Texto escrito por: Nerio Luis Mejia
La llegada de Abelardo De la Espriella a la presidencia de Colombia da cuenta, desde muy temprano, de indicios de una estrecha colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos, lo que ha generado un agitado debate entre quienes defienden y quienes cuestionan el alcance de la presencia e injerencia militar estadounidense en nuestro país.
Desde la realización de operaciones conjuntas y el intercambio de información estratégica para combatir el narcotráfico y a los grupos ilegales, hasta el préstamo y adquisición de sistemas de vigilancia remota de última generación. Tal es el caso de las aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, cuyo anuncio fue realizado por el propio Ministerio de Defensa tras el regreso del jefe de la cartera militar de territorio norteamericano. En dicho balance se confirmó que el país recibirá tres de estas avanzadas plataformas en calidad de préstamo y adquirirá una cuarta con recursos del Estado colombiano.
Estas avanzadas aeronaves cumplen múltiples roles operativos: son empleadas en inteligencia, vigilancia y misiones de reconocimiento en tiempo real sobre vastas extensiones territoriales, con el propósito de patrullar los corredores estratégicos que habitualmente utilizan los grupos armados y el narcotráfico. Sin embargo, no hay que ignorar que estas plataformas incorporan armamento letal de alta precisión en combate. Esto abre un profundo dilema jurídico y político sobre la legalidad y soberanía de las operaciones militares conducidas de forma remota o con la participación directa o indirecta de personal extranjero, sumado a las voces que cuestionan si nuestro ordenamiento constitucional permite semejante nivel de cooperación sin incurrir en una franca transgresión a la independencia nacional.
Quizás los colombianos nos encontramos frente a un momento inédito en la historia reciente del conflicto. Si bien el Estado ha venido lidiando históricamente con la violencia —combinando el uso de la fuerza pública con el condicionamiento o apertura a soluciones negociadas—, en esta ocasión el panorama es cualitativamente distinto. El país transita por una compleja reconfiguración de la violencia alimentada por la fragmentación de las estructuras ilegales, la proliferación de pequeños grupos armados con gran capacidad de daño contra la fuerza pública y la población civil, y la adopción de nuevas tecnologías en el teatro de operaciones.
A este escenario se suma un factor determinante: Colombia eligió a un presidente con ciudadanía estadounidense que no ha ahorrado elogios ni afinidad hacia la administración norteamericana en cabeza de Donald Trump. Abelardo De la Espriella, en su condición de ciudadano norteamericano, votante registrado e integrante del Partido Republicano de dicho país, plantea una dinámica singular en las relaciones bilaterales. Por ello, no es un ejercicio en vano examinar hasta dónde se extenderá el brazo de la cooperación militar entre Bogotá y Washington en este quinquenio, y si las decisiones adoptadas en materia de defensa respetan de manera estricta los principios irrenunciables de soberanía y libre autodeterminación.
Hacer frente a las distintas amenazas que arrebatan la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos es un imperativo categórico. Sin embargo, el pueblo colombiano también tiene el derecho inalienable de saber hasta qué punto están en juego sus valores e instituciones nacionales. Ello exige un debate jurídico y ético de fondo sobre el alcance real de dicha alineación militar, una discusión que ya empieza a agitar la opinión pública ante los anuncios de un nuevo gobierno comprometido con la premisa de alcanzar la paz únicamente a través de la superioridad de las armas y de una política de cero negociaciones.
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