Pusieron un poderoso barco de guerra en aguas del golfo de Tonkin (USS Maddox), inventaron un ataque (que nunca ocurrió), iniciaron la operación “Trueno Rodante”, inundaron de tropas, mintieron, lanzaron dos millones de toneladas de bombas, rociaron con napalm y el herbicida agente naranja, invadieron, mataron a dos millones de personas y volvieron cenizas a una región entera.
Ahora la operación “Lanza del Sur” llega como estrategia de agresión para controlar el hemisferio occidental, desestabilizar gobiernos, bloquear economías, saquear, capturar personas y matar. El más grande portaaviones, submarinos de potencia nuclear y tropas de alta capacidad son parte del arsenal de destrucción que trae el sistema de expansión y control con el que EE. UU. pretende dominar a pueblos y Estados para asegurar sus intereses estratégicos, económicos y geopolíticos en América del Sur.
La Carta de la ONU le prohíbe a cualquier Estado el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, y solo podría ser legal usarla en dos situaciones de excepción: cuando hay autorización previa del Consejo de Seguridad o por legítima defensa individual o colectiva tras un ataque armado. El portafolio legal se completa con el derecho del mar, consagrado por la Convención, según el cual en alta mar ningún Estado puede “ocupar” legalmente una porción como si fuera territorio propio y, en cualquier caso, están absolutamente prohibidas las ejecuciones arbitrarias y, de ocurrir, es obligación investigar, sancionar y reparar.
En la operación “Lanza del Sur”, en el mar Caribe, no aplica ninguna excepción, ni derecho del mar ni del DIH. En síntesis, el uso de la fuerza y el despliegue de una flota de guerra de alta intensidad ocupando el mar Caribe es un delito, que no se supera por emitir la declaración (sin prueba alguna) de que EE. UU. está en conflicto contra un enemigo difuso.
Las acciones ya cometidas de amenaza, acoso y agresión a los gobiernos y jefes de Estado, y el ataque unilateral con más de 20 intervenciones militares de eliminación de personas indeterminadas, son ilegales. No ha acatado derecho alguno y es ilegítimo porque hoy no es aceptable ningún imperio. Si a la agresión se le aplica el marco de un conflicto armado a la luz del DIH (Convenios de Ginebra y derecho consuetudinario) y los estándares de uso de la fuerza y protección de personas regidas por las reglas sobre combatientes, objetivos militares, proporcionalidad y distinción, las ejecuciones sumarias contra ocupantes de lanchas de motor, sin siquiera una previa identificación, son ilegales, son delitos, están prohibidas, son simplemente asesinatos, crímenes de guerra, que por tratarse de actos sistemáticos y generalizados de ejecución extrajudicial se constituyen también en crímenes de lesa humanidad, en los que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene la competencia para actuar. De igual manera, los Estados que sufren la agresión también pueden iniciar acciones penales por estos crímenes conforme a su propio derecho.
“Lanza del Sur” viene envuelta con una bandera de fracasos en Oriente Medio, teñida con la farsa de la narrativa de defenderse de enemigos altamente peligrosos (todavía en construcción). En pocos días ha violentado los principios del derecho internacional y los de la OEA. El principio de soberanía dice que “el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados”, garantizando el derecho de cada Estado a elegir libremente su sistema político, económico y social sin injerencias externas; y el principio de no agresión anuncia que “la agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los demás Estados americanos”. La escena del “rey” Trump, con miras a forjar su Reich, tiene listo el buque en espera de “inventar” una agresión para atacar, y cuenta con partidos de ultraderecha y voces de poder tradicional que aplauden, piden y están listos a movilizar sus esfuerzos para que cumpla su propósito de muerte, saqueo, dominación y opresión (no saben que ellos también son sus objetivos).
Aunque a veces den ganas de no creer, han movido tanta capacidad que queda la duda de si todo es solo por demostrar su poder a China y Rusia, Irán, India, Corea. La duda razonable indica que, a sangre y fuego, quiere defender su patio trasero, después de sus derrotas en Oriente Medio, donde en total impunidad dejó millones de muertos, destruyó naciones, culturas, territorios, infraestructuras y ciudades patrimoniales. Todo fue justificado con el discurso “democrático” de llevar libertad y derechos, iniciado con la operación “Libertad Duradera”, que incendió medio hemisferio oriental.
Su relato ya puso la responsabilidad de lo que ocurra en las víctimas; está circulando la propaganda del desprestigio que busca romper los vínculos entre el gobierno y el pueblo, crear desconfianza, impedir que fluya la verdad, atacar al gobernante, “destriparlo”, bombardearlo, darle balín, cachazos o motosierra, con el apoyo de quienes creen que el “rey” imperial tiene la razón y les mantendrá sus privilegios.
El asunto no es si la persona del presidente agredido le gusta o no a alguien, es que atacar al presidente por su condición de jefe de Estado, presidente del gobierno y jefe de las fuerzas militares —quien representa la unidad de la nación y es la máxima autoridad entre todas las autoridades y poderes públicos como depositario de la voz “democrática”—, es un ataque a la nación, al “todos común”, que conforme a la Constitución obliga a respetarlo a riesgo de caer en la posición de traición a la patria.
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