En plena Semana Santa, Iván Cepeda publicó un afiche con diez puntos programáticos que pretende sean el esqueleto de su campaña presidencial. El gesto tiene su simbología: mientras el país guardaba un silencio intermitente entre procesiones y descansos, el candidato del Pacto Histórico lanzaba lo que podría leerse como una profesión de fe política. El problema es que esa fe resulta, en buena medida, prestada.
El documento es un espejo fiel de los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro: lo que se hizo, lo que no se pudo hacer y lo que quedó inconcluso. Profundizar los cambios, dice la fórmula. Pero el afiche no se desvía ni un milímetro de la agenda presidencial, lo cual no es casual. Cepeda no necesita aval formal del mandatario —ya lo tiene cosido en cada línea de su programa— y ese aval tiene precio de mercado: los miles de contratos canalizados hacia economías populares, cabildos, organizaciones indígenas y estructuras territoriales que hoy constituyen la base electoral del candidato. No es financiación directa, desde luego. Pero tampoco es inocente.
El listado de los diez puntos es, en su mayor parte, un catálogo de buenas intenciones. Apela con precisión a quienes votaron por Petro en 2022 y no se han arrepentido, y no parece tener ningún interés en convencer a nadie más. Eso es una decisión política legítima, aunque arriesgada. La campaña consolida su base; no la expande.
Uno de los puntos, el dedicado a la seguridad, merece atención particular. Cepeda propone construir "paz duradera con oportunidades e infraestructura". La formulación tiene la consistencia de un deseo de Año Nuevo. Frente a un país en el que, según reportes del propio Ministerio de Defensa, los primeros dos meses de 2026 registraron un promedio de 38 homicidios diarios, la respuesta del candidato parece eludir la urgencia del problema. La tesis de que la inseguridad cede cuando ceden la pobreza y la desigualdad tiene respaldo teórico, pero en la práctica omite una obligación ineludible del Estado. El fracaso de la llamada paz total agrava la deuda argumentativa.
En materia económica, la apuesta por el salario mínimo como emblema del cambio resulta más compleja de lo que la narrativa oficial admite. El incremento favorece a los trabajadores formales, a quienes tienen contrato y nómina. Pero el grueso de la fuerza laboral colombiana opera en la informalidad, y ese sector no solo recibe el efecto del alza —si acaso— de manera indirecta, sino que también absorbe el incremento en los costos de vida que el aumento conlleva. Las MiPymes, por su parte, han respondido con recortes de personal. El dinero entra por una ventana y sale por la otra. Señalarlo no es pesimismo ideológico: es aritmética.
Lo que el candidato necesita —y los indecisos merecen— es un documento de fondo, no un afiche para redes sociales. Una propuesta que vaya más allá del formato flyer y que responda, entre otras preguntas, la más incómoda de todas: ¿contempla su plan reformar la Constitución? Porque si la respuesta es afirmativa, sería honesto decirlo desde ya. Y si es negativa, habría que explicar cómo se profundiza un cambio estructural dentro de los mismos marcos institucionales que, según la propia retórica del movimiento, habrían sido el obstáculo.
La política tiene sus tiempos y sus rituales. Pero los programas de gobierno no deberían ser, únicamente, espejos del pasado reciente ni promesas que suenen bien en semana de vacaciones.
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