En enero de 2026, desde dentro y fuera del Ministerio de Justicia, hackers amparados hasta ahora por el anonimato iniciaron un ataque progresivo contra los sistemas de la entidad con el uso de un virus conocido como ransoware, diseminado con un software malicioso que bloquea el acceso a redes y archivos y exige un intercambio para devolverlos.
Se ha tratado de un secuestro de información que convierte la información sensible en “rehén” de ciberpiratas que, en casos similares, suelen exigir dinero o apelar a otras exigencias extorsivas a cambio de no destruir la información o de filtrarla sistemáticamente.
Iván Cancino, ministro de Justicia, se enteró de lo que ocurría durante una conversación con su antecesora en el cargo, Cielo Rusinque, el 7 de agosto, un día antes de su posesión. Aún antes de posesionarse formalmente, Cancino juzgó como un acto de responsabilidad advertirle al país lo que estaba pasando.
El ataque amenazaba con comprometer incluso información de seguridad nacional asociada a la lucha contra el narcotráfico y ponía en vilo también procesos relacionados con la legalización de prácticas comerciales con el uso del cannabis, por ejemplo.
El entonces designado ministro Cancino usó sus redes para emitir una alerta que ha tenido eco en la fiscalía y empresas de informática como Microsoft, que presta servicios y al ministerio y que activó su equipo de detección y respuesta (DART, por sus siglas en inglés), conocido también como “escuadrón swat de seguridad” para detectar del origen del ataque y bloquearlo.
Ecopetrol también fue blanco de ciberataques
Apenas veinte días atrás Ecopetrol sufrió un ataque similar con un ransoware aplicado en la modalidad “The Gentlemen” que descargó datos de aproximadamente 3.300 cuentas de usuarios de las 15 empresas del Grupo que estaban en la nube. El secuestro de datos afectó a cerca de 330.000 archivos que representaban un terabyte de información.
El caso del ministerio de Justicia está en marcha un análisis forense que servirá para determinar la dimensión de un ataque que por lo pronto ha afectado parte de la infraestructura tecnológica del ministerio.
“Estamos investigando accesos no autorizados desde el mes de enero desde dentro fuera del ministerio”, dice Cancino tras explicar que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo se han sumado en apoyo tecnológico contra la ofensiva de los ciberpiratas.
Se han producido trastornos en el Sistema de Información para Control de Sustancias y Productos Químicos (SICOG). Por eso ha sido necesario tomar medidas de contingencia como la suspensión temporal de la obligación que tienen los interesados en tramitar los procesos respectivos de cargar sus documentos en esa plataforma.
Las licencias para la comercialización de Cannabis, blanco de ataque
De acuerdo con las precisiones hechas por el ministro Cancino, el Mecanismo para el Control de Cannabis (MIC) fue declarado temporalmente fuera de servicio. Esto implica que las nuevas solicitudes de licenciamiento tendrán que esperar. Los tramites realizables en esta coyuntura deberán hacerse presencialmente o a través del sistema de gestión documental.
Durante los últimos ocho años el Ministerio ha expedido más de 3.200 licencias para la comercialización del cannabis y en concreto 1.500 d ellas han permitido el cultivo de cannabis no sicoactivo. La comercialización para el uso medicinal requiere de dos pasos en un proceso que está afectado: una licencia para el cultivo por parte del Ministerio de Justicia y, en caso de uso sicoactivo, de la aprobación de un cupo por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. El mercado legal del cannabis tiene por ahora un movimiento relativamente pequeño. En los últimos dos años, por ejemplo, fueron registradas ventas al exterior por cerca de 15 millones de dólares. Un total de 1.046 personas naturales están inscritas como pequeños y medianos cultivadores, productores y comercializadores nacionales. Las licencias en trámite de pequeños cultivadores que todavía no consiguen pasar a la fase comercial por trámites ante el ICA y cupos.
Actualmente hay 783 empresas con licencia de Invima para fabricar derivados y poder venderlo como medicamento y menos de veinte empresas están exportando, según Procolombia.
El ciberataque es el primer desafío que de entrada tuvo que afrontar Cancino, simultáneamente con los retos que implican también para su despacho la atención solidaria del desastre causado por el terremoto del 10 de agosto.
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