Texto escrito por: Carlos Lagos
Los gobiernos no deberían evaluarse mediante consignas, ni por los "cien logros" que proclaman desde el poder, ni por los "cien fracasos" que enumera la oposición. Ambos enfoques reducen la complejidad del Estado a una competencia de propaganda. Un balance serio exige distinguir entre los resultados atribuibles a las decisiones gubernamentales, los efectos derivados del contexto internacional y, sobre todo, el estado en que quedan las instituciones llamadas a sostener esos resultados.
El gobierno de Gustavo Petro deja avances que sería deshonesto desconocer. La reducción de algunos indicadores de pobreza, la disminución del desempleo hasta niveles de un solo dígito, el impulso a la reforma agraria, la expansión de la gratuidad en la educación superior pública y la reducción de la deforestación constituyen hechos que deben formar parte de cualquier evaluación rigurosa.
No obstante, esos datos requieren un análisis más profundo. Buena parte del cuatrienio coincidió con la recuperación económica posterior a la pandemia, el descenso global de la inflación y la normalización de los mercados internacionales. Atribuir todos esos resultados exclusivamente al Gobierno sería tan equivocado como negar cualquier incidencia de sus políticas. Incluso economistas como Aurelio Suárez han planteado interrogantes sobre las metodologías utilizadas para medir pobreza y vulnerabilidad, recordándonos que los indicadores también deben ser objeto de escrutinio.
La verdadera discusión comienza cuando se analiza la sostenibilidad de esos avances. Un Estado de bienestar no puede sostenerse indefinidamente si la industria pierde dinamismo, la inversión privada disminuye, el déficit fiscal aumenta y la regla fiscal empieza a flexibilizarse para financiar un gasto creciente. Las políticas sociales necesitan una economía capaz de financiarlas en el tiempo; de lo contrario, el bienestar termina dependiendo del endeudamiento o de coyunturas transitorias.
Ese mismo dilema aparece con mayor fuerza en la salud. La reforma estructural no prosperó en el Congreso, pero el Gobierno avanzó mediante intervenciones administrativas sobre varias EPS. Al mismo tiempo crecieron las quejas por acceso a medicamentos y servicios, mientras la Contraloría advirtió que dichas intervenciones no habían logrado revertir la situación financiera del sistema.
La exministra Carolina Corcho resumió anticipadamente el riesgo con una expresión que terminó adquiriendo un valor simbólico: el "chuchuchú". Más allá de la anécdota, el episodio refleja una pregunta de fondo: ¿puede transformarse un sistema sin comprometer la continuidad de la atención? Como ha señalado el médico Rubén Luna, la prestación de los servicios debería permanecer separada de las auditorías e investigaciones financieras para evitar que los pacientes asuman el costo de los conflictos administrativos.
La seguridad representa quizá la tensión más delicada del cuatrienio. Es justo reconocer mejoras en las condiciones de bienestar de la tropa, como el salario para los soldados regulares y mejores condiciones de alimentación. Sin embargo, una Fuerza Militar no se evalúa únicamente por esos beneficios. También debe analizarse la preservación de su capacidad operacional, la estabilidad de la cadena de mando, la protección de la inteligencia estratégica y su capacidad disuasiva frente a las organizaciones armadas.
El retiro masivo de generales, las denuncias públicas sobre presuntas filtraciones de información de inteligencia, el deterioro del orden público en regiones como el Catatumbo y las denuncias sobre presiones armadas en procesos electorales —el denominado "voto fusil"— conforman un panorama que exige investigación y explicaciones institucionales. La Paz Total será recordada no solo por sus mesas de diálogo, sino por el debate sobre si fortaleció o debilitó la capacidad del Estado para ejercer autoridad.
A ello se suma un problema de naturaleza institucional. La alta rotación ministerial, los cambios en perfiles para determinados nombramientos, las tensiones con organismos autónomos, el uso del sistema diplomático para ubicar figuras cercanas al Gobierno y los escándalos de corrupción —desde la UNGRD hasta los cuestionamientos en Ecopetrol y la Cancillería— terminaron erosionando la promesa de superioridad ética con la que inició esta administración. Algunos de estos casos continúan bajo investigación y serán las autoridades quienes establezcan las responsabilidades correspondientes. Pero, desde una perspectiva política, el costo sobre la confianza pública ya es inocultable.
Finalmente, ningún balance estaría completo sin considerar la relación del Gobierno con las instituciones democráticas. El respeto por los contrapesos constitucionales constituye la principal garantía de cualquier democracia liberal. Por eso, decisiones que suscitaron fuertes controversias jurídicas, como la convocatoria de una consulta popular por decreto tras su rechazo en el Congreso, alimentaron el debate sobre los límites del poder presidencial y la progresiva desinstitucionalización del Estado. Más recientemente, el desconocimiento inicial de los resultados electorales por parte del presidente dejó una inquietud adicional sobre la relación del Gobierno con las reglas de la democracia representativa.
La historia probablemente no juzgará este gobierno únicamente por haber reducido algunos indicadores sociales ni exclusivamente por los escándalos que lo acompañaron. La pregunta decisiva será otra: si los avances alcanzados lograron fortalecer las capacidades permanentes del Estado o si terminaron descansando sobre instituciones más frágiles. Porque las políticas sociales pueden mejorar la vida de millones de personas, pero solo las instituciones sólidas garantizan que esos avances sobrevivan a quienes circunstancialmente ejercen el poder. Ese será, en definitiva, el verdadero balance del gobierno de Gustavo Petro.
También le puede interesar:
Anuncios.
