Los animalistas de Cartagena se declaran en pie de guerra

Los animalistas de Cartagena se declaran en pie de guerra

Un llamado a la Defensoría, Procuraduría y Fiscalía para salvaguardar el bienestar de los caballos cocheros de la ciudad

Por: Eva Durán
enero 29, 2021
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Los animalistas de Cartagena se declaran en pie de guerra
Foto: PxHere

Durante décadas la Asociación de Cocheros de Cartagena ha sido vergüenza para los ciudadanos cartageneros decentes que la habitan y extraños que la visitan, no solo por la explícita tortura y explotación pública infame (hasta la muerte) de sus caballos, sino por la explotación laboral de los cocheros que trabajan en condiciones de esclavitud: sin sueldo base, prestaciones, pensión, EPS y ARL.

Además, aunque muchos de ellos puedan tener muchos años sirviendo fielmente, son retirados sin justa causa o consideración alguna por el presidente y dueño mayoritario de dicha asociación, Sr. Julio Martínez; quien valga acotar es el dueño de la mayoría de los coches y, desde mi perspectiva, no le interesa velar por el bienestar de los animales y trabajadores.

Por otro lado, la asociación de cocheros ha actuado durante décadas con total impunidad y máxima crueldad, "pasándose por la faja" todas las reglas humanas y divinas (hablando de legalidad vigente, ética y misericordia). Y, así mismo, siendo una asociación sin ánimo de lucro, se conoce que tiene negocios millonarios con los 300 cruceros que llegan cada año a Cartagena, con todas las agencias de turismo.

Sin embargo, fuera de esas abultadas ganancias, de acuerdo a lo que denuncian muchos, los cocheros deben pagarle a Julio Martínez una tarifa mínima diaria de un millón de pesos. Es decir, si son 120 coches, estamos hablando de 120 millones de pesos diarios. Para que se entienda esa cifra, los coches parqueados frente al Hotel Santa Clara cobran fácilmente 100 euros o dólares por paseo.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, la Asociación de Cocheros de Cartagena no tiene oficina, no factura y no paga impuestos. A la par, invade espacio público, contamina la bahía e incumple en todas sus partes el Decreto 0656 del 2014, que es eminentemente técnico y que establece la obligación de colocarle microchips a los caballos para poder hacerle seguimiento a su estado de salud, estableciendo rutas y horarios, y la obligación de cambiar la totalidad de las carrozas actuales (pesan una tonelada en promedio) por unas de tan solo 300 kilos de peso. Desde hace cinco años están completamente por fuera de la ley.

Así pues, caballos que generan tal increíble riqueza no reciben de sus tenedores (la Asociación de Cocheros de Cartagena) comida, bebida,  medicamentos, vacunas o atención médica, si no lo provee la Umata, la entidad pública distrital. Muy extraño el requerimiento u obligación cuando reconocemos que es un negocio privado muy rentable. 

A la par, con la pandemia, los caballos fueron abandonados a su suerte y mal hidratados y mal nutridos con restos de alimentos del Mercado de Bazurto. Dice la Umata en prensa que los caballos sufren de cólicos y timpanismo por la ingesta de afrecho, lo que degeneró en la intoxicación de 17 y la muerte de 12 de la pesebrera de Marbella, lo que constituye un delito, ya que el Sr. Julio Martínez debe responder legalmente por lo que ocurre en las caballerizas de su propiedad.

Con eso claro, es pertinente recordar que durante el gobierno de Manolo Duque, la Procuraduría ordenó el cierre de las caballerizas de Chambacú. Sin embargo, con el apoyo de los entonces concejales David Dáger, César Pión y el "ambientalista" George Salgado, a quien invitaron a una audiencia, se burlaron de las instituciones y no pasó nada, una vez más se salieron con la suya.

Han ocurrido todo tipo de atrocidades durante años, que están registradas en la prensa: "un caballo cochero le mutiló un dedo a un turista", "un caballo cochero desbocado destrozó a un carro particular en los cuatro vientos", "los cocheros agreden a golpes a animalistas" y "los cocheros golpean policías de tránsito". Todas estas noticias vergonzosas hacen parte del récord de una entidad que hace mucho tiempo debió ser sancionada, ajusticiada y liquidada por las autoridades locales y nacionales.

Luego de una vida terrible trabajando sin herrajes adecuados para pavimento, que les provocan más de catorce lesiones (en jornadas ilegales, sin adecuada atención), terminan estás majestuosas criaturas muriendo de hambre e intoxicadas con basura. Esto no lo vamos a seguir permitiendo.

Miles de ciudadanos animalistas decentes nos declaramos en pie de guerra ante la crueldad y la infamia hacia nuestros caballos.

El señor Julio Martínez y sus secuaces, algunos amangualados "animalistas" y politiqueros que los apoyan, no pueden seguir engañando y manipulando a la opinión pública con falacias y salir impunemente de todos los crímenes contra nuestros caballos, cometidos de la forma más descarada.

Con tu firma exigiremos a los entes competentes en este caso, Defensoría, Procuraduría y Fiscalía, intervenir y llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y sanciones.

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