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, destacó que a pesar de las dificultades para agilizar el proyecto de renovación en el CAN, por la falta de POT, ‘el Gobierno Santos está trabajando desde ya para impulsar los proyectos que traen desarrollo y progreso al país y mejoran la calidad de vida de los colombianos.’” Jugada que secunda el alcalde Enrique Peñalosa, quien en su Plan Distrital de Desarrollo ya decidió colaborar con gestiones del uso del suelo para apoyar iniciativas urbanas de la Nación (Artículo 96).
Así las cosas, es diáfano que la comunidad universitaria, incluyendo al Rector, es la responsable de defender sus terrenos y manifestarse en contra de que los intereses del negocio inmobiliario se pongan por encima de los derechos a la salud y la educación. Es urgente exigir unos nuevos planos, que los compromisos se sustenten con documentos técnicos y se aprueben un blindaje legislativo y un POT que protejan el uso del suelo de nuestro campus.
Estaremos como en 2013 y 2015 de nuevo en las calles y en los recintos del Concejo y del Congreso haciendo uso de movilización pacífica y democrática, la misma que le devolvió Campo Rubiales a ECOPETROL y que ha frenado 4 proyectos mineros en zonas de altísima importancia ecológica. Uniendo nuestras fuerzas, lograremos preservar los predios de la Universidad y su Hospital para que sirvan al desarrollo del país y el bienestar de todos los colombianos.
