El médico Víctor Hugo Arturo Orozco, gerente en Cali de la EPS SOS -intervenida actualmente- figura en el boletín de deudores morosos de la Nación que lleva al día y con rigurosidad la Contaduría General de la República.
En su caso hay 20 registros de obligaciones exigidas por el Consejo Superior de la Judicatura, relacionadas con multas derivadas de procesos fallados en su contra y algunos en los que fue condenado a pagar costas.
A juzgar por los registros, su protagonismo litigioso es alto. El nombre de Arturo Orozco, quien va a completar seis años al frente de la seccional Cali de SOS aparece en 67 radicados únicos, durante el periodo comprendido entre 2023 y 2026. En algunos, figura como demandante en acciones promovidas ante despachos civiles, laborales, administrativos y penales. En otros, como demandado, principalmente en actuaciones relacionadas con Servicio Occidental de Salud – EPS SOS.
La explicación del gerente frente al cúmulo de incidentes que protagoniza
En algunos casos se le identifica como Gerente Regional Cali o Gerente de Estrategia Territorial. Adicionalmente, se evidencian procesos en los que libra sus batallas con otros funcionarios o directivos de la entidad.
Según él, la mayor parte de las causas perdidas son tutelas presentadas por pacientes que no reciben atención oportuna por diversas causas. Es normal que las EPS se llenen de tutelas, acciones que ya hacen parte del paisaje de un país cuyo sistema de salud afronta una grave crisis. Lo que no es normal es que los deudores morosos de la Nación anuncien que no pagarán.
“No sé por qué todo me lo achacan a mí, si ni siquiera figuro como representante legal. No tengo entonces por qué pagar”, dijo el médico Arturo Orozco al responder una llamada de Las2Orillas.
Las deudas son problemáticas, pero no representan el mayor de los problemas para la EPS a cuyo cuerpo directivo pertenece. A raíz del empalme anticorrupción y de la presentación del Libro de la Verdad ante los órganos judiciales y de control por parte del presidente Abelardo De La Espriella, donde la salud tiene un apartado especial, las quejas se han multiplicado en varios campos.
En concreto, algunos de los quejosos aseguran que el gerente de la sede Cali estaría cobrando el 20 por ciento sobre el valor de la facturación de la IPS para pagarles por los servicios que les deben. El gerente se declaró sobresaltado por la afirmación, pero dijo que no se referiría al tema porque su deber primero era informar a su jefe (la nueva agente interventora, de la EPS) Sandra Milena Jaramillo Ayala, recién nombrada por la Superintendente de salud María Andrea Godoy.
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Ante las preguntas por parte de Las2orillas, Arturo Orozco le pidió a su jefe de prensa comunicarse con el medio para exigir el envío de un cuestionario en el que fueran citadas las fuentes de la información por las que se le requería.
El gerente está a cargo desde febrero de 2021 y entonces formaba ya parte de las directivas cuando la EPS fue intervenida, el 10 de abril de 2024, por el entonces superintendente de Salud Luis Carlos Leal, sin que dos años después muestren avances positivos como puede verse en esta nota
A pesar de haber sido removido su representante legal y la propia junta directiva, el gobierno Petro decidió mantener las cabezas administrativas, entre ellas el médico Victor Hugo Arturo, interpeladas hoy por una debacle financiera y por las deficiencias crónicas en la prestación de los servicios de salud a los 750.000 afiliados.
Los otros cobros
El primer agente interventor fue Carlos Marino Escobar, que se mantuvo en el cargo hasta agosto de 2025, cuando fue remplazado por Sergio Andrés Gil. La intervención está ahora en manos de Sandra Milena Jaramillo Ayala desde el 7 de septiembre de 2026.
“El médico Víctor Hugo Arturo ha logrado sostenerse cinco años en el cargo ejerciendo su poder con presiones, bajo la amenaza de retirarles los pacientes a las IPS que no paguen la comisión tasada o de asfixiarlas económicamente”, se lee en una de las denuncias que están siendo ya indagadas por la justicia penal.
Foto: suministrada
Varios de los reproches en el mismo sentido se dirigen a Jaime Buitrón, encargados de las cuentas médicas y a Víctor Jiménez, responsable de la contabilidad. El dedo acusador que los apunta los señala como presuntos responsables de una “debacle”, así la llama otra de las denuncias, que afecta a una entidad que nació como una iniciativa privada de Comfandi y de las tres cajas de compensación del occidente colombiano.
Avanzan las investigaciones al gerente Víctor Hugo Arturo incluido su patrimonio
Por lo pronto ya hay equipos de investigadores que verifican el patrimonio de Arturo Orozco para confirmar o descartar que haya habido cobros ilegales reflejados en su bolsillo. Por lo pronto no han encontrado ningún bien a su nombre o sociedades en los que pueda tener participación. El rastreo incluye visitas a múltiples direcciones de residencia y laborales, principalmente en Santiago de Cali y Jamundí (Valle del Cauca), así como en Popayán.
Les ha llamado la atención la existencia de 13 registros de teléfonos, 4 números celulares y 7 correos electrónicos, con reportes efectuados en diferentes periodos y entidades. Se destaca la reiteración de algunos datos de contacto, particularmente un número celular que registra 104 reportes y 13 entidades, y un correo electrónico con 76 reportes y 10 entidades, lo que permite establecer su recurrencia dentro de la información consultada.
Los informes comienzan a ser tan detallados que incluyen hasta sus datos más personales: “Se realizó consulta en la base de datos del ADRES, evidenciándose que el ciudadano Víctor Hugo Arturo Orozco (…) registra estado activo en la EPS Servicio Occidental de Salud S.A. – S.O.S., bajo el régimen contributivo, en calidad de cotizante, con fecha de afiliación efectiva del 1º. de agosto de 2022”.
Se realizó la validación de antecedentes en fuentes abiertas del ciudadano Víctor Hugo Arturo Orozco, identificado con cédula 76.324.989, quien cuenta con título de Médico, especialización en Administración en Salud y maestría en Epidemiología. Actualmente desempeña el cargo de Gerente de Oficina y Director de Sede en Cali de la entidad Servicio Occidental de Salud S.A. EPS (S.O.S), liderando el direccionamiento estratégico y la gestión del riesgo en salud en la región.
Sus movimientos financieros son también foco de atención. De acuerdo con la información consultada con corte al 17 de septiembre de 2026, Víctor Hugo Arturo Orozco presenta un saldo total de obligaciones de $345.224.000, frente a un valor o cupo inicial reportado de $457.661.000, equivalente a una utilización aproximada del 75,4 %. Del saldo actual, $312.019.000 corresponden a obligaciones en calidad de principal y $33.205.000 a obligaciones como codeudor, representando el 90,4 % y 9,6%, respectivamente.
Otra acotación señala: Se reportan cuotas mensuales totales por $7.523.000, asociadas a sus obligaciones crediticias vigentes. Se establece un rango de ingresos compuesto por un ingreso mínimo de $6.372.000, un ingreso medio de $9.104.000 y un ingreso máximo de $11.835.000. Frente a las cuotas mensuales reportadas, estas representan aproximadamente el 118,1 % del ingreso mínimo, el 82,6 % del ingreso medio y el 63,6 % del ingreso máximo estimado (…) La información consultada evidencia una carga mensual de obligaciones considerable frente al rango de ingresos estimado por la herramienta, particularmente respecto del ingreso mínimo y medio.
Riesgo reputacional para la EPS SOS
En el pasado, las deudas con la Nación -que no piensa pagar- le habrían significado a Arturo una inhabilidad para contratar con el Estado y para manejar recursos públicos. Sin embargo, la sentencia C1083 del 24 de octubre de 2005 de la Corte Constitucional declaró inexequibles los incisos 2 y 4 del parágrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, con los cual desapareció esa inhabilidad”.
El deber de pagar si sigue vigente. La Ley 901 sigue obligando a las entidades públicas a reportar las obligaciones y a la Contaduría a publicarlas. Expertos en el tema de gobierno corporativo consideran que esas deudas en cabeza del alto ejecutivo de la una entidad representan un serio riesgo reputacional y hacen mella en la credibilidad de cualquier empresa.
Pero más grave que las deudas serían los cobros ilegales, si las autoridades competentes los confirman.
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