En mi trayectoria como empleado público vinculado por concurso y sindicalista, investigador de la función pública, he observado como al estado se vinculan funcionarios públicos de distintos niveles sin observar cuál es su estado de salud mental previo.
Los funcionarios directivos a los que he denominado en mis trabajos como la burocracia perfumada, su vinculación obedece en su totalidad a arreglos clientelistas, no es, sino tener los requisitos formales y el padrinazgo del político de turno para vincularse con el estado.
Los exámenes médicos para ingresar no contemplan un examen de su salud mental. De esta manera ingresan personas con prejuicios de toda índole, y patologías mentales, que no los haría idóneos para desempeñar un cargo directivo, con grandes riesgos para los funcionarios subordinados.
Unos son los llamados jefes negreros que persiguen a sus subalternos por razones distintas a la del desempeño laboral y que su conducta podría obedecer a estados mentales sin indagar ni solucionar.
Como funcionario he sido víctima de estos funcionarios por ejercer la actividad sindical, al igual que perseguido de tal forma que han pretendido destruir toda acción en tal sentido.
Son funcionarios que además hacen gala de una ignorancia supina al desconocer derechos constitucionales como la libertad de asociación, la diabolizan, muchos de ellos venidos de iglesias cristianas metidas en la política y qué decir de los acosadores sexuales.
En suma, para ser directivo de una entidad pública, el estado debe de exigir un examen psicológico exhaustivo, y previo, para evitar riesgos a la entidad y a sus funcionarios.
Ese punto a propósito de la negociación colectiva se planteó en alguna oportunidad sin que haya sido atendido como correspondía. Señalaba la contraparte que era responsabilidad de las EPS y ARL, cuando de todos es sabido de la total irresponsabilidad de estas entidades de la salud en estos asuntos, y por los cuales, especialmente las ARL reciben millonarias sumas de dinero.
Incluso, los funcionarios del nivel ejecutor que ingresan al estado deberían ser sometidos a exámenes rigurosos de su estado de salud mental. Son muchos, al igual que los directivos que padecen de diversas patologías como depresión, bipolaridad, esquizofrenias, etc., que tienen que trabajar con dificultades de todo orden, sufriendo internamente, y dificultando el clima laboral. Ha habido casos en que el funcionario ha sido sancionado disciplinariamente injustamente, ya que nadie sabía de su estado mental.
En estos términos y con mayor responsabilidad, el Estado debe de exigir antes de la posesión de un presidente de la república un examen riguroso de su estado mental. Con el comportamiento visto del actual presidente Petro, no cabe duda para nadie de sus padecimientos psicológicos, de sus delirios, de sus adicciones, sus iras, etc. Quizás son el resultado quizás de una difícil infancia, de su paso por la guerrilla, o de cualquier otra razón que no lo harían apto para dirigir un país. Como en su momento, también se vivió con Uribe y sus prácticas criminales.
Frente al caso de los políticos elegidos popularmente en los parlamentos (Senado, Cámara, Asambleas, y Concejos) me dijo alguna vez un amigo psiquiatra que casi todos son sociopatías, patologías mucho más graves e imperceptibles por sus perfiles, modos sociales, y por el peligroso impacto en la sociedad.
Apreciación que corroboré con algunos estudios de politólogos españoles y argentinos. Y, en la historia sí que tenemos personajes de este tipo, presidentes y líderes políticos mesiánicos que han causado tragedias y millones de víctimas en el mundo.
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